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Por qué me gustaría vivir en una ciudad privada

Por: Mark Lutter - May 20, 2014, 7:40 am
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Paul Romer, profesor de economía en la Universidad de Nueva York. Fuente: PaulRomer.net.

EnglishPaul Romer, contendiente a un premio Nobel de Economía por su labor en la teoría del crecimiento endógeno, ha dirigido su atención a las instituciones y al cambio institucional. Es ahora más conocido fuera de la academia por su defensa de las ciudades modelo.

El argumento puede reducirse a que las instituciones, o las reglas de juego, son el principal determinante del desempeño económico. Sin embargo, cambiar las instituciones es extremadamente difícil. La innovadora solución de Romer consiste en que países con malas instituciones inviten a países con buenas instituciones para gobernar una región deshabitada del territorio.

Si bien las ciudades modelo son sin duda mejores que el statu quo, existen alternativas que podrían superarlas. Romer atacó recientemente a una de estas alternativas, las ciudades privadas; sin embargo sí es posible que una ciudad privada lleve a cabo el cambio institucional que Romer desea. También podría proporcionar otros bienes públicos de manera más eficiente, porque los dueños de la ciudad serían beneficiarios residuales.

El tipo de comunidad privada con el que estoy más familiarizado es la comunidad propietaria. Un ejemplo común es un centro comercial, en cuyo caso el propietario arrienda espacio para tiendas a otras empresas. Debido a que los ingresos del propietario dependen del valor del espacio que está arrendando, tiene incentivos para proveer bienes públicos que aumenten el valor de la propiedad. Walt Disney World demuestra que las comunidades propietarias pueden proveer bienes públicos a gran escala.

Romer argumenta, sin embargo, que “la evidencia muestra que si bien la posibilidad de votar es una diferencia entre los sistemas públicos y privados de gobernabilidad de una ciudad, no es la más significativa. En los sistemas privados, la falta de una separación entre el poder ejecutivo y el judicial es la debilidad más preocupante”. En otras palabras, la independencia judicial es la distinción más importante entre las ciudades privadas y públicas, más aún que el voto.

El argumento de Romer adolece de dos defectos. Primero, implícitamente comete la falacia del Nirvana. Asume que la policía pública y los tribunales funcionan a un nivel mucho más alto de lo que en la práctica lo hacen. En segundo lugar, parece no darse cuenta de la gran cantidad de evidencia a favor del éxito de los sistemas judiciales privados.

Siendo Romer residente de Nueva York, esperaba que fuese más realista acerca de la policía pública. Bajo la política de detención y cateo, la Policía de Nueva York ha parado a un promedio de 500.000 personas anualmente en los últimos cinco años, la gran mayoría de los cuales son jóvenes de grupos minoritarios. Más del 85% nunca son formalmente imputados. Una grabación de audio de uno de estos incidentes muestra que estas detenciones callejeras violan toda noción de decencia básica, y no obstante los tribunales estatales no han ordenado el fin de estas violaciones de derechos individuales.

En 2011, un oficial de policía de Nueva York fue condenado por plantarle drogas a un sospechoso. En lugar de ser el caso de la manzana podrida del cesto, el juez recriminó a toda la unidad policial, diciendo: “Pensé que no era ingenuo […] Pero incluso este tribunal se sorprendió no sólo por la difusión que parece tener esta mala conducta, sino por la aparente naturalidad con que se la emplea, lo que es aun más perturbador”. Un exoficial de la policía que no conocía al acusado declaró que la práctica de plantar drogas en los detenidos ​​era generalizada.

Hay filmaciones que ayudan a ilustrar la diferencia entre la policía pública y la seguridad privada. El primer vídeo es de una protesta-danza en el monumento a Thomas Jefferson. Un año antes de la protesta, alguien había sido arrestado por bailar en ese lugar. La protesta del vídeo era simplemente para demostrar lo absurdo que es prohibir bailar en el monumento histórico. A pesar de su carácter no violento y cómico, la policía arrojó a uno de los participantes al suelo. El segundo vídeo muestra una protesta en la empresa Target, a la que los manifestantes se dirigen. A pesar de esto, los agentes de seguridad privada sólo piden a los manifestantes que se retiren, nunca recurren a la violencia.

Las disparidades en condenas de drogas muestran que el problema va más allá de la policía y alcanzan a la justicia pública. La ACLU informa que a pesar de que los blancos consumen drogas más frecuentemente que los negros, estos últimos son condenados 10 veces más que los blancos. La opresión del Estado a las minorías continúa existiendo de facto si bien no de jure.

Todavía es posible que una ciudad privada actúe peor que los ejemplos anteriores. Romer desafía: “¿Qué evidencia hay para apoyar la afirmación de que las entidades privadas son capaces de evitar el conflicto inherente que los ejecutivos tienen entre su compromiso con el cumplimiento de las normas comunitarias aplicadas por igual a todos los miembros, y los muchos otros objetivos que tratan de lograr?” Pues sucede que sí hay una gran cantidad de evidencia.

En primer lugar, consideremos los tres ejemplos dados por Romer de fracasos de derecho privado. Los dos primeros son religiosos (derechos judío y católico), y el tercero es la ley de la Universidad. Estos son ejemplos extraños porque ninguno es privado en un sentido estricto. No son estatales, pero no hay un beneficiario residual, y no se administran como empresas. Los ejemplos más aptos son las agencias privadas de arbitraje.

La ventaja de las ciudades privadas sobre las ciudades modelo es el mecanismo de pérdidas y ganancias. La propiedad privada internaliza las externalidades. Utilizar ejemplos de arbitraje privado que carecen de un mecanismo de pérdidas y ganancias evidencia que no se comprenden los argumentos a favor de las ciudades privadas.

Tal vez el ejemplo más conocido de arbitraje privado es el de los comerciantes magrebíes, una coalición comercial en la Edad Media. Avner Greif, un economista de Stanford, ha escrito varios trabajos que detallan como ellos desarrollaron su sistema legal. Los comerciantes necesitaban protección contra el riesgo de que sus socios comerciales se negaran a pagar. Debido a que el Mediterráneo no estaba unificado, los comerciantes se vieron obligados a desarrollar su propio sistema legal. Los comerciantes magrebíes se aseguraron de que cualquier comerciante que violara un contrato quedara excluido de todo futuro comercio. Esto garantizaba que los beneficios de la cooperación superaren los beneficios del robo.

Un ejemplo moderno es el comercio internacional. Las empresas a menudo pagan a cortes privadas porque los tribunales del gobierno son lentos y carecen de la experiencia relevante. Peter Leeson, un economista de la Universidad George Mason, encontró que cuando el Estado hace cumplir los contratos, la actividad comercial aumenta 15,38%. Esto es un aumento sustancial, pero sin embargo está por debajo de la percepción común.

Otros ejemplos son los seguros de automóviles y las compañías de tarjetas de crédito. Ambas industrias tienen mecanismos privados para resolver disputas. Tienen relaciones con otras empresas y estándares de pruebas necesarias para tomar decisiones. Incluso Ebay y Amazon son testimonio de la viabilidad del arbitraje privado. Aunque siempre hay algunos estafadores, la reputación es una herramienta lo suficientemente potente como para que la mayoría de la gente tenga suficientes buenas experiencias en esos sitios web y siga usándolos.

Una ciudad privada que expropie a inversionistas o que no respete el estado de derecho no atraerá a muchos nuevos inversionistas. Además, dado que la inversión será muy elástica en una nueva ciudad, la presión para imponer la ley independientemente será aún más fuerte. Cualquier indicio de injusticia asustará a los inversionistas y reducirá los ingresos de los propietarios.

Romer y yo estamos de acuerdo en la importancia del estado de derecho para el crecimiento económico. Yo, sin embargo, creo que es más probable que una ciudad privada implemente un fuerte estado de derecho. Debido a que los ingresos de los dueños de la ciudad dependen de la actividad económica que haya en ella, y como la actividad económica depende de un poder judicial independiente e imparcial, las ciudades privadas tienen un mayor incentivo para garantizar el estado de derecho que los gobiernos garantes.

Dicho esto, las ciudades privadas y las ciudades modelo no son mutuamente excluyentes. Podemos discutir sobre cuál es superior, pero será imposible saber a ciencia cierta hasta que ambas sean puestas en práctica. Si bien es perfectamente comprensible la preferencia por las ciudades modelo, espero que Romer vea a las ciudades privadas como un aliado y un complemento, no como un remplazo.

Traducido por Daniel Duarte.