EnglishSi algo ha caracterizado a los dos Gobiernos venezolanos inaugurados a partir de 1999, y para ser más precisos a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha sido lo que se ha dado en llamar la “diplomacia de micrófono”, que pocos resultados tangibles conlleva.
Ciertamente, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España han sido todo menos tranquilas, y se han distinguido por los permanentes insultos y ofensas en alta voz por parte de los dos últimos presidentes venezolanos hacia los jefes de Gobierno españoles; al punto de que la famosa frase proferida por el Rey Juan Carlos I hacia Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana en 2007 en Chile “¿por qué no te callas?”, se originó precisamente por la forma grosera y desconsiderada con la cual el difunto presidente venezolano se refirió al exjefe de Gobierno José María Aznar, al punto de que el rey borbón no pudo contenerse —como mandaría su alta investidura— y le exigió callarse la boca.
El más reciente impasse entre Venezuela y España se origina en un hecho verdaderamente inconcebible: que altos funcionarios del Gobierno venezolano se reunieran con representantes de las principales empresas españolas en Venezuela y les pidieran influir en la imagen negativa que supuestamente ofrecen los medios de comunicación españoles del Gobierno de Nicolás Maduro.
En la reunión, celebrada el pasado jueves 12 de febrero, participaron por la parte venezolana, nada más y nada menos que el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el viceministro de Exteriores para Europa, Calixto Ortega, y el presidente de la Corporación de Comercio Exterior, Ramón Gordils; y por la parte española, los representantes de las empresas Telefónica, Zara, Repsol, BBVA, Mapfre, Meliá, Iberia y Air Europa.
Según el diario español ABC, que fue el que informó de la existencia de esa reunión, en el encuentro los altos dirigentes venezolanos no sólo pidieron a las empresas españolas que influyan para que cese lo que consideran una “campaña mediática” contra Venezuela, sino que también mediaran para que se diera el cese de esa campaña porque si no se verían obligados a tomar medidas como la “expropiación inmediata”.
Es decir, y esto es lo más insólito, amenazaron a las empresas extranjeras abiertamente, como si formaran parte de la sociedad venezolana que ellos controlan y quieren pisar permanentemente. Ante este exabrupto, era de esperar que el Gobierno español reaccionara de inmediato. El ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dijo que es “absolutamente intolerable” que el Gobierno de Maduro haga semejante solicitud. “No se puede poner encima de la mesa intereses que nada tienen que ver con los intereses legítimos de las empresas que operan en Venezuela”, señaló.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación , José Manuel García-Margallo, en rueda de prensa donde confirmaba la reunión entre representantes gubernamentales venezolanos y de las empresas españolas, advirtió al régimen de Maduro de que en un “Estado democrático y de Derecho como es España la libertad de opinión y de prensa son dos principios absolutamente irrenunciables” y que el Ejecutivo español “tiene todo el derecho a proteger a sus empresas frente a eventuales decisiones arbitrarias de otro Gobierno”.
La respuesta a España por parte del gobierno venezolano no se hizo esperar.. Y en vez de mantener silencio o pedir disculpas por el evidente atropello, el Gobierno venezolano, a través de la canciller Delcy Rodríguez, lo que hizo fue exigirle a España respeto para Venezuela, “una República libre, soberana y democrática”.
Es cada vez más evidente que el Gobierno de Nicolás Maduro, al borde de un colapso económico, político y social, se encuentra desesperado y especialmente sensible a las críticas y cuestionamientos internos y externos, los cuales quiere acallar de la forma antidemocrática que utiliza para gobernar.
La reciente investigación del diario español El Mundo, que devela, con fotografías y videos que otro etarra prófugo de la justicia española, José Ignacio De Juana Chaos, reside en Venezuela y que dio lugar a que el juez de la Audiencia Nacional de España haya solicitado a Interpol la comprobación del hecho, produjo el más reciente malestar del actual Gobierno chavista que, hasta la fecha, ha ignorado todas las solicitudes de extradición de la Justicia española de los numerosos miembros del grupo terrorista ETA que residen en Venezuela.
Pero este no ha sido el único impasse diplomático que se ha dado entre España y Venezuela durante los 15 años de régimen chavista. La verdad es que lo que más resalta en las relaciones entre ambos países de los últimos años, es la serie de vaivenes ocurridos que tuvieron su inicio cuando el expresidente José María Aznar apoyó el breve Gobierno del empresario Pedro Carmona, luego del golpe de estado de abril de 2002 que separó del poder a Hugo Chávez por menos de 48 horas.
A partir de ese momento, ni Hugo Chávez ni su sucesor se han contenido en acusar a España cuando este país se pronuncia de alguna forma a favor de cualquier iniciativa que provenga de las filas de la oposición, o que suponga la más mínima crítica a la revolución bolivariana.
De hecho, en octubre del año pasado hubo un fuerte encontronazo cuando el actual jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, recibió en visita de cortesía y en su despacho particular —no en el Palacio de La Moncloa—, a Lilian Tintori, esposa del preso político opositor Leopoldo López.
Solamente por ello, Maduro lo tildó de “irresponsable” e “irrespetuoso” y además llamó a consultas al embajador venezolano en Madrid. “He ordenado que se revisen todas las relaciones con España por el acto inamistoso, de injerencismo y de apoyo a los grupos de ultraderecha que ejercen la violencia en Venezuela por parte de Rajoy”, afirmó entonces con agresividad Maduro.
Sin embargo, hasta ahora todos los choques diplomáticos, las declaraciones y amenazas destempladas del Gobierno venezolano, quedan por lo general en nada, solo en gritos para la galería venezolana, a la cual quieren distraer de los graves problemas internos. Porque la verdad es que ni en los peores momentos de estos últimos tres lustros, el régimen “revolucionario” ha dejado de estar entre los tres principales compradores de armas de España, ni ha impedido que las inversiones españolas se desplieguen en sectores tan diversos e importantes como la banca, las telecomunicaciones y el petróleo.