Iván Duque y las dictaduras de crimen organizado

Ha empezado bien. Se ha comprometido a defender frontalmente la democracia  y combatir la corrupción en todas Las Américas

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Iván Duque y las dictaduras de crimen organizado. (Twitter)

Finalmente llegó el esperado Iván Duque a la Casa de Nariño, un joven presidente del que muchos demócratas esperan que sea y haga mucho. La mayoría de los colombianos, que realice un buen gobierno y arregle los desaguisados –que son muchos- del mandatario saliente Juan Manuel Santos y el turbio acuerdo firmado con la guerrilla-terrorista de las FARC; y los gobiernos de los Estados Unidos y otros de América Latina, que haga lo que ellos no se han atrevido (o podido) hacer para terminar de rematar a los Estados y grupos narco-terroristas de la izquierda radical.

También numerosos ciudadanos comunes de nuestro continente,  entre los que me cuento, esperamos que el presidente Duque haga lo anterior y más. Queremos que rompa de una vez por todas con el liderazgo corrupto,  populista y meramente reformista de los políticos de antaño; y que emprenda una nueva conducta gubernamental para alcanzar el desarrollo democrático, liberal y social, pero de rostro humano y humanista, que todos queremos y necesitamos. A la vez, queremos que ejerza un liderazgo democrático regional de vanguardia, que tanto hace falta en estos tiempos.

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Ha empezado bien. Se ha comprometido a defender frontalmente la democracia  y combatir la corrupción en todas Las Américas y ha tomado pasos concretos como salirse del parapeto chavista de la UNASUR y busca denunciar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI). Pero seamos realistas, lo más seguro es que Duque acabará realizando mucho menos de lo que se espera de él, pese a su disposición y buenas intenciones. Por ello,  me atrevo a solicitarle  al menos que empiece a dar los pasos necesarios para ponerle coto al fenómeno de las dictaduras de crimen organizado que existen hoy en día en el continente.

La comprensión e iniciación a la solución de ese fenómeno lo puede encontrar, entre otros aportes intelectuales, en el libro “Dictaduras de Crimen Organizado” del autor boliviano Carlos Sánchez Berzain, quien en la actualidad ocupa el puesto de Director del Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Miami, EE.UU., y cuyo presidente es el prestigioso escritor cubano, Carlos Alberto Montaner.

En este compendio de artículos periodísticos, cada uno con sus propios planteamientos según los eventos y circunstancias que trate, el autor presenta  como hilo conductor subyacente una visión poco tratada  sobre  los regímenes del mal llamado socialismo del siglo XXI que han destruido las sociedades e instituciones donde han logrado prevalecer.

Se trata de una visión  realista  y pragmática  sobre  el análisis de estos regímenes, caracterizándolos  sin eufemismo alguno de dictaduras comandadas  no por políticos ni gobernantes de oficio, sino por un grupo de delincuentes dedicado al crimen organizado. Esos (des) gobernantes no sólo han sido civiles o militares  que llegaron al poder en forma legítima  (a través del voto democrático siguiendo las reglas del Foro de Sao Paulo) y fueron perdiendo su legitimidad de origen y, por tanto traicionando el sistema y las reglas democráticas, en la medida que  se fueron afianzando en el poder, sino que también se fueron convirtiendo en delincuentes organizados.

Es decir, nada que ver con eso de  ser  representantes de organizaciones políticas partidistas de interés público que, en el marco de un Estado de Derecho, buscan la mejor vida democrática para una nación. Todo lo contrario, son  individuos  que representan organizaciones delictivas, que desgobiernan con fines particulares e ilícitos, que buscan alcanzar objetivos de riqueza, poder y hegemonía mediante actividades como la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y otras.

La forma más acabada de dictadura criminal es la del régimen venezolano por haber sido el primero y por haber contado  en sus primeros años con una enorme cantidad de recursos financieros, así como con el know how de la dictadura castrocomunista cubana.

En sus diversos artículos el autor pasa a evidenciar con hechos y argumentaciones cómo  las dictaduras de crimen organizado de los hermanos Castro en Cuba, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, han desafiado y debilitado el sistema interamericano democrático desarrollado tras la segunda guerra mundial y en particular  las tradicionales políticas de defensa y promoción democrática de los EEUU y de la OEA, basadas en su carta fundacional y en su Carta Democrática Interamericana.

Además, Sánchez Berzaín va poniendo de manifiesto  que esos desafíos que han puesto en jaque a las democracias  y sus instituciones nacionales y sus reglas y entes multilaterales, han sido logrados con novedosos instrumentos y estrategias, tales como la creación de nuevas constituciones como mecanismos de reelección indefinida, la utilización de la Asamblea Nacional Constituyente como fórmula de autogolpe, la creación de lo que el autor denomina “la trasnacional de dictaduras”, el uso de la coartada antiimperialista, la división hemisférica en “dos Américas” y el desmembramiento de la integración regional, entre otros.

Pero en esta compilación también se presenta una esperanza y una salida, las cuales comparto y mucho desearía que Iván Duque tomara en cuenta.  La esperanza está en la nueva política exterior estadounidense y la política iniciada en la OEA por Luis Almagro, la denominada Doctrina Almagro, las cuales sin duda son más realistas  que las anteriores que se hayan tomado, más ajustadas a la verdadera naturaleza criminal de estas dictaduras y asimismo al mundo de posguerra fría en el que, según Moisés Naim  el «comercio global ilícito» florece y triunfa.

Aunque las sanciones unilaterales a funcionarios delincuentes de la élite gobernante venezolana por parte de los EEUU y los informes para examinar la situación de Venezuela de la OEA no se han hecho obligatorios ni se han extendido al resto de los gobiernos del continente, ambos constituyen un esfuerzo significativo en una nueva lucha conjunta, más realista y efectiva,  por la libertad, la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y contra el crimen organizado  internacional.

Y en cuanto a la salida que se plantea, es una ajustada al derecho internacional y muy difícil de calificar de intervencionista y de ir en contra de la soberanía y el principio de no intervención. Es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional  o más coloquialmente conocida como “Convención de Palermo”, que se encuentra vigente para Venezuela y otros países del mundo y que puede ser invocada por un solo gobierno democrático miembro de la ONU.

Espero que estas líneas  le sirvan al bienvenido líder colombiano y regional no solo como buen abre boca para la lectura de este texto, sino especialmente para que se convierta en el primero en activar la Convención de Palermo a objeto de exponer cargos por crímenes en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La aplicación de la medida implicaría despojar de la inmunidad diplomática a figuras del gobierno chavista, su detención por parte de la Interpol y enjuiciamiento cuando pisen tierras extranjeras. Ello fortalecería mucho a la condena a Maduro -a más de 18 años de cárcel por los delitos cometidos-  que recién estableció el legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, precisamente en Bogotá.

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