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Desapariciones forzadas en Colombia, un drama que no cesa

Por: María Paula Suárez Navas - @mariasuna - May 23, 2015, 12:00 pm
Se calculan en más de 59 mil las desapariciones en la Historia de Colombia (Arcoiris)
Se calculan en más de 57 mil las desapariciones en la Historia de Colombia (Arcoiris)

English“No puedo hablar duro, pero dígale a mi mamita que estoy acá en Ocaña (Norte de Santander, a 18 horas por tierra de la capital colombiana) y que estoy llegado de domingo a lunes. Dígale que no me vaya a castigar porque me vine sin permiso”.

Esta fue la última razón que María Ubilerma Sanabria tuvo de su hijo Jaime Estiven Valencia, de 16 años, antes de desaparecer el 6 de febrero de 2008 en Soacha, municipio aledaño a Bogotá.

La razón la recibió su hermana Cindy el día 8 hacia las dos de la tarde. Pasó el lunes, y Estiven no aparecía; siguió el martes, el miércoles, las semanas y los meses, hasta que un día de noviembre María escuchó en un noticiero que varios jóvenes de Soacha habían aparecido en una fosa común del mencionado municipio nortesantanderiano.

De inmediato la noticia cautivó la atención de María y en principio le pareció extraña, pues hasta donde sabía, solo su hijo estaba desaparecido. Fue entonces cuando se enteró que su caso no era el único y que las madres de otros 13 jóvenes de Soacha habían traído los restos de sus hijos hacía unos cuantos meses.

Dos días después de conocer esto, María y Cindy comprobaron por unas fotos enviadas a Medicina Legal que Javier Estiven estaba muerto. Pruebas posteriores de ADN solo corroboraron la terrible verdad que María se negaba a creer, porque en el fondo de su corazón guardaba la esperanza de que su hijo no fuera aquel que había visto muerto en las fotografías.

Cuando fue a recoger los restos, un mes después de haber establecido plenamente su identidad, de dijeron que su hijo había muerto el 8 de febrero a las 3:30 p.m (hora y media después de haber llamado a casa), y que había sido dado de baja en una emboscada del Ejército, porque supuestamente, era guerrillero.

Todavía no se sabe a ciencia cierta por qué desaparecieron 14 jóvenes de Soacha ese mismo 6 de febrero, ni la razón por la que los encontraron en una fosa común en Ocaña tras ser catalogados como NN al margen de la ley que habían sido dados de baja por el Ejército. Mientras María y las otras madres de Soacha solo esperan que algún día se haga justicia, los hechos todavía son materia de investigación.

Como Javier Estiven, hay miles de casos catalogados como desaparición en el país

La cifra varía según diferentes registros de múltiples entidades. Una de 95 mil, la más grande de las que se tiene registro, fue dada por la oficina del Comité Internacional del la Cruz Roja (CICR) para agosto del 2014.

Por su parte, el Sistema de Información Red Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), que hace parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, dice que hay 57.265 personas registradas como desaparecidas desde el año 2000 hasta la fecha, de las cuales 43.211 son hombres y 14.054 son mujeres.

Filtradas estas cifras, resulta que la Unidad de Víctimas tiene registradas como desapariciones forzadas por parte de Estado, sea por acción u omisión, cerca de 4.500 personas. Mientras, a las FARC se le atribuyeron recientemente 2.760 desaparecidos, por quienes la Procuraduría General de la Nación instó al grupo guerrillero a responder.

Del dolor de María Sanabria surgió una ONG que busca a los desaparecidos (María P. Suárez N.)
Del dolor de María Sanabria surgió una ONG que busca a los desaparecidos (María P. Suárez N.)

“El problema está en que no todo registro que aparece como delito de desaparición forzada necesariamente lo es. Muchas personas registran así el hecho pero después con las investigaciones se sabe que fue un secuestro, o que fue trata de blancas o un ‘paseo millonario‘. El problema es que no se permite descatalogar esa cifra hasta tanto no se tenga una sentencia judicial en firme que determine que se trataba de otro tipo de delito”, explica Julián Fernández, director de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría, quien hace parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Según Fernández, la Fiscalía tiene cerca de 12 mil casos catalogados como desaparición forzada cometidos por varios actores. Entre ellos, resalta que los que son por parte del Estado ya no son comunes, aunque sí lo fueron los 70 y los 80, y afirma que ahora hay un alto porcentaje que se le atribuye a las bandas criminales por ajuste de cuentas, al narcotráfico, y a otros delitos, como la trata de personas.

Sin embargo, contrario a lo que dice el funcionario de la Defensoría, para los familiares de las víctimas tiende a ser más que menos el número de desaparecidos.

“Hoy los familiares de las víctimas van a preguntar por sus procesos y se encuentran con que los casos todavía aparecen catalogados como secuestros, asesinatos u otra clase de delitos”, dice Aura María Díaz, Coordinadora General de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), y madre de César Ariel Sepúlveda, desaparecido a los 22 años en el 2000.

“Otro fenómeno que ocurre es que cuando se encuentran los restos se cambia la tipificación del delito a la de asesinato, y resulta que por lo general hay más de un delito. También está el de confinamiento y tortura”, asevera Díaz.

Lo que se está llevando a cabo para dar con el paradero de las personas

El proceso de investigación, en todas sus etapas, puede tardar entre 7 y 8 años. Generalmente, son casos en los que no hay suficiente información para iniciar los procesos, y si se cuenta con suerte, los cuerpos son encontrados. Según Julián Fernández, de cada 10 personas desaparecidas forzosamente, solo de tres se encuentran los restos.

Teniendo en cuenta estas dificultades, el presidente Juan Manuel Santos sancionó recientemente un decreto que incluye la creación de un Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos.

“Eso va a facilitar la identificación, aunque el problema es que no se tienen bases para cotejar. Lo normal es que haya bancos genéticos desde el nacimiento de las personas, pero nosotros con lo único que contamos es con familiares que estén vivos ahora”, dice Fernández.

En todo caso, se espera que con este banco se facilite la depuración de las bases, pues de firmarse un acuerdo de Paz con las FARC, tener claridad en este tema es de vital importancia.

Por esta misma razón, las víctimas están solicitando en La Habana que se establezca una subcomisión de víctimas de desaparecidos para que se puedan unificar las cifras y la problemática de la clasificación de los delitos mencionada anteriormente.

Así mismo le están exigiendo al Gobierno que abra expedientes secretos y están pidiendo a los cuatro vientos que no se apruebe el Fuero Penal Militar, un proyecto de ley sometido a aprobación en que los delitos cometidos por miembros e la Fuerza Pública que están siendo investigados por la justicia ordinaria pasarían a ser investigados por la justicia militar, lo cual según dicen, sólo generaría impunidad.

Sin embargo, las autoridades tienen en la mira zonas como el Pacífico Caucano, donde últimamente se han registrado muchos casos. “Buenaventura está en una situación muy grave, al igual que la zona de frontera como Cúcuta. El problema del conflicto de Venezuela y el contrabando en la frontera generan muchos ajustes de cuentas entre las bandas criminales. Estamos viendo por ejemplo que asesinan a las personas y las mandan por el agua”, dice Fernández.

María Paula Suárez Navas María Paula Suárez Navas

Comunicadora social y periodista colombiana egresada de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado en El Tiempo y se ha desempeñado como periodista multimedia en el Noticiero CM& y Pulzo.com. Interesada en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Síguela en Twitter: @mariasuna.