Desde hace muchos años se ha debido invocar la Carta Democrática Interamericana (CDI) en Venezuela. Desde hace mucho tiempo sus mandatos han sido violados por los gobiernos castrochavistas. Primero, por el de Hugo Rafael Chávez Frías, quien acaba de cumplir tres años de fallecido; luego por el actual, de Nicolás Maduro Moros.

Pero nunca, durante estos 17 años de régimen —evidentemente militarista y antidemocrático—, ha habido voluntad política por parte del secretario General y de una cantidad suficiente de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. De allí que los pocos intentos de invocación que se han dado en los últimos años no hayan cuajado.

Las razones de esta falta de voluntad política ya las conocemos de sobra. Y aunque cada vez existen menos intereses económicos y políticos de los miembros de la OEA con el chavismo, aún persisten. Todavía la gran mayoría de los Gobiernos latinoamericanos no quiere actuar mancomunadamente, sentar un precedente y correr el riesgo de que esa actuación se le devuelva luego de alguna forma.

Además, ¿para qué actuar si la invocación de la CDI no lleva a sanciones obligantes; y la máxima sanción, la posible suspensión de Venezuela del organismo, no garantiza un cambio de conducta?

Allí tienen a la dictadura cubana, suspendida de la OEA por años y desde 2009 sin querer volver a su seno a pesar de que el ente levantó (por consenso y sin condiciones) la sanción que la excluyó en 1962, cada vez es más aceptada por los Gobiernos de todo el continente, empezando por el de los Estados Unidos. Ello a pesar de seguir siendo el mismo régimen dictatorial de siempre, porque para nada el castrismo actual regentado por Raúl Castro actúa de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA.

Sería inmenso el valor de cualquier acción colectiva en pro de la democracia venezolana en estos momentos definitivos de debacle nacional

Aún más: ¿para qué la invocación de la CDI a Venezuela si el propio régimen chavista no quiere pertenecer a la organización? Desde 2013 se retiró del Sistema Interamericano de Justicia y desde entonces ha venido amenazando —más que años anteriores que ya lo hacía— con abandonar la OEA. A decir verdad, nunca quiso suscribir la Carta Democrática del 2001 bajo la excusa de que no contenía el concepto de democracia participativa, sino sólo el de democracia representativa.

Finalmente, ante la presión generalizada, el Gobierno de Hugo Chávez aprobó la versión 18 del proyecto de la CDI porque a su entender se había avanzado en el concepto de democracia participativa, y en vista de que se había circunscrito la posibilidad de sancionar a un país cuando cometiera actos violatorios de la Constitución, a un análisis por parte de la propia organización.

No obstante todo lo anterior, aún tiene sentido —y mucho— activar la Carta en Venezuela como bien lo vienen solicitando con insistencia en los últimos meses varias voces dentro y fuera del país, como es el caso reciente de 28 expresidentes de América Latina y España que plantearon la solicitud luego de que el oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera un fallo en el cual anula las facultades de control del Legislativo sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y frente a los militares.

Sería inmenso el valor de cualquier acción colectiva en pro de la democracia venezolana en estos momentos definitivos de debacle nacional, aunque el Gobierno de Maduro no hiciera caso de ella y aunque esa acción no fuera tomada por unanimidad. La sola solicitud de la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para considerar la cuestión venezolana por parte de cualquier Estado miembro o del secretario General, como lo estipula el artículo 20 de la CDI, empleando la fórmula “alteración del orden constitucional que afecte gravemente”, tendría un gran efecto positivo sobre la crítica situación de los venezolanos y le daría un norte.

Y no sólo eso. Cualquier acción, por mínima que fuera, proveniente de alguna de las instancias de la OEA y amparada en los principios de la Carta fundacional, de la CDI, o de cualquier otra resolución democrática del organismo, resultaría altamente provechosa para la imagen y autoridad del propio sistema interamericano, tan mermadas precisamente por su inacción en pro de la defensa real de la democracia representativa en el continente.

El momento de la OEA ha llegado, y personas como el secretario Luis Almagro o el presidente de Argentina Mauricio Macri tienen el deber democrático de hacer valer sus intenciones en favor de la democracia venezolana y regional.