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Presión internacional: ¿La solución a la crisis de Venezuela?

Por: María Teresa Romero - @mt_romero - Abr 7, 2014, 1:50 pm

EnglishDesde el inicio de las protestas pacíficas de los estudiantes y de la brutal represión por parte de agentes policiales, militares y paramilitares gubernamentales, la comunidad internacional se ha venido pronunciado cada vez más a favor de las fuerzas democráticas venezolanas y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La crítica situación venezolana, que llegó a esta lamentable descomposición y violencia, no ha podido ser ignorada por la prensa, los parlamentos, los ONG, las instancias multilaterales y hasta por los más reticentes gobiernos.

Nunca como ahora, Venezuela había tenido tanta atención internacional, exceptuando la obtenida durante los sucesos de 2002 que hicieron salir y regresar del poder al fallecido Hugo Chávez. En ese año la atención y presión internacional fue esencial ya que logró interceder a favor de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero la situación política, económica, social y moral del país es hoy peor que 12 años atrás; nuestro país está más polarizado y al borde del caos generalizado, de una especie de guerra civil de baja intensidad.

Campamento de estudiantes que protestan pacíficamente frente a la ONU, Caracas. Fuente: Staff de PanAm Post.
Campamento de estudiantes que protestan pacíficamente frente a las oficinas de la ONU, Caracas. Fuente: Staff de PanAm Post.

La presión internacional se ha hecho sentir especialmente a través de los medios de comunicación, y por parte de personalidades de conocimiento mundial y actores no gubernamentales.

Entre las personalidades destacan Ban Ki-moon, Secretario de la ONU, el nobel Mario Vargas Llosa, los ex presidentes Oscar Arias de Costa Rica, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile y Alejandro Toledo de Perú y otros 96 ex presidentes y ex primeros ministros de 63 países de todo el mundo reunidos en el conocido Club de Madrid.

Entre las reconocidas organizaciones de defensa de los derechos humanos, son relevantes los pronunciamientos de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH, la Rights Foundation, la Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Pero también se han pronunciado numerosos partidos, parlamentos y organizaciones internacionales. Entre los que han condenado más enfáticamente la represión del gobierno venezolano están la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Europeo y la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA) que reúne a legisladores de 13 países latinoamericanos. Esta última, incluso, anunció que denunciaría al presidente Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya por la represión en las protestas.

Estudiantes exhiben algunos cartuchos y material antimotín disparados por las fuerzas del Estado, Caracas. Fuente: Staff de PanAm     Post.
Estudiantes exhiben algunos cartuchos y material antimotín disparados por las fuerzas del Estado, Caracas. Fuente: Staff de PanAm Post.

Individualmente, son significativos los rechazos al gobierno y el apoyo a las fuerzas democráticas de los parlamentos —o grupos parlamentarios— de Canadá, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, Alemania y España, entre otros.

Es cierto que entre los gobiernos se observan más respaldos a la dictadura que a la oposición venezolana, especialmente en el hemisferio americano donde sólo Estados Unidos, Canadá y Panamá han rechazado rotundamente la actuación represiva y la violencia del régimen madurista. Colombia, Perú, Costa Rica y Chile —cuando aún era presidente Sebastián Piñera— apenas han mostrado tímidas voces críticas.

Ello explica que los comunicados de entes subregionales como MERCOSUR, ALBA, CARICOM, y UNASUR hayan estado alineados a la posición gubernamental y que la propuesta de Panamá de convocar urgentemente una reunión de consulta de la OEA, y la posibilidad del envío de una misión para evaluar la situación del país, fueran bloqueadas.

También nos hace entender que la mayoría de los estados latinoamericanos —con evidentes intereses económicos y/o políticos con el gobierno chavista— le negaran el derecho a la diputada María Corina Machado de ser públicamente escuchada en la OEA donde Panamá le había prestado su asiento. Tal como lo había solicitado el canciller Elias Jaua, sus colegas de UNASUR acordaron una misión a Venezuela con el sólo propósito de “acompañar, apoyar y asesorar” el diálogo restringido y sin condiciones instaurado por el gobierno en el marco de su Conferencia Nacional de Paz.

No obstante, esa misma misión de UNASUR que vino al país a finales de marzo sorprendió con la decisión de ampliar su mandato inicial, a instancia de Colombia y Paraguay. De modo que la misión se reunió no sólo con la “conferencia de Paz” gubernamental, sino también con líderes opositores, estudiantiles, religiosos y de la sociedad civil. Aún más, la comisión le hizo una serie de recomendaciones al gobierno, como la de aceptar una especie de mediación internacional imparcial —aunque utilizaron la palabra “testigo de buena fe”— que facilite el diálogo entre todas las partes. Según los cancilleres, Maduro manifestó su voluntad y disposición a acoger las recomendaciones solicitadas, como la de aceptar por “testigo” a un enviado del Vaticano.

Esto, sin duda, es un tímido avance. Demuestra que, hasta los más precavidos y muy diplomáticos de UNASUR, en que nuestro país ejerce la presidencia pro tempore, no pueden dejar pasar las muy graves represiones y violaciones a los derechos humanos del chavismo-madurismo, que han dejado 40 muertos y numerosos heridos, torturados y apresados ilegalmente, incluyendo al dirigente partidista Leopoldo López y dos alcaldes elegidos democráticamente.

Ni que quieran, pueden dejar de ver el golpe a la Constitución y la politización del los poderes públicos con la expulsión de la diputada María Corina Machado de la Asamblea Nacional. Tampoco la gravedad de la situación venezolana que junto a la alta inflación, la devaluación monetaria, el desempleo y el desabastecimiento, entre otras variables, pueden llevar al país a una verdadera guerra y con ello quedar perjudicada la estabilidad regional y los propios intereses de los aliados del régimen de Nicolás Maduro.

Es por eso que la misión de UNASUR comandada por la reticente Brasil que, de no contribuir a la búsqueda inmediata de una salida a la crisis venezolana perdería su ya mermado prestigio y liderazgo continental, está solapadamente allanando el camino para la mediación internacional y el diálogo real entre gobierno y oposición. Estados Unidos, la Unión Europea y el Vaticano, entre otros, apoyan este camino inicial, el único para parar el caos o un golpe de Estado militar abierto. En última instancia, al régimen le será muy difícil no terminar negociando con condiciones.

María Teresa Romero María Teresa Romero

Periodista con Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas, especializada en política internacional. Es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, escritora en varios periódicos venezolanos e internacionales, y autora de varios libros. Síguela en Twitter: @MT_romero.