El presidente de Perú, Martín Vizcarra, fue denunciado penalmente por genocidio. El origen de este procedimiento se basa en las cifras de fallecidos por COVID-19 reportadas por el Ministerio de Salud, que ascienden a más de 27 000 personas.
La denuncia fue hecha ante la Fiscalía Penal de la nación por Liliana Humala, prima del exmandatario Ollanta Humala y su hermano Antauro Humala, quien actualmente afronta una condena de 19 años de prisión efectiva por su responsabilidad en las muertes cometidas durante el movimiento de las protestas insurgentes llamado “Andahuaylazo”, ocurrido en 2005.
De acuerdo al portal Diario Correo, en el documento consignado se atribuyen causas como la lesión grave a la integridad física o mental a los miembros de los grupos vulnerables y el sometimiento de grupos sociales “a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física”.
De acuerdo a Liliana Humala, la denuncia que ha iniciado surge para enfrentar un denominado “agravio de esa porción importante de la población peruana que asciende a más de 50 000 muertos y más de 400 000 contagiados con riesgo a la muerte”.
Sin embargo, este proceso que hoy inicia la denunciante está lejos de terminar o siquiera iniciar. El presidente Martín Vizcarra no podrá ser investigado por este delito debido al cargo que ocupa. Es decir, la denuncia en su contra podrá tener efecto cuando culmine su gestión en julio de 2021.
El crimen de genocidio, por el cual se le acusa a Vizcarra implica un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad” y está tipificado en el capítulo V del Código Penal Peruano.
En caso de comprobarse la culpabilidad de la que habla Liliana Humala en la población peruana, el genocidio tiene una pena de al menos veinte años.