Bien nutrido y complejo se presenta el panorama electoral del continente americano para este 2016, y esto irá marcando los desarrollos políticos y democráticos de la región.
Se trata de ocho elecciones presidenciales, regionales, locales y de referendos que se llevarán a cabo: municipales en Costa Rica, el 7 de febrero; referendo constitucional en Bolivia, el 21 de febrero; presidenciales y legislativas en Perú, el 10 de abril; presidenciales, legislativas y municipales en República Dominicana, el 15 de mayo; gobernaciones y municipales en México, el 5 de junio; locales en Chile, el 30 de octubre; presidenciales, legislativas y municipales en Nicaragua, el 6 de noviembre; presidenciales en los Estados Unidos, el 8 de noviembre.
Además están pendientes por confirmar elecciones parlamentarias en Jamaica y Santa Lucia, y regionales en Venezuela.
Estas elecciones se realizarán en un momento signado, en general —según el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI)— por la continuación de la recesión que viene desde 2015 y por una contracción estimada del 0,3%.
Ello debido a la baja de los precios del petróleo y de las materias primas, principales productos de exportación en Latinoamérica, así como a la profunda recesión que viene sufriendo Brasil, la primera economía regional, junto a la posible que vivirá los Estados Unidos, la primera economía continental, según varios pronósticos especializados.
Pero también esos comicios tendrán lugar en una realidad política regional diferente, tendente a dejar atrás el nefasto ciclo de casi décadas de las mal llamadas “democracias revolucionarias” de la izquierda latinoamericana, y de retomar el rumbo de nuevas democracias liberales que esperemos sean más efectivas que las que existieron en la década de 1990.
[adrotate group=”7″]También, afortunadamente, las elecciones se realizarán en tiempos más propicios a la vigilancia multilateral —especialmente por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), capitaneada por el nuevo secretario General Luis Almagro— en torno a la calidad de la democracia. La comunidad internacional democrática está ahora mucho más dispuesta a garantizar no sólo la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio de los Gobiernos del hemisferio, y en consecuencia, a hacer valer los postulados de la Carta Democrática Interamericana.
Una de las más importantes elecciones del primer trimestre del ciclo electoral, y a la cual dedicaré este análisis, es el referéndum de Bolivia del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, referido a la reelección del Presidente y Vicepresidente, el cual tendrá lugar el 21 de febrero. Se trata de unos comicios fundamentales para el proyecto de poder de Evo Morales y, en general, para la propuesta castro-chavista del supuesto Socialismo del Siglo XXI que está haciendo aguas ya en su país de origen, Venezuela.
Hasta ahora no se avizora un claro ganador en esa contienda boliviana. Las encuestas se contradicen y si bien han empezado a salir algunas que dan el triunfo al “NO” a la reelección, éstas evidencian que es por muy poco margen. En lo que coinciden todos los sondeos es que aún existe un porcentaje relevante de población indecisa.
No obstante, la opción del “Sí”, que le otorga a Morales vía libre para reelegirse en 2019, lleva las de ganar, dada la aún alta popularidad del mandatario, que en gran parte es resultado del manejo combinado de políticas populistas y demagógicas, con medidas macro económicas prudentes en medio de una bonanza de materias primas en los años pasados. De allí que hasta el periódico Financial Times lo haya calificado como “el socialista más exitoso del mundo”.
También juega a favor del “Sí” el control del Ejecutivo sobre el poder electoral, y el uso (y abuso) de los recursos económicos, institucionales y propagandísticos del Estado para la campaña por la reelección. Numerosos líderes opositores ya hablan, inclusive, de un posible fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aun cuando este organismo fue renovado recientemente, dejándole cierta participación a los partidos no oficialistas con representación parlamentaria.
Si Morales, quien lleva casi una década en el poder tras ser reelecto en dos oportunidades, logra imponerse en el referendo del próximo febrero, lo más probable es que logre luego la reelección y con ella el sistema político en ese país continuará deteriorándose, al menos que la esencia del Gobierno cambie. Pero hasta ahora no hay ningún indicio de rectificación gubernamental, en una gestión marcada por el autoritarismo, las violaciones constitucionales, la falta de libertad de prensa, la corrupción y la criminalización de la protesta, entre otros males.
No se puede catalogar a ese régimen de democrático, pese a la legitimidad de origen de la cual goza Morales desde su triunfo electoral de 2005, la cual fue además ratificada en el referéndum revocatorio de 2008 y en el referéndum sobre la Constitución Política del Estado de 2009. Ha sido y seguramente seguirá siendo un gobierno Bonapartista.
Y a la vez, la permanencia de ese régimen le dará oxígeno político al declinante y destructivo Socialismo del Siglo XXI regional.