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Defendamos las instituciones públicas de Costa Rica

Por: Mariela Palma Cambronero - Jul 20, 2015, 10:58 am
La capacidad de presión que tienen los empleados públicos en Costa Rica castiga el equilibrio fiscal del país y también a los empleados del sector privado. (Mercado y Tendencias)
La capacidad de presión que tienen los empleados públicos en Costa Rica castiga el equilibrio fiscal del país y también a los empleados del sector privado. (Mercado y Tendencias)

Si el fin de las instituciones del Estado es otorgar el mayor beneficio a la ciudadanía, y además queremos mantener nuestras instituciones fuertes y eficaces para el bienestar de la institucionalidad democrática por muchos años más, el Estado debe tener algún tipo de evaluación de cómo se usan los recursos públicos y transparencia en la utilización de estos recursos presupuestarios.

La fiscalización es la principal metodología para asegurarnos de que nuestras instituciones públicas están siendo administradas de la mejor manera.

En las últimas semanas queda claro que quienes han estado al mando de dichas entidades no han sido los mejores jerarcas, y se han hecho evidentes las muchas irregularidades que se presentan en el marco de la administración publica en Costa rica, en las que nuestras instituciones han estado funcionando para enriquecer a algunos funcionarios con salarios desproporcionados que quedan fuera de la sensatez de cualquier administrador financiero.

Agregado a esto, no hemos tenido ningún instrumento para medir la calidad de tales bienes y servicios; por el contrario, el producto que merecemos los ciudadanos ha pasado a segundo plano con altos precios, en donde lo que parece importar es la manutención de gastos superfluos.

Sin embargo el tema no termina ahí, el gasto es excesivo y, para cubrirlo, además de un déficit y una deuda que van enrumbados hacia la insostenibilidad fiscal, el Gobierno pretende aumentar impuestos para obtener mayores ingresos y acá el tema central es ¿para qué requiere más recursos?

Tenemos una sociedad con beneficios adquiridos como los son la salud, educación y otros servicios públicos de los que hemos gozado los costarricenses y expectativas excesivas de que los continuaremos teniendo, pero éstas, sin un análisis previo y exhaustivo de cómo llegar a ese desarrollo que tanto anhelamos y sin diagnóstico sobre la situación actual, las decisiones tomadas siempre serán las equivocadas y de nosotros depende que estas expectativas sean cumplidas.

El problema medular radica en que, como es costumbre para los culpables de tales consecuencias, tienden a culpar al sistema económico y al sector privado de lo que la mala administración estatal provoca. Pero quienes nos pueden dejar sin instituciones y están quebrando sus finanzas son quienes como líderes sindicales están pensando en sus salarios y no en la institución o el valor fiscal que estas tengan para la población costarricense.

La injusticia salarial que hay en el país no solo crea una brecha salarial entre el sector público y el privado, sino que hay trabajadores dentro del mismo sector público que hacen lo mismo, pero su salario puede tener grandes diferencias. Dicha desigualdad salarial injustificada se debe a la ausencia de un régimen único de empleo público, que actualmente sí están promoviendo algunos actores de la arena política en la Asamblea Legislativa mediante el proyecto de ley Nº19.431, denominado: “Ley de Empleo Público”.

A todos nos gustaría tener los salarios más altos tanto en el sector público como en el privado; sin embargo, en el sector privado estos fondos son particulares y dependen de la capacidad económica del empleador, la rentabilidad y productividad de su negocio, los gastos corrientes en los que incurre y sus costos operativos, entre otras cosas. En el sector público, parece que las cuentas no se hacen con un análisis financiero y ni siquiera se basan en los ingresos que tenga el Estado, de ello se despliega el déficit fiscal y la deuda que son crecientes.

Los pluses salariales del sector público pueden en algunos casos doblar la suma del salario base, en entidades como Recope, UCR, CCSS, Gobierno Central y la Corte, los pluses superan el monto del salario, además las remuneraciones crecen 13% cada año por los aumentos salariales con la inflación. El Ministerio de Hacienda concluye en que la planilla estatal consume el 42% del presupuesto del Estado y si traducimos que eso significa menos dinero en inversión y programas, podemos entender por qué no hay muchas mejoras, a pesar de que el país sí tiene crecimiento económico.

Lo que más urge es acabar con esta incertidumbre política sobre las medidas a tomar, que ya son urgentes, para no caer en una crisis económica quebrando el Estado por el tamaño del aparato público y la insostenibilidad del mismo, como le ocurrió a Grecia recientemente. Cuando esto suceda, el funcionario público será la principal víctima, ya que su patrono, el Estado,habrá quebrado; por ello es que son estos los que más deben abogar por una buena administración de las finanzas públicas.

¿Qué debe exigir un ciudadano preocupado por la institucionalidad del país? Mecanismos para negociar convenciones colectivas con mayor rigidez y fiscalización, transparencia y datos abiertos a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos, y revisar los beneficios desproporcionados de algunas instituciones frente al resto de la fuerza laboral costarricense legislado por la “Ley de Empleo Público” para acabar con las desigualdades en el sector.

Cabe destacar que en dicha ley, el establecimiento del salario único incorpora todas las garantías como las condiciones por antigüedad, respetando los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Dicha metodología salarial se aplica actualmente en la Contraloría General de la República y el Banco Central de Costa Rica.

Este no es un análisis entre empleados que debe convertirse en una riña entre empleados de unas instituciones u otras, o trabajadores del sector público o el privado, ni la fiscalización y el abogar por las buenas prácticas en la administración pública se deberían señalar como un “ataque”: la discusión debe girar en torno a la lucha por defender las instituciones públicas del quebrantamiento de sus finanzas y para evitar que el Estado costarricense entre en crisis.

Debemos cerrar las instituciones que no brindan ningún beneficio a la ciudadanía y que significan simplemente un gasto y unificar algunas del mismo sector que se encuentran separadas en varias fomentando el gasto y la burocracia, como en el sector vivienda o infraestructura.

Para muestra un botón. El profesor de Harvard Ricardo Hausmann hace la siguiente observación sobre el funcionamiento de la economía refiriéndose al ejemplo griego y que explica muy bien porque muchos de los que están al mando son irresponsables con las finanzas de las familias costarricenses.

Los últimos adelantos de la economía conductual muestran que todos tenemos graves problemas de autocontrol. Y la teoría de los juegos explica por qué actuamos de manera todavía más irresponsable al tomar decisiones grupales (debido al problema de los comunes). Los déficits fiscales, al igual que un embarazo indeseado, son la consecuencia accidental de acciones emprendidas por más de una persona, que tenían otros objetivos en mente. Y la causa primordial de los problemas de Grecia fue la falta de control fiscal”.

 

Lo que Costa Rica necesita son mayores inversiones para que estos empleos innecesarios en la planilla estatal que todos los costarricenses pagamos y llegarán a límites insostenibles, se puedan colocar en el sector privado.