Después de la brutal represión por parte del régimen de Nicolás Maduro a las corajudas manifestaciones de protestas de la oposición venezolana durante los últimos días, que produjeron numerosos heridos y detenciones, además de evidentes violaciones a los derechos humanos —vistas y constatadas a través de las redes sociales y de los canales de televisión internacionales que han transmitido los eventos— cabe preguntarse, una vez más, si todas estas demostraciones de las arbitrariedades e ilegalidades que comete el régimen forajido del pupilo de Chávez serán suficientes para que el resto del mundo termine de pronunciarse y presione por una salida definitiva a la terrible crisis venezolana que solo en los últimos días cobró la vida de cuatro personas víctimas de la violencia.
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Lamentablemente, no bastó el reciente golpe de Estado judicial que terminó de quitar las competencias a la Asamblea Nacional y eliminó la inmunidad de los diputados de la oposición, ni tampoco la inadmisible inhabilitación política por 15 años del gobernador de Miranda y líder fundamental de la oposición, Henrique Capriles, para que el mundo respondiese con contundencia ante el talante dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, quien siguiendo los pasos de su mentor, Hugo Chávez, y las asesorías de dictadores como los Castro en Cuba y Putin en Rusia, entre otros, pretende mantenerse en el poder minando así una de las bases de la democracia: la alternancia política.
Es cierto que finalmente se empezaron a aplicar la Carta Democrática Interamericana de la OEA y la Cláusula Democrática sobre Venezuela del Mercosur, y que ante la masiva y tenaz manifestaciones cívicas y políticas dentro del país, amparadas en la desobediencia civil que establece la Constitución Nacional, y que están siendo reprimidas cada vez con mayor fuerza y desparpajo dictatorial, varios actores extranjeros han endurecido sus posiciones sobre el régimen madurista.
Un ejemplo lo constituye la cancillería de los Estados Unidos que, al condenar la arbitraria inhabilitación política de Henrique Capriles, señaló que las recientes manifestaciones en las calles venezolanas son como “un eco” del deseo del pueblo venezolano por “elecciones prontas, respeto a la Constitución y a la Asamblea Nacional y libertad para los presos políticos”. A estas declaraciones se suman las del mandatario argentino Mauricio Macri reiterando que Nicolás Maduro es un dictador y advirtiendo que Venezuela será expulsada del Mercosur si no hay cambios en pro de la democracia, y el nuevo llamado hecho por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a que el país sea redemocratizado, mediante unas elecciones generales transparentes.
Pero falta más. No para algún o varios gobiernos intervengan militarmente y nos solucionen el problema —cosa que dudo que pase—, sino para que ayuden a las fuerzas democráticas venezolanas a forzar a que Nicolás Maduro adopte una salida política definitiva. Ello es de suma importancia y necesidad porque, como ha sido evidente en las actitudes agresivas de los veceros chavistas en la OEA y otras instancias, un clima de fuerte cerco y presión internacional sí le preocupa y le atemoriza.
Sin embargo, ¿cuántos venezolanos más deben morir en enfrentamientos con las fuerzas del orden y cuántos más deberán ver sus días injustamente encarcelados antes de que el resto de países del mundo, en especial de América Latina, reaccione con mayor fuerza y claridad, exigiendo de una vez por todas que Maduro respete y acate la Constitución, libere a los presos políticos y llame a elecciones generales o simplemente deje la presidencia?
Esa reacción sí es posible; ha sucedido a través de la historia latinoamericana. La expulsión de la OEA puede darse conjuntamente con rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales por parte de varios países a la vez, es decir, aplicando la llamada “Doctrina Betancourt” que aplicó y promocionó Venezuela en varios momentos de su historia democrática, bajo los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Carlos Andrés Pérez en el siglo pasado.
Ojalá ese definitivo cordón profiláctico o cerco democrático hacia la dictadura chavista se dé lo más pronto posible porque el problema es que cuando los actores internacionales no actúan colectivamente, con contundencia y a tiempo, le dejan paso a imposiciones unilaterales, a sanciones e intervenciones por parte de EE. UU. o algún país de la región, como bien lo afirmó en días recientes el Jefe del Comando Sur estadounidense, el almirante Kurt Tidd. Ello no se trataría, como afirma desde ya el gobierno madurista de “un plan para socavar la soberanía e integridad territorial de Venezuela”, sino de una legítima defensa democrática ante el caos venezolano y sus efectos en el continente, propiciado por los mismos chavistas y sus aliados cubanos.