Gustavo Petro, el mala paga que quiere ser presidente de Colombia

El detrimento patrimonial de Bogotá bajo la administración de Gustavo Petro fue de más de USD $817 millones. Una cifra cercana a lo que se robó el Carrusel de la Contratación bajo la administración de Samuel Moreno.

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EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El manejo del presupuesto nacional es una de las principales labores de un presidente. Por eso, lo ideal es que quien aspira a dicho cargo antes de querer manejar el dinero de los demás, sepa administrar el propio. Esta es una de las razones por las que Gustavo Petro representa un peligro para Colombia, pues ha dejado ver, tanto a nivel personal y profesional, que el manejo del dinero no es una de sus virtudes.

Pero ¿cuáles son esas deudas generadas por Petro que dejarían ver su incapacidad para administrar?

Todo empieza en casa

Aceptar vivir en un conjunto residencial es asumir que hay unas responsabilidades comunes y que el mantenimiento del lugar se puede realizar gracias a los recursos aportados por cada uno de los que habitan en él. Cuando la administración ve atrasados los pagos debe cubrir, de una u otra forma, el huevo. Lo que a la larga podría afectar la inversión de ese dinero en otros aspectos.

Sin embargo, Petro, quien quiere manejar el dinero que todos los colombianos pagan en impuestos, dejó de lado la responsabilidad que tenía con su conjunto residencial y se atrasó en el pago de las cuotas de administración, según se conoció hace unas semanas. El monto que, para aquella fecha, debía Petro era de 14.250.000 de pesos (USD $4.900), que corresponderían a siete meses de administración.

Es por ello que hoy se le cuestiona su poca capacidad para manejar el dinero, sobre todo cuando a pocos días de llevarse a cabo la primera vuelta presidencial no ha dejado claro cómo haría fiscalmente posible su programa de gobierno, pues el aumento de impuestos no es suficiente para sostener el manejo de un país.

La de USD $143.000

Esta primera multa le fue interpuesta a Petro por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por violar la libre competencia cuando fue alcalde. En aquella época decidió modificar el esquema de basuras. Su idea era pasar de un modelo privado a uno público. Sin embargo, dicho modeló empezó con el pie izquierdo, pues en sus primeros tres días de su funcionamiento Bogotá se vio inundada de basura, pues los camiones recolectores no pasaron y los ciudadanos tuvieron que convivir con la basura hasta que se implementó un plan de contingencia para solucionar el problema.

Para aquella época Petro implementó un esquema público que no tenía el suficiente músculo para acaparar las 20 localidades de Bogotá, por lo que el alcalde se vio obligado a acudir a los operadores privados que había calificado de mafiosos para que participaran, nuevamente, en el proceso de recolección de basuras.

Debido a que tomó decisiones que violaban la libre competencia, la SIC decidió en 2014 multar a Petro por $410 millones COP (USD 143.000). Según lo informado por Pablo Felipe Robledo, cabeza de la SIC, a inicios de este año, el candidato presidencial no había ni pagado ni abonado a la deuda. Además, la SIC no le encontró ningún activo a Petro que pudiera ser embargado para con ello cubrir la deuda.

La de USD $4,2 millones

Debido a que el distrito fue multado por la SIC por violar la libre competencia debido a la implementació  del modelo público de basuras, y en 2016 ese pago fue realizado por el Acueducto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Contraloría decidió en noviembre de 2017 que quienes debía responsabilizarse de esa suma, debido a que era un detrimento a la ciudad era Petro y otros 7 funcionarios.

Dicha multa es de 97.654 millones COP (USD $34 millones), que fue la cifra que tuvo que pagar el distrito. Es quiere decir que a cada uno de los sancionados le corresponde realizar un pago aproximado de 12.200 millones COP (USD $4,2 millones). Ese pago no ha sido realizado.

La de USD $13 millones

Esta multa la impuso la Contraloría contra Petro y Diego Bravo, exgerente del acueducto de Bogotá, en noviembre del año pasado, y fue por $40.000 millones COP (USD $13,3 millones, TMR 2017). Esta sanción se basa en el detrimento patrimonial de $33.343.280 millones COP (USD $11,1 millones, TMR 2017) la ciudad por la compra y alquiler de unos camiones compactadores de basura usados de la ciudad de New York, varios de ellos en pésimas condiciones.

De la que se libró

Una de las eternas promesas de la izquierda es repartir subsidios, pues con esta logran asegurar una buena cantidad de seguidores. Eso fue lo que hizo Petro en su alcaldía, específicamente en lo relacionado con los pasajes de Transmilenio. Decidió implementar una serie de subsidios, pese a las advertencias de los expertos, quien le informaron que esto podía comprometer las finanzas de la ciudad. No lo planeó bien y lo implementó.

Para 2015 se hablaba de un daño a las finanzas de la ciudad por el monto de $1,6 billones COP (USD $493 millones, TRM 2015), por lo que la Contraloría decidió multar a Petro por $217.000 millones COP (USD $69 millones). Sin embargo, Petro interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien a inicios de este año decidió suspender provisionalmente la sanción emitida por la Contraloría, por lo que, por ahora, Petro no tendrá que pagar esa multa. Es posible que por las multas de USD $13 y USD $4,2 el exalcalde presente el mismo recurso y el fallo sea similar.

La otra posible multa

A mediados de 2017 la Contraloría le imputó cargos a Petro por detrimento patrimonial debido a “la recompra del 31,92 por ciento de acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI)”, que, según ente, le ocasionaron a la ciudad pérdidas por más de USD $279 millones. Ahora queda esperar si este caso avanza y la Contraloría decide o no implementar algún tipo de sanción contra el candidato presidencial.

Ante todas las sanciones y multas interpuestas por los diferentes organismos de control, Petro ha utilizado el mismo argumento, que es una persecución política. Y aunque es cierto que pocas veces el Estado han implementado millonarias multas a personas naturales, las pruebas del detrimento patrimonial, que podría superar los $2 billones COP (USD $817 millones) las tienen los entes de control y la actual administración de Bogotá.

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