La hezbolización de las Farc en Colombia y Venezuela

Este es un proceso apetecible para cualquier grupo terrorista actual que busca, entre otras cosas, su longevidad

La cúpula guerrillera fariana se sacó la lotería patrocinada por el castrismo y en La Habana como ámbito de negociación. (Flickr)

Si las «disidencias» de la «extinta» guerrilla de las Farc, etiquetadas ahora como simples bandas mafiosas ya «sin ideología ni motivaciones políticas», resultan teniendo aún conexión con el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, con diez curules garantizadas en el Congreso colombiano), el famoso «acuerdo de paz» santista de La Habana que favoreció a la narcoguerrilla puede resultar siendo una de las estafas más grandes en la historia política latinoamericana.

El escenario de ese posible entramado, de ese conveniente juego ambivalente entre lo ilícito y lo lícito ya no solo estaría en suelo colombiano, también —como es conocido— en territorio venezolano, duplicando su letalidad.

A grandes líneas, se estaría teniendo en acción a supuestos «disidentes» (que Rodrigo Londoño, «Timochenko», señala ahora tan solo como unas «bandas» antipolíticas y desideologizadas) aún con nexos subterráneos con los legitimados en el sistema de partidos y en el Parlamento colombiano; perpetrando en conjunto acciones paralelas de tenaza vía el juego político legal y la violencia política terrorista mezclada con acciones criminales y economías ilícitas. El objetivo: la socavación del sistema político y económico colombiano vía la lucha electoral y vía la lucha armada para la obtención del poder.

El rol de Venezuela en esa posible estratagema no ha sido menor. Por medio de Hugo Chávez —y ahora con Nicolás Maduro— Venezuela dio acogida durante años a las Farc abonando su camino posterior y calculado hacia la «legalidad». La cúpula guerrillera fariana se sacó la lotería patrocinada por el castrismo y en La Habana como ámbito de negociación. El mejor plan para su jubilación política luego de décadas de acciones narcoterroristas y criminales.

Sin caer en la equiparación, «Timochenko», presidente del hoy partido político Farc, se convirtió así en una suerte de versión sudamericana de Hassan Nasrallah, el secretario general del grupo terrorista Hezbollah y cabeza de su «brazo político» legal dentro del sistema político libanés. Una posición que cualquier guerrillero o terrorista astuto podría ambicionar: el de la impunidad total y la posibilidad de ser un legitimado representante político.

A la par el «brazo armado», terrorista o guerrillero continuaría operando supuestamente disociado del legalizado «brazo político» oficial.

Hoy el narcoterrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece querer recorrer la misma ruta de jubilación a manos llenas e impunidad garantizada. Que no sorprenda que de darse una claudicación gubernamental con los del ELN, aparezcan también sus propias «disidencias sin móviles políticos».

Cabe señalar que los facilitadores de la actual dinámica resultante en la que están imbuidos las «ex-Farc» y el ELN, o sea, los líderes del chavismo cívico militar venezolano, afrontarán en algún momento acusaciones judiciales penales e internacionales. Procesos de gran envergadura por tratarse no solo de una fuerza criminal organizada, sino que además domina todos los resortes de gobierno e institucionales de un país. En esencia, un usurpado mandato de signo criminal poseedor de un enorme poder político incontrolado.

Y hay que resaltarlo: este mandato criminal no solo se empoderó durante la era de Maduro. El mismo Chávez construyó con eficacia —y colosales aliados antioccidentales— los cimientos incluyendo a peligrosos actores delictivos externos. «Las FARC y el ELN no son cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos del pueblo que tienen un espacio en Colombia y un proyecto bolivariano que aquí en Venezuela es respetado», peroraba a viva voz Chávez ante las masas en 2008 para justificar la protección que tendrían —hasta hoy— en territorio venezolano los narcoguerrilleros colombianos.

La «hezbolización» es un proceso apetecible para cualquier grupo terrorista actual que busca, entre otras cosas, su longevidad. Es decir: tener un pie en la legalidad a través de un «ala política» y otro pie en la ilegalidad que nunca cede por medio de la violencia de un «ala militar» armada o —en una de sus innovadoras versiones— vía las fuerzas «disidentes» supuestamente sin fines políticos ni ideológicos (que ambas ramificaciones se muestren enfrentadas o fraccionadas puede ser fácilmente una apuesta táctica).

A miles de kilómetros de América, en tiempos de guerra interna «la transformación de las milicias» proiraníes en Siria (en la guerra civil) y en Iraq (enfrentando a ISIS) en «actores políticos prominentes» se ejemplifica con la evolución de los grupos extremistas chiítas en versiones que intentan imitar al Hezbollah del Líbano (Ranj Alaaldin, 2018).

Irán ha ido usando el «modelo Hezbollah» —su criatura— para entrenar a estos grupos afines (como la Organización Badr, Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq, Harakat al-Nujabaa, las Fuerzas de Movilización Popular) y dominar espacios y conflictos en Oriente Medio. La penetración va por llenar los vacíos de poder estatales brindando seguridad, servicios públicos paralelos, etc… persiguiendo objetivos finales de popularidad y legitimación política (como escaños parlamentarios y puestos ministeriales) en medio del caos y de poblaciones desesperadas.

A inicios de los ochenta el proiraní grupo Hezbollah en el Líbano mutó de una organización terrorista de «vanguardia revolucionaria» afanosa en derrocar violentamente al poder oficial y gubernamental, a una «organización terrorista hibrida» (Eitan Azani, 2013) apostando por instrumentos políticos legítimos —como las urnas electorales—, pero insistiendo con el mismo objetivo del derrocamiento violento del régimen. Hezbollah fue un prototipo, el primer molde de un grupo de esta naturaleza y evolución.

Siguiendo la mutación, la organización chií ingreso a la política libanesa en la década del noventa. Se convirtió en un partido político, en un ente con peso no menor en el sistema político. Así, mantuvo su operatividad en el terreno «militar» y violento «para eliminar a sus rivales», complementándolo con la «lucha legal» en el terreno político y actuando en el plano de la «acción social» y la «educación religiosa». Todo en simultáneo y «caminando al límite» (Eitan Azani, 2011) del tensionado proceso político.

En suma, Hezbollah se metamorfoseó de «una organización terrorista ilegítima a un partido político legítimo», obteniendo cuotas de poder en el Gobierno libanés a punta de operativos astutos y exitosos equilibrios.

Ese éxito le dio la oportunidad de obtener impunidades selectivas, manteniendo a salvo a sus operadores, su estructura orgánica de fondo y su accionar ambivalente de combate político legal e ilegal. Las actividades financieras y económicas ilícitas obraban en simultáneo. Bingo.

Las Farc podrían haber alcanzado seguir una evolución parecida. Guardando las distancias en la naturaleza de sus propios procesos (sin obviar las alianzas subterráneas como las que tendrían hoy las «ex-Farc» —y también el ELN— con Hezbollah en suelo venezolano y colombiano), la narcoguerrilla parece haber estado bajo similar apuesta. Es decir, operando con una rama legalizada y partidaria aparentemente disociada de sus activas «disidencias sin motivaciones políticas» y que no aceptaron la «paz negociada» evitando la desmovilización.

Esa posible y conveniente bicefalía inconfesada, ese accionar entre el juego político legitimizado y la violencia política y la criminalidad transnacional al mismo tiempo, se despliega ya sin importar la frontera que divide Colombia y Venezuela.

En el contexto colombiano esa dinámica prosperó (el ELN también pretende su «proceso de paz» con impunidad y su propia «hezbolización». Según informes, el ELN colombiano está además presente en al menos 13 de los 23 estados de Venezuela) gracias a la poca cautela de un sistema político democrático inadvertido e ingenuo, por decir lo menos.

En suelo venezolano la dinámica sí agarró tracción gracias a una abierta complicidad. Allí, un «proceso revolucionario» e ideológico se mezcló con operaciones económicas corruptas e ilícitas y oscuros y violentos juegos de poder. El castrochavismo habría sido el gran patrocinador de estos desafíos violentos políticos y delictivos que cruzan las porosas fronteras.

El proceso de «hezbolización» de las FARC y potencialmente la del ELN (sobre todo si se instala un gobierno funcional a esos objetivos en Colombia) se fue dando catapultado por ese contexto propicio de nexos entre el terror político y la criminalidad organizada.

Los cómplices directos e indirectos de estos avances en Latinoamérica y el Caribe no han sido pocos.

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