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Tres buques petroleros provenientes de Irán —Forest, Fortune y Faxon— han quedado sin modo de ser rastreados tras la desactivación de sus dispositivos de ubicación. Una medida que generó sospechas entre los rastreadores de barcos globales, cuya hipótesis ronda la posibilidad de una nueva entrega de combustible a Venezuela.
De acuerdo con The Associated Press, dichos barcos formaban parte de los cinco que entregaron un cuantioso cargamento de gasolina en mayo a la dictadura venezolana. Esta maniobra de encubrimiento orquestada desde Teherán tiene como finalidad evadir la detección de Estados Unidos, que busca bloquear todo tipo de envíos de esta naturaleza a Venezuela, como parte de las sanciones impuestas contra la dictadura encabezada por Nicolás Maduro.
Al ser consultado por AP, el cofundador de la firma independiente de rastreo de petróleo TankerTrackers.com, Samir Madani, aseveró que los iraníes experimentan semanalmente con nuevas tácticas evasivas, un indicio que abre la posibilidad de que los tres barcos puedan hacer el viaje a Venezuela con los transpondedores apagados.
A su vez, Madani añadió que estos buques se ajustan al patrón de un envío anterior a Venezuela, un hecho que indica una entrega especial, pues recordó que la mayoría de las exportaciones de gasolina iraníes son enviadas por medio de barcos extranjeros.
Aunque no ha habido un pronunciamiento por parte del embajador de Irán en Venezuela, en caso de ser corroborada esta hipótesis sobre el envío de un nuevo cargamento de combustible, sería la tercera vez en este año que el régimen de Hasán Rohaní da «bocanadas de aire» a la tiranía de Maduro a través de estrategias de esta naturaleza.
Aparte del combustible que llegó en mayo a Venezuela, en agosto cuatro buques con 1,1 millones de barriles de gasolina fueron confiscados por Estados Unidos, como una maniobra para sitiar al régimen venezolano, por medio de sanciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Dicha incautación, aprobada previamente en julio por un juez del distrito de Columbia, fue ejecutada tras una serie de alegatos presentados por cuatro fiscales estadounidenses, quienes argumentaron que en dicha transacción —que tenía como beneficiaria a Venezuela— hay un aprovechamiento directo por parte de la Guardia Revolucionaria de la teocracia islámica, organización designada como terrorista por Estados Unidos.
