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EnglishEn Colombia, el homicidio eutanásico fue despenalizado en el año 1997, y desde entonces, dependía de la piedad del médico la decisión de acabar con la vida del paciente que la solicitaba. No se sabe cuántos procedimientos se han aplicado desde entonces que se hicieron sin ninguna reglamentación, por lo que se ha dicho que tendrán que ser investigados por la Fiscalía General de la Nación.
Tras cuatro debates “hundidos” en el Congreso de la República a lo largo de estos años, hoy la polémica revive por cuenta de la Corte Constitucional, que tras haber analizado la tutela de una mujer que pedía morir de “manera digna” tras sufrir un cáncer en estado avanzado, ordenó al Ministerio de Salud reglamentar por primera vez el procedimiento para llevar a cabo la eutanasia en Colombia, y le dio un plazo de 30 días para presentar la nueva hoja de ruta.
Como era de esperarse, la orden, que fue inmediatamente acatada por el Ministerio, ha generado varias reacciones en el país: unos médicos e instituciones la defienden, otros están en contra y también critican algunos de los puntos del protocolo. Por supuesto, la Iglesia también ha manifestado su posición frente al tema.
Lo que quedó estipulado mediante sentencia de la Corte Constitucional es que “condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel e inhumano, sino una anulación de su dignidad”, y por lo tanto debe garantizarse su derecho a querer morir.
Juan Mendoza: A quien está sufriendo de manera intolerable y no es posible aliviarlo, no se lo puede obligar a seguir viviendo, eso es tortura
El médico neurocirujano Juan Mendoza Vega, quien actualmente es presidente de la Academia Nacional de Medicina, es una de las personalidades que están a favor del la eutanasia porque, según dice, “a quien está sufriendo de manera intolerable y no es posible aliviarlo, no se lo puede obligar a seguir viviendo”, pues como dijo en el diario El Tiempo, “eso es tortura”. Mendoza también es el presidente de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, que tiene presencia en Colombia desde hace 35 años.
Por lo contrario, para el médico cirujano Jorge Merchán Price, quien lidera el movimiento Médicos Azules en pro de la vida, estas afirmaciones son una desfachatez.
“Los médicos existimos para defender el valor de la vida y restablecer la salud de nuestros pacientes; no tratamos personas porque ellas tengan el derecho a la vida o no; las tratamos porque están vivas”, dice Merchán, quien también es autor del libro Ética Médica: Abusos y atropellos.
Más allá de la polémica que suscita el tema, la nueva reglamentación tiene aspectos puntuales que también son criticados, como el hecho de que con el fin de garantizar la llamada “muerte digna”, no se permita a los médicos la objeción de conciencia.
“La Corte Constitucional desconoce por completo la vocación del médico y, en un reduccionismo sin precedentes, lo asume como un simple ‘mandadero técnico’ al servicio de la ley y no de la vida”, argumenta Merchán.
Antes de la sentencia del Constitucional, un médico o una institución podían negarse a ofrecer la muerte digna a las personas. Una vez solicitada por el paciente y corroborada por la comisión, la terminación de la vida debe darse en un plazo no mayor de 15 días.
Ya nadie puede negarse
El documento crea comités interdisciplinarios que se encargarán de analizar cada caso; y define su conformación y sus funciones. Estos estarán conformados por un médico con la especialidad de la patología que padece la persona, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico, que serán designados por los hospitales.
Los costos no deberán ser impedimento. Las entidades promotoras de salud (EPS) deberán “garantizar el derecho a una muerte digna de toda persona que lo solicite y ayudar a que se cumpla con este servicio sin barreras”. Por esto, además de a los médicos, tampoco se admitirá la objeción de conciencia institucional (hospitales que se niegan a asistir a los enfermos en este aspecto).
La resolución insiste en que de manera previa a la realización del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, se verifique que la persona recibió cuidados paliativos. De hecho, si ésta desiste de terminar con su vida, deben garantizársele todas las atenciones para ello.
Nubia Posada: Si el paciente pide la eutanasia hay que ver a quién denunciar y si ha habido negligencia por parte del personal humano en salud
Teniendo esto en cuenta, el documento dice que “…el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente, sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente”.
Ante esto Merchán dice que “el mero hecho de dar la información al paciente no convierte automáticamente al médico en la persona idónea para matarlo”, y argumenta que “quien realmente quiere la eutanasia puede libremente rechazar cualquier tratamiento y simplemente dejarse morir por inanición: es seguro, es eficaz, es indoloro, y en condiciones verdaderamente terminales y con cierta y prudente sedación, el proceso solo durará unos pocos días. No hace falta, abusivamente, poner a terceras personas a matar”, escribió en un artículo para la Universidad Pontificia Bolivariana.
Un problema de calidez humana
Para Nubia Posada, directora de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, el hecho de que un paciente pida la eutanasia tiene más que ver con la falta de apoyo por parte de su familia y de los profesionales en la salud.
“Cuando el paciente pide la eutanasia hay que ver a quién hay que denunciar y establecer si ha habido negligencia por parte del personal humano en salud. También hay que hacerle ver a la familia que hay que querer y sacarle tiempo esa persona (…) Yo soy enfermera, y mi vivencia directa con pacientes terminales es que si se les quiere y se les estimula a que se centren en compartir con los demás, mueren felices a pesar de las molestias”.
Otro de los asuntos que cuestiona es que no debería ser necesario tener que llegar al extremo de pedir la eutanasia por las dolencias, pues según dice, esto es algo que hoy en día puede controlarse casi al cien por ciento.
“Dicen que los pacientes tienen derecho sobre su vida cuando sufren dolores que no son controlables, pero en los casos muy escasos en los que no hay como calmar el dolor se puede sedar al paciente con su consentimiento”.
En ese sentido, Posada piensa que el Estado más bien debería preocuparse por regular la ley de cuidado paliativo, que salió mucho antes de que surgiera el debate de la eutanasia. “Se van por la salida fácil con el argumento de un falso respeto a la autonomía del paciente o del derecho a ser autodestructivos con ellos mismos, lo que deberían hacer es regular esta ley”.
A Posada también le preocupa que en países como Holanda y en Bélgica, que se supone tienen una legislación avanzada, “no hayan logrado controlar en la intimidad de los hogares ni en las soledades de los turnos” lo que está pasando con este procedimiento, según afirma.
“Se ha visto que los médicos que practican la eutanasia manifiestan que en más del 50 por ciento de los casos, no se interesan por hacer los protocoles que les exige el estado para desarrollar esta practica y llama la atención que en Colombia quieran imitar un modelo que supone unos efectos negativos que se sabe no se logran controlar”.
