EnglishEntre el martes 3 y el jueves 5 de junio, se celebra el 44º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad paraguaya de Asunción. Y será una de las más grandes Asambleas de los últimos años porque reúne a al menos 28 cancilleres de sus 33 países miembros, además de 39 representantes de países y entes observadores, tales como Corea del Sur, China y la Unión Europea.
Como sucede en todas las reuniones del ente hemisférico, tiene un tema eje, que en esta oportunidad es el de “desarrollo con inclusión social”, el cual dará pie, tras su discusión colectiva, a la “Declaración de Asunción”, que suscribirán los asistentes. Seguramente en esa declaración se hará énfasis en la condena a la desigualdad y en la necesidad de un desarrollo equilibrado en la región, que aún no logra pese al crecimiento económico del que ha gozado en los últimos años. Como bien lo dijo el Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, “la práctica ampliada de la democracia y el crecimiento económico han sido insuficientes para eliminar el alto grado de injusticia en la distribución de la riqueza en los países de las Américas”.
No obstante, la reunión también servirá, como de costumbre, para que se aborden varios temas de interés regional como la defensa de la democracia, la protección y promoción de los derechos humanos, la prevención del crimen organizado y la lucha contra la pobreza, así como casos o conflictos concretos fronteras adentro de cada país miembro o entre ellos. De modo que no es sorpresa que la situación venezolana y el congelamiento del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática pase a ser analizada y debatida.
Sería lo correcto, especialmente luego del fracaso de la misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en cuanto al fomento de ese diálogo, lo que resalta la necesidad de que el caso venezolano retorne a la OEA, que es el marco institucional natural de discusión de estos temas. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro se negó rotundamente a una posible visita de la OEA a Venezuela —organización hemisférica fuertemente institucionalizada y que respalda a la Carta Democrática Interamericana— para mediar en ese urgente y necesario entendimiento, e invitó a la UNASUR a participar en el diálogo, aunque de manera limitada, sólo para acompañar. Pero en definitiva, la misión de UNASUR no ha logrado su cometido y el diálogo está congelado.
Es más, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de la oposición en general vienen denunciando que, en los últimos días, el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad están llevando a cabo una arremetida antidemocrática y represiva contra la oposición –incluyendo la acusación, sin pruebas, de varios líderes opositores de estar involucrados en un supuesto plan de magnicidio– que esconde el objetivo de torpedear o abortar el diálogo gobierno/oposición, que apenas comenzaba, con la participación del Vaticano y los Cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador como testigos de buena fe.
Ante este congelamiento del diálogo y la pocas probabilidades que tiene la misión de UNASUR de revivirlo, especialmente por la negativa del gobierno venezolano a ceder, es posible que algún miembro de la OEA vuelva a insistir, como en su momento lo hizo el gobierno de Panamá, en debatir y buscar soluciones al caso venezolano.
El propio Insulza ha reconocido, al inicio de esta Asamblea General de la OEA, la falta de progreso en el diálogo entre ambas partes, el cual “supone escuchar y dejar de lado prejuicios”. El exministro chileno se confesó “preocupado” por la situación en Venezuela en un foro con organizaciones no gubernamentales durante la víspera de la Asamblea en Asunción y expresó que la salida al conflicto en Venezuela requiere concesiones “por ambos lados”, tras constatar la “enorme división y polarización” que vive el país.
Por su parte, el candidato opositor colombiano, Óscar Iván Zuluaga, confirmó a CNN en Español que si llega a presidente invocaría la carta democrática de la OEA contra Venezuela.
Y si esto sucede, ni el actual gobierno de Venezuela ni otros países latinoamericanos miembros de la organización podrán negarse tan fácilmente a que se realice una reunión extraordinaria en su seno para evaluar el cada día más grave caso venezolano.