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El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, vuelve al ojo del huracán, no solo con la reciente imputación hecha a varios miembros de la cúpula del partido Podemos por financiación ilícita, sino también como el centro de unos informes que podrían estar en manos del rey emérito Juan Carlos de Borbón y tendría acusaciones contra la actual gestión.
De acuerdo con un seguimiento hecho por Periodista Digital, tanto el proceder de Pablo Iglesias como de Pedro Sánchez, primer ministro de España, serían los motivos por los que don Juan Carlos habría dejado el país hace varios días, con destino que hasta ahora es secreto.
Según lo informado por diversa fuentes, el rey emérito de España podría estar de regreso aproximadamente el 10 de septiembre para dar a conocer una serie de documentos que señalan a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de ser los principales responsables de orquestar una campaña para dañar a la Corona, así como las intenciones de acabar con la Constitución de 1978.
Una nueva mancha en la historia política de Pablo Iglesias
Desde sus inicios, Iglesias se ha caracterizado por un encendido discurso que va en consonancia con varios de los regímenes opresores del mundo que respalda, entre ellos la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, desde donde habría recibido al menos 272 325 dólares en pagos por asesoría, de acuerdo con Ok Diario.
Investigaciones de esta naturaleza pusieron en evidencia la millonaria financiación destinada a los líderes políticos que luego fundarían Podemos, quienes aupaban de manera desmedida el accionar del régimen venezolano.
Nombres como el de Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, así como otros militantes del partido de Iglesias, también han sido ligados a investigaciones por malversación de fondos.
Asimismo, investigaciones como las dadas a conocer recientemente sobre el caso de la “Caja B” o contabilidad paralela del partido forman parte del abultado libro de denuncias para Podemos, partido que actualmente está imputado ante el Juzgado de Instrucciones número 42 de Madrid como persona jurídica por los presuntos delitos de malversación y administración desleal.
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