Venezuela institucionaliza el odio en un mundo cada más intolerante

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(Prensa Presidencial)
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Nunca antes como este 16 de noviembre tiene sentido para los venezolanos la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia; justo cuando la inconstitucional, irrita y nula Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impuesta por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro acaba de promulgar  la denominada  “Ley contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” que viola varios artículos de la Constitución Nacional y que utiliza conceptos jurídicos indeterminados, donde la discrecionalidad de un funcionario público es la que define su uso; una nueva ley que  establece penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y multas a empresas y medios electrónicos, seguramente se utilizará en contra de la ya menguada libertad de expresión y para perseguir aún más a las voces críticas y disidentes venezolanas.

Pero el tema de la intolerancia de todo tipo, aunque en particular la política, no sólo viene aumentando en forma desmedida en nuestro país bajo el régimen chavista, sino también en el actual mundo multipolar de postguerra fría. Y en efecto, la falta de respeto a ideas, creencias y prácticas políticas diferentes o contrarias a las propias o a un grupo, partido, gobierno, Estado u organismo internacional es una ¨neurosis¨ de nuestro tiempo y ha generado las más absurdas guerras, catástrofes y las más grandes atrocidades en nombre de la justicia, la  libertad, el pueblo y de la razón,  como bien asegura  el autor colombiano Antonio Acevedo Linares en uno de sus trabajos sobre el tema.

Causa sorpresa este aumento de la intolerancia política en el marco de un sistema internacional en que se supone que la globalización ha estimulado el desarrollo de  los procesos tales como los de integración, coexistencia,  multiculturalismo y pluralismo; en que no existe la lucha ideológica como en la época de guerra fría, en que prevalecen más los sistemas democráticos que autoritarios y totalitarios. Aunque mucho menos, también, a algunos aún les extraña que en Venezuela se hayan transgredido de una forma tan radical y evidente los principios de tolerancia e inclusión política que violan derechos humanos fundamentales reconocidos por la ONU, tales como los de participación, igualdad, democracia y  libertad, el transcurso de un gobierno venezolano que insiste en autodefinirse como revolucionario, progresista, justo y de democracia participativa.

Hay sin duda muchas razones que explican ese aumento de la intolerancia y la exclusión política. A nivel internacional hay que tomar en cuenta que la globalización a la par de tener efectos positivos, los tiene negativos. De allí que también veamos en el mundo de hoy un gran incremento del fanatismo en sus diversas manifestaciones, el terrorismo, la delincuencia organizada, el pragmatismo, la falta de respeto al estado de derecho nacional e internacional. Todo esto influye en el debilitamiento de las instituciones y la cultura democrática, lo que a su vez se traduce en una pérdida de sus principales valores políticos, entre ellos el reconocimiento del otro, el respeto por la diferencia, la inclusión, el pluralismo, el multiculturalismo, la igualdad en libertad. Todos estos elementos esenciales para la construcción de una sociedad democrática madura y pacífica, que pueda desarrollarse en lo político, económico, social, en ciencia y tecnología, en toda su cultura.

En el caso venezolano, además de los factores citados que son comunes a la mayoría del resto de las naciones, debido a algunos elementos específicos propios de nuestra identidad, historia y en particular al actual proceso de involución y destrucción institucional bajo el régimen chavista, también se ha producido una intolerancia y exclusión políticas sin precedentes. Ello a pesar de que,  en comparación con otros países tercermundistas, al menos durante la mayoría de su historia republicana, en particular entre 1958 a 1998,  no sufrimos de severos fundamentalismo y conflictos raciales, culturales  y religiosos, y desarrollamos más bien una sociedad bastante tolerante e inclusiva.

En esto tiene que ver, además, la naturaleza del régimen de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, que va más allá del caudillismo, del militarismo y del autoritarismo que vivió Venezuela en tiempos precedentes. Se trata de una dictadura ya claramente mafiosa, ya ni siquiera camuflada de democracia, de izquierda radical a la cubana, que ha instaurado en el país una especie de comunismo de nuevo cuño y por tanto ha destruido el sistema democrático representativo, sus instituciones, valores y creencias que, con todas sus imperfecciones, prevaleció por 40 años consecutivos en la Venezuela del siglo XX. De allí es que proviene la intolerancia y la exclusión política que con estupor vemos actualmente en nuestro país.

 

Los ejemplos sobran. Basta mencionar la crisis humanitaria terminal que sufre nuestra sociedad, y la cantidad de presos y exiliados políticos a quienes sistemáticamente se les viola sus derechos humanos. No por casualidad son numerosas las denuncias contra Nicolás Maduro y el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI). La más reciente fue la de la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien denunció este noviembre al dictador y a varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, asegurando que su régimen llevó a cabo un plan “de limpieza social”, entre 2015 y 2017.

Es increíblemente contradictorio si tomamos en cuenta que la defensa y promoción de los derechos humanos ocuparon lugar preferencial en los diversos planes gubernamentales chavistas y en los discursos del fallecido Hugo Chávez, y que se incluyeron en forma más explícita e innovadora en la  Constitución de 1999 que en la de 1961.  No obstante,  la pauta de reinterpretación y violación del mandato constitucional que caracteriza a toda la gestión dictatorial, también se cumple en la práctica gubernamental relativa a la protección y proyección mundial de los derechos humanos.  Por la conducta violatoria a los derechos humanos del gobierno chavista, el Estado venezolano ha sido objeto de permanente cuestionamiento y vigilancia por parte de diversos organizaciones internacionales, empezando por los entes de Derechos Humanos de la OEA y la ONU. Aun cuando estos y otros pronunciamientos hayan sido objeto de rechazo por la administración chavista.

En mi opinión, la intolerancia y exclusión política que hoy existe en Venezuela solo será eliminada, o al menos mejorada  por un gobierno verdaderamente democrático que respete el Estado de derecho nacional e internacional, que se comprometa de forma transparente con la construcción de una cultura de la democracia y la tolerancia, que haga del reconocimiento y el respeto por el otro, del pluralismo ideológico, una política de Estado. Con este gobierno dictatorial militar y neocomunista va a ser imposible lograr instaurar una verdadera tolerancia en la sociedad venezolana.

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