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Bush tiene razón, Cruz se equivoca: La ley de inmigración viola el estado de derecho

Por: Matthew La Corte - @mattyernest - Abr 15, 2014, 1:29 pm

EnglishLa última trifulca sobre la inmigración en el Partido Republicano nos llega por cortesía del ex Gobernador de Florida Jeb Bush, y los Senadores Ted Cruz y Rand Paul. La semana pasada, Bush comentó que muchas de las personas que emigran ilegalmente a Estados Unidos buscan oportunidades económicas que no existen en sus países de origen, con el objetivo de mantener a sus familias.

Bush —que gobernó un estado con casi 20 % de residentes nacidos en el extranjero — argumenta que  “Sí, ellos violan la ley, pero eso no es un delito. Es un acto de amor, un acto de compromiso con sus familias”.

El Senador Paul reconoció esta semana que los que persiguen el sueño americano no son malas personas. Pero a la vez destacó la importancia de controlar la frontera porque “no podemos invitar a todo el mundo”.

Igualmente, el Senador Cruz sostuvo que los Estados Unidos debería celebrar y darle la bienvenida a la inmigración legal pero no a la ilegal, para mantener el “estado de derecho”. Este llamado a la legalidad es una réplica bastante común cuando se discute el tema de la inmigración en el Partido Republicano. ¿Pero qué es exactamente el “estado de derecho”? ¿Es un tema realmente relevante en cuanto a la reforma de inmigración?

El estado de derecho implica procesos y procedimientos legales. Además, es consistente con el aforismo según el cual nadie está por encima de la ley. Eso significa que las infracciones a la ley acarrean consecuencias predecibles, y que la penalización es equitativa y acorde con la tradición legal de cada estado. Lamentablemente, la ley de inmigración de los Estados Unidos refleja una versión muy distorsionada de este principio de igualdad jurídica.

La burocracia migratoria estadounidense es extremadamente compleja. El sistema regulador incluye centros de detención con condenas arbitrarias, y oficiales de inmigración sin instrucciones precisas sobre como lidiar con ciertas situaciones. Cada día hay más de 33.000 extranjeros detenidos por tiempo indefinido. Cuando finalmente llegan a la corte, el caso de cada inmigrante se decide en un promedio de siete minutos, debido a la saturación del sistema legal.

Esta inmensa red burocrática distorsiona la idea de que los inmigrantes son tratados de manera igualitaria y que pueden tener expectativas razonables sobre los resultados legales. La noción del “estado de drecho” de Cruz no se cumple en el sistema migratorio de hoy en día.

Cuando existen leyes tan malas como las políticas migratorias vigentes, hay tres escenarios posibles.

Primero, se pueden hacer cumplir las leyes a pesar de su alto costo. Por ejemplo, el gobierno federal gasta US$50,000 millones al año en la Guerra Contra las Drogas, sin haber logrado ningún éxito tangible en cuanto a la reducción del consumo o las adicciones.

Segundo, se pueden cambiar las leyes. Por ejemplo, existen críticos de todas las tendencias políticas que llaman a reformar el deficiente código fiscal del gobierno federal.

Tercero, se pueden ignorar las malas leyes. Durante la era de los derechos civiles, muchos afro-americanos desafiaron legítimamente las leyes racistas de Jim Crow que perpetuaron una horrible noción de “separados pero iguales” entre blancos y negros. Igualmente, no se debería condenar a los inmigrantes cuando desobedecen leyes retrógradas. Después de todo, es más importante tener buenas leyes que hacer cumplir estrictamente las malas.

Si Cruz cree que el “estado de derecho” significa hacer cumplir todas las leyes sin que importe su beneficio o costo para la sociedad, entonces se contradice cuando sostiene que debería modificarse la Ley de Atención Médica Asequible pero que la ley migratoria debe mantenerse vigente. Para no violar el “estado de derecho”, el Congreso no puede tener al mismo tiempo la obligación de velar porque todas las leyes se mantengan tal como fueron aprobadas y la capacidad de alterarlas. Cruz no puede seguir promoviendo la idea de que el cambiar o derogar totalmente algunas leyes no tiene efecto alguno sobre “el estado de derecho”, mientras que hacer lo mismo sobre otras haría tambalear la rica tradición legal de los Estados Unidos.

Algunos republicanos sostienen que la seguridad nacional de los Estados Unidos está en juego mientras no se respete rigurosamente el mítico “estado de derecho” en cuanto a la inmigración. Pero esas declaraciones no concuerdan con la evidencia empírica. Desde el 9/11, han habido 37 casos de deportación con cargos de terrorismo. Esto sólo constituye un 0,001% de todos casos de deportación, la aguja terrorista en el pajar. Si el gobierno federal realmente desea abordar seriamente el tema de la seguridad post 9/11, debería dedicar los recursos escasos a las verdaderas amenazas, en vez de gastarlos en tratar de ubicar a millones de inmigrantes ilegales con el objetivo de manipular el mercado de trabajo.

El argumento republicano del “estado de derecho” en contra de la inmigración no está respaldado en los hechos. Es simplemente una excusa política que el Partido Republicano ha usado una y otra vez para postergar indefinidamente la reforma migratoria. Tal como lo expresa Alex Nowrasteh del Cato Institute, “El Congreso no esperó a atrapar a todos contrabandistas para abolir la Prohibición, ni tampoco persiguió a cada uno de los evasores antes de aprobar los recortes fiscales de Reagan”.

Bush tiene razón cuando sostiene que lo que inspira a las familias a emigrar es el sueño americano y las oportunidades económicas. Los Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero lamentablemente hemos cerrado la puerta de la oportunidad para los millones que aspiran emprender el mismo viaje que muchos de nuestros ancestros emprendieron hace generaciones. Es fundamental que los Estados Unidos empiece a desmontar las restricciones a la inmigración, y vuelva a instaurar un verdadero estado de derecho basado en la inmigración segura y legal.

Traducido por Alan Furth.

Matthew La Corte Matthew La Corte

Matthew La Corte pertenece a Young Voices Advocates y estudia Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Hofsra en la Ciudad de Nueva York. Matthew también es miembro de la Junta Ejecutiva Norteamericana de la organización Estudiantes por la Libertad. Síguelo en @mattyernest.