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Dictadura post-Chávez muestra su cara en la Asamblea Nacional

Por: María Teresa Romero - @mt_romero - Mar 26, 2014, 8:56 am

EnglishEs evidente que la presencia de la diputada venezolana María Corina Machado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha hecho salir de sus cabales al Presidente Nicolás Maduro, y al militar activo, Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Machado había sido invitada por el gobierno panameño para que expusiera la realidad venezolana; sin embargo, el gobierno venezolano ejerció todas sus influencias para mover a sus aliados caribeños y sudamericanos, y así negarle el derecho de palabra.

Ambos hombres fuertes del postchavismo bolivariano saben muy bien que aunque sin haber logrado hablar en el organismo, la diputada opositora logró un impacto político y mediático sin precedentes. Machado estuvo acompañada por el líder estudiantil Carlos Vargas y por Rosa Orozco, madre de una de las estudiantes asesinadas por la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas. Ambos fueron expulsados de la sede de la OEA a instancias de la delegación venezolana.

Si antes de este suceso, la atención internacional estaba puesta en los eventos que se desarrollan en Venezuela desde inicios de febrero, ahora lo está aún más, gracias a este nuevo desatino diplomático del gobierno de Maduro, que ha ayudado a profundizar en forma vergonzosa su representante en la OEA, Roy Chaderton. No es casualidad que durante la rueda de prensa otorgada por la diputada ese día, la página web de la OEA se saturó por la cantidad de personas conectadas. Algo nunca antes visto.

No es la primera vez que el recién reincorporado a la Fuerza Armada y ascendido a capitán del ejército, Diosdado Cabello —que según el artículo 330 de la Constitución debería estar en servicio militar activo, y no en el cargo de diputado-presidente de la AN—, agrede y busca el desafuero de la diputada Machado. En abril del año pasado, él y la directiva parlamentaria no sólo se quedaron de brazos cruzados, sino que ni siquiera la dejaron hablar para defenderse ante las salvajes agresiones físicas que Machado recibía frente a sus ojos, de manos de la diputada Nancy Ascencio, miembro del PSUV. Como si esto no hubiese sido suficiente, Ascencio agredió nuevamente a Machado en un aeropuerto doméstico.

El pasado 18 de marzo, el Presidente de la Asamblea Nacional sometió a votación la propuesta de la diputada Tania Díaz, también del PSUV, de solicitar ante la Fiscalía General una investigación con el propósito de allanar la inmunidad parlamentaria de Machado por sus supuestas actividades “terroristas”, acusándola además —como siempre sin pruebas— del “asesinato” de los fallecidos durante el mes y medio de protestas opositoras.

Como si fuera poco, este 24 de marzo, desde la sede administrativa de la asamblea, Diosdado Cabello destituyó a María Corina Machado, la parlamentaria electa con mayor número de votos en el actual Parlamento (235.259 votos). Su crimen: haber aceptado ser representante alterna de Panamá ante la OEA para poder tener la palabra en el organismo internacional. Para esa decisión, el militar se amparó en el artículo 191 de la constitución venezolana, que prohíbe a los diputados detentar otro cargo simultáneo a la legislatura y aceptar reconocimientos de gobiernos extranjeros.

No obstante, como bien señaló la misma diputada desde Lima, Perú, donde asistió a un evento de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, “la directiva de la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir a un diputado”.

Ciertamente, según la Constitución Nacional vigente, un parlamentario sólo puede ser destituido por muerte, renuncia, por un revocatorio de su mandato, o por una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia. Es más, un diputado que sólo ejerce de coordinador de debates, de representante del cuerpo colegiado de manera provisional, no está para nada facultado para acusar en forma subjetiva a otro de “Traición a la Patria”.

Aún más, el artículo constitucional citado por Cabello no se aplica al caso de Machado, porque ella solo fue acreditada por Panamá ante la OEA para que pudiera exponer a los representantes de los países miembros los masivos casos de violaciones de los derechos humanos por el régimen madurista. Esta es una práctica que tiene antecedentes en la organización. Sólo dos ejemplos: en el 2009, Venezuela cedió su silla en la OEA a Patricia Rodas, canciller del ex presidente de Honduras Manuel Zelaya; y en 1979, Panamá dejó su asiento en el organismo a la oposición sandinista para que denunciara al entonces dictador Somoza.

Esta expulsión a la diputada Machado no es más que una nueva usurpación a la voluntad popular, otra persecución política a la oposición venezolana, otra fragrante violación a la Constitución de 1999 por parte del gobierno de Nicolás Maduro y los representantes de los poderes públicos supeditados al ejecutivo nacional.

Este abuso de poder y de atribuciones, esta acción inconstitucional y claramente dictatorial, no hace sino resaltar la lucha democrática de la oposición venezolana, pero a la vez profundiza el peligroso camino de la polarización, la ingobernabilidad, la anarquía, y el de un conflicto civil importante.

Es por ello que cada día se suman más venezolanos que solicitan la renuncia de Maduro y que abogan, como una vía posible de solución, la formación de un gobierno de transición que, como bien ha dicho Monseñor Ovidio Pérez Morales, Arzobispo-Obispo Emérito de Los Teques, “abra paso a una gobernabilidad sólida y estable, a través de los mecanismos que posibilita la Carta Fundamental”.

María Teresa Romero María Teresa Romero

Periodista con Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas, especializada en política internacional. Es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, escritora en varios periódicos venezolanos e internacionales, y autora de varios libros. Síguela en Twitter: @MT_romero.