Nicolás Maduro o la tortura como ejercicio del poder

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(EfectoCacuya)
(EfectoCacuya)

La reciente y cruel muerte del concejal y preso político Carlos Andrés García por negligencia y falta de atención médica en una cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, puso de manifiesto una vez más, si falta hiciera, el talante perverso y criminal de este dictador tropical, quien en apenas cuatro años de ejercicio lleva más de doscientas muertos, cerca de 5.000 detenciones y más de 600 presos políticos por el solo delito de protestar y disentir pacíficamente por su deriva totalitaria, militarista, comunista, y criminal.

Han llegado a tal punto los desmanes y violaciones por parte del régimen que desde la Organización de Estados Americanos, OEA, se está examinando la posibilidad de llevar al Estado venezolano a la Corte Penal Internacional de la Haya, por iniciativa de su Secretario General Luis Almagro. Fue él mismo quien puso al frente del proceso al ex fiscal jefe de la referida Corte, Luis Moreno Ocampo, para escuchar y analizar las denuncias de ciudadanos y organizaciones que han sufrido las torturas y vejámenes por parte del gobierno castro comunista de Maduro.

Lo que se ha revelado en las citadas sesiones son durísimos testimonios que dan cuenta del retroceso que vive Venezuela en materia de derechos humanos y de la forma como los ciudadanos han sido privados de sus derechos fundamentales como a la libertad de expresión, al libre pensamiento, a la asociación política, a la manifestación pacífica y a la elección popular. Y lo que es peor aún, cómo se ha establecido a la tortura física y psicológica como norma para amedrentar y humillar a los detenidos; una de las prácticas más crueles que atentan contra la dignidad del ser humano.

Las declaraciones de venezolanos torturados indican, además, que el régimen de Maduro ha hecho del abuso sexual a los detenidos una forma adicional de agresión, que va desde amenazas e intentos de violación, actos lascivos, tocamientos, electricidad en zonas íntimas, desnudez obligada, entre otras. Desde el punto de vista de la ley la tortura ocurre cuando la persona está en custodia de un funcionario y se le martiriza para obtener una confesión, pero en la gran mayoría de los casos, en Venezuela se está aplicando como sanción.

 

Luego de las detenciones, oficiales militares y funcionarios policiales utilizan los golpes de forma sistemática, el manifestante es visto como el enemigo. Los guindan, los amarran, les revientan las costillas. Lo generalizado es agredir a todos los disidentes, pero es también sistemático porque se extiende de una manera constante, es un patrón de agresiones arbitrarias y de asesinatos, que ha llevado a la OEA a intentar dictaminar si se trata de una conducta como parte de un ataque masivo a la población civil, por ende, susceptible de ser denunciado ante la Corte de La Haya.

Es así como el régimen de Maduro ha sido calificado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un informe presentado el pasado agosto como un gobierno que utiliza “la fuerza excesiva y los malos tratos y tortura para acabar con los disidentes”.  Además, el Alto Comisionado, denunció el uso de “choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte -y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares”.

Ello, unido a los resultados de la investigación que adelanta en los actuales momentos la OEA y otras denuncias introducidas ante la Corte Penal Internacional por “crímenes de lesa humanidad”–la más reciente ha sido la de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM)-  seguramente llevarán a La Haya al mandatario Nicolás Maduro.

Y una cosa sí es segura: los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El mundo ya no tiene vendas respecto de la naturaleza del régimen que preside Nicolás Maduro y sus secuaces. Organismos internacionales de la talla de las Naciones Unidas o de la OEA ya iniciaron sus respectivas investigaciones y no deberá tardar el día en que la justicia tome acciones contra quienes llevan 18 años sometiendo y agrediendo al pueblo venezolano.

 

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