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El único $igno que logra unir a los políticos argentinos

Por: María Marty - @mariamarty16 - Jun 15, 2017, 5:25 pm
(Youtube)
La casta política parece creer que tiene privilegios adquiridos por el simple hecho de apoyar su peso corporal en una banca del Congreso. (Youtube)

Parecen perros y gatos y no dudan en descalificarse entre ellos públicamente cada vez que tienen la oportunidad. Pero hay un solo momento en que los enemigos políticos logran unirse y convertirse en los mejores aliados: cuando desean solicitar su propio aumento de sueldo.

Esta vez la solicitud logró unir a los jefes de varios bloques opositores: a Nicolás Massot del PRO, a Mario Negri de la UCRm a Fernando Sánchez de la Coalición Cívica, a Héctor Recalde del Frente para la Victoria, a Leonardo Grosso del Peronismo para la Victoria y a Franco Caviglia de Juntos por Argentina. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, puso el broche final la semana pasada al autorizar el aumento.

En un país que viene de una crisis de más de una década (siendo generosos con los tiempos), que tiene una inflación de un 1,8 % mensual, que luce por la falta de inversiones nacionales y extranjeras, que muestra un 31 % de pobreza, con una presión impositiva asfixiante para quienes producen, con un sueldo promedio a mediados del año 2016 de $9.716 pesos mensuales (datos del INDEC) (USD $608), con una tasa de desempleo de más del 7 % (datos del INDEC), parece ser que un sueldo en mano de $88.000 pesos (USD $5.510) es poca cosa para los diputados nacionales.

Por lo tanto, a partir de ahora, pasarán de ganar $127.000 pesos (bruto) (USD $7.952) a ganar $137.600 pesos (bruto) (USD $8.616), lo cual significa un aumento de bolsillo de $7.000 pesos (USD $439) ($95.000 pesos en mano USD $5.950). Eso no es todo. A esto se sumarán los gastos por desarraigo a los legisladores que residen a más de 100 kilómetros de la Capital Federal, sumando otros $18.200 pesos netos, (USD $1.140) más lo que obtengan por canjear los pasajes aéreos y terrestres que no utilicen, lo que puede llevarlos a sumar otros $40.000 pesos (USD $2.505).

Tengamos en cuenta lo siguiente: los legisladores no generan riqueza. No producen nada. Pero por lo menos deberían cumplir una función básica: velar por los intereses de los ciudadanos que representan frente al gobierno, comprometiéndose con un principio fundamental de la democracia y de una sociedad justa: la igualdad frente a la ley.

 

Los legisladores son empleados de los ciudadanos, no sus jefes. Son empleados a quienes los ciudadanos les pagan el sueldo, del mismo modo que pagarían el servicio de un abogado o de un guardaespaldas para que los cuidara de los posibles atropellos a sus derechos individuales por parte de terceros.

Pero ¿cómo reaccionaríamos si el abogado o guardaespaldas que contratamos para protegernos usara el poder que le dimos en nuestra contra y para violar los derechos que supuestamente debía proteger? ¿Cómo reaccionaríamos si, además de no cumplir lo más básico de la función para la que fue contratado, nos obligara a pagarle determinado sueldo y todos los aumentos que se le antojara?

En la Argentina, la casta política parece creer que tiene privilegios adquiridos por el simple hecho de apoyar su peso corporal en una banca del Congreso. Parece creer que la riqueza cae de los árboles y que solo necesitan sacudir el árbol de manera más brusca para que caiga más riqueza en sus propias canastas. Parecen creer que no importa cuán mal lleven a cabo su función, o cuán grande les quede el puesto, o cuán deshonestos hayan demostrado ser, ellos deben seguir recibiendo su sueldo y los beneficios que consideren apropiados.

Creen estar fuera de la realidad y de las crisis del país. Pretenden quedar exentos de los riesgos y castigos que imponen las leyes del mercado y solo recibir los beneficios de este. Desean ser y hacernos creer que son unos tocados por la varita que pueden decidir qué es lo mejor para nuestras vidas y disponer de nuestra libertad y nuestra propiedad a su criterio.

No dudan en señalar con el dedo y acusar a los empresarios por aumentar los precios de los productos y servicios en medio de una crisis, demostrando o una ignorancia supina o una falsa ingenuidad en temas económicos. No dudan en señalarse entre ellos, acusándose de deshonestos, corruptos o inútiles cada vez que surge la oportunidad. Pero tampoco dudan un instante en pasar por la caja a cobrar los nuevos beneficios por los que lucharon todos unidos. En este caso, la grieta que suele dividirlos parece mágicamente desaparecer.

Lo único que no desaparece tan fácilmente son las nefastas consecuencias de la falta de lógica, de principios y de integridad que la mayoría de ellos parece “lucir”.

María Marty María Marty

Maria Marty es argentina, licenciada en Comunicación Social, guionista y libertaria. Es la directora ejecutiva de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual (FRI). Síguela en @mariamarty16.