Por si no fueran suficientes las experiencias de Nicolás Maduro, pretendiendo reelegirse a través de unos comicios diseñados a su conveniencia, o la reelección de Juan Orlando Hernández en Honduras que aún desata tensiones y protestas por el fraude electoral, o la elección de Lenín Moreno en Ecuador, luego del evidente fraude cometido contra Guillermo Lasso, ahora es el turno de Bolivia.
Los peligros más inmediatos de que lleguen al poder populistas de izquierda como Gustavo Petro a Colombia, Manuel López Obrador a México o incluso nuevamente Lula da Silva a Brasil, nos han hecho olvidar que Evo Morales se ha estado fraguando desde ya su cuarto mandato para el 2019, gracias a una reinterpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que echó por tierra la decisión de los bolivianos de poner coto a un nuevo período electoral del presidente indígena.
La reelección de Evo, ya apuntalada por los neocomunistas latinoamericanos y por personajes de dudosa reputación democrática como los españoles José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno; Pablo Iglesias, secretario general del partido radical Podemos, y Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, es una nueva manifestación de los abusos e inconstitucionalidades que desde las ultimas dos décadas se cometen en varios países de América Latina.
Y todo en nombre del llamado “socialismo del siglo XXI”, iniciado por el fallecido Hugo Chávez y cuya mejor expresión es la triste y calamitosa situación que sufren los venezolanos, luego de la implantación del ruinoso sistema creado y exportado por el tristemente célebre militar.
En Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y antes en Venezuela, líderes populistas accedieron al poder aprovechando el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales y, hay que decirlo también, los excesos de corrupción de algunas élites que apoyaban a los dirigentes y se valían de estos para su enriquecimiento.
Así, a través del voto popular, llegaron al poder y usufructuando los altos precios de las materias primas ocurridas en los primeros años del presente siglo, se hicieron de una gran cantidad de recursos económicos que les permitió convertir a sus gobiernos en grandes fuentes de empleo y de enriquecimiento. A la vez, hicieron del voto un instrumento para garantizar la reproducción del poder y no la herramienta líder de las verdaderas democracias.
El caso de Morales es realmente paradigmático, cuando no patético, de estos abusos de poder de los líderes populistas latinoamericanos. Llega al gobierno en 2006 con el 53 por ciento de los votos, luego de un largo período de inestabilidad política, donde se sucedieron cinco presidentes en un lapso corto de tiempo y con fuertes desequilibrios económicos que mantenían empobrecidas a las masas, particularmente indígenas, que es la mayoría de la población boliviana.
Durante este primer mandato consigue una nueva Constitución, en 2009, la cual contempla solo una reelección consecutiva, por lo que Morales logró un segundo mandato en las elecciones de ese año. Pero convencido de su mesianismo y de que, según sus propias palabras, el pueblo quiere que se quede en la presidencia, logró que el Tribunal Constitucional hiciera una interpretación de sus primeros años de mandato como “no cuantificable”, por cuanto se produjo según el sistema legal previo a lo que llamaron “la refundación de Bolivia” que se convirtió en Estado plurinacional.
Morales, que debía entregar el poder en 2019, se empeñó por lograr una modificación en la Constitución que le permitiera reelegirse una vez más. Se hizo un referéndum y los bolivianos dijeron no, con un poco más del 51 por ciento de los votos en 2016.
Sin embargo, al mejor estilo chavista, el mandatario indígena, menospreciando el parecer de sus conciudadanos y teniendo todas las instituciones a su merced, se agenció con una nueva reinterpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en noviembre de 2017 dictaminó que el presidente y todas las otras autoridades electas no tendrán ninguna clase de límite de mandatos, por lo que podrán buscar ser reelegidos en las urnas cuantas veces quieran.
Este polémico fallo fue rechazado por la mayoría de la población boliviana, que el pasado 21 de febrero tomó las calles y provocó protestas en las principales ciudades contra esta repostulación de Morales hecha a espaldas del sentir de la mayoría del país.
Los bolivianos ya están hartos de los evidentes casos de corrupción de los dirigentes, de la impunidad de las trasnacionales chinas petroleras que han enriquecido a la nueva élite en el poder, de la misoginia del presidente, de la criminalización de las protestas y de los abusos y arbitrariedades contra periodistas, los medios de comunicación y la libertad de expresión.
De modo que no todo está dicho en el país andino. Evo no las tiene todas a su favor. Un grupo de parlamentarios de oposición llevó ante la Corte Internacional de Derechos Humanos una denuncia por el fallo del TPC, señalando vulneración a los derechos de los bolivianos y a las normas establecidas dentro y fuera del país.
De igual forma, el expresidente del país, Tuto Quiroga, denunció ante ese organismo internacional al presidente Evo Morales, por intentar “instalar una dictadura”, con su afán de desconocer la Constitución Política del Estado al buscar la habilitación para la reelección indefinida. Otras dos demandas también fueron presentadas ante la CIDH, en el entendido de que el efecto vinculante de la interpretación que haga esta corte internacional lograría la anulación del fallo del supremo boliviano, para así impedir una nueva postulación de Morales.
El juego sigue abierto. Cierto que no es fácil ganarle a las triquiñuelas que utilizan los populistas del siglo XXI, pero también buena parte sus pueblos están cada vez más cansados de los abusos y trampas y por tanto buscan fórmulas para salir de estos mandatarios enquistados arbitrariamente en el poder, con pretensiones de perdurar hasta que ellos quieran.
El pueblo boliviano sigue en pie de lucha en este año preelectoral y, significativamente, las protestas ciudadanas se vienen realizando sin líderes políticos de la oposición a causa de sus divisiones internas. Sin embargo, las mayorías han jurado no dar tregua a Morales cuyo proceso “socialista del siglo XXI” se agota cada día y crea miseria, como el de sus vecinos Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua. La comunidad regional también debe poner atención desde ya y ayudar a la ardua lucha de los demócratas bolivianos.