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EnglishUna vez más, los gobiernos de Barack Obama y Nicolás Maduro se acercan en aras de recomponer sus relaciones diplomáticas prácticamente congeladas desde 2010. Ahora el intento no es, como infructuosamente se trató en junio de 2013, a través del establecimiento de representaciones diplomáticas a nivel de embajadores, sino a nivel de encargados de negocios.
Es importante recordar que en octubre de ese mismo 2013, por supuestamente “reunirse con la extrema derecha venezolana, financiarlos y alentarlos a acciones para sabotear el sistema eléctrico y la economía”, el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Kelly Keiderlang, y de dos diplomáticos estadounidenses. Desde ese entonces las legaciones de ambos países se encontraban sin funcionarios de alto rango.
Pero ahora el nombramiento es un hecho. Se hizo sin anuncios previos y en medio de la mayor discreción posible. La confirmación hecha esta primera semana de julio de 2014 por el canciller venezolano Elías Jaua y por representantes del Departamento de Estado estadounidenses, pone como nuevo agregado de negocios venezolano en Washington a Maximilien Sánchez Arveláiz, y a su contraparte estadounidense, Lee McClenny, en Caracas.
Es curioso que esos nombramientos se hayan hecho de esa forma subrepticia y justamente ahora, en el momento de mayor tensión política verbal entre ambos gobiernos, como consecuencia, por parte de EE.UU., de la fuerte radicalización y represión de Maduro contra la oposición democrática venezolana, y por parte del gobierno venezolano, de la supuesta injerencia de la administración Obama en el conflicto venezolano y en las diversas conspiraciones e intentos de magnicidio en contra del presidente.
Es obvio que las razones de este “nuevo” acercamiento van más allá de los tradicionales intereses comerciales que siempre han existido entre Venezuela y los Estados Unidos, incluso en tiempos de chavismo. En este entendimiento repentino, al menos públicamente, y buscado expresamente por el régimen de Maduro, parece pesar el gran interés de éste por neutralizar las posibles sanciones que el gobierno de Obama pueda tomar en el futuro en contra de funcionarios venezolanos incursos en delitos de corrupción y en violaciones a los derechos humanos, en virtud de la presión bipartidista que continúa en el Congreso de Estados Unidos. Si bien el gobierno estadounidense ha dicho que no tomará sanciones en este momento, no las ha descartado a mediano plazo.
A pesar de que esas posibles sanciones no serían en contra el pueblo venezolano (no apuntan a un embargo económico ni a una acción militar) sino en contra de funcionarios específicos que han cometido delitos dentro y fuera de Venezuela, por ahora EE.UU. quiere minimizar hasta donde sea posible los efectos del discurso antiimperialista de los chavistas y de la izquierda latinoamericana, así como los de las falsas imputaciones de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. De hecho, ya los gobiernos de UNASUR cometieron la aberración jurídica y política de adelantarse a condenar las posibles sanciones estadounidenses, haciéndole así el juego al gobierno dictatorial venezolano. Pero eso no quiere decir que la administración Obama no las podría implementar en el futuro si el gobierno de Nicolás Maduro no cede en su radicalización, aunque sea en términos económicos (como ya lo está empezando a hacer).
La otra razón que podría estar pesando en el acercamiento actual de Venezuela hacia EE.UU. es el interés de Maduro y su equipo en lograr inversiones estadounidenses y de otros grupos extranjeros, ahora que se ve obligado a tomar algunas medidas de ajuste en vista de la severa situación económica que vive el país. De hecho, como reportó recientemente la agencia de noticias The Associated Press, “tras renegar por más de una década de la banca internacional, el gobierno venezolano se reunió con bancos de inversión para intentar cambiar la percepción de riesgo del país y preparar el escenario para próximas medidas económicas”.
Lo que no se entiende es que para esos propósitos Maduro haya nombrado como agregado de negocios en Washington al diplomático franco–venezolano Maximilian Sánchez Arveláiz, antiguo embajador de Venezuela en Brasil y exdirector general de Relaciones Internacionales del Despacho de la Presidencia de la República hasta febrero de 2010.
Como bien ha señalado el periodista venezolano Nelson Bocaranda en varias ocasiones, este diplomático, perteneciente al llamado Grupo de París, en el que por años hizo dupla con el hoy cuestionado y defenestrado exviceministro Temir Porras —muy amigo además de Marco Aurelio García, el asesor trotskista en asuntos exteriores del expresidente Lula Da Silva y de la actual presidenta Dilma Rousseff— solo ha sido un estratega clave del proyecto chavista, un agitador experto en infiltración bolivariana en el exterior, especialmente en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Pero para nada tiene conocimientos ni experiencia en materia económica.
¿Qué más estará buscando el agonizante gobierno de Nicolás Maduro en y con los Estados Unidos?
