El número trabajadores de la salud que han fallecido en Venezuela a causa de la COVID-19 sigue en aumento. Ahora se ha alcanzado la preocupante cifra de 115 muertos. Esto pone en estado de alarma a quienes también trabajan dentro de esta área en un país que vive al borde de una crisis sanitaria debido a la falta de recursos económicos para nutrir los centros asistenciales.
Esta crisis también alcanza a otros países de América Latina, región que ha sido gravemente golpeada por la pandemia del coronavirus. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al menos 570 000 médicos se han contagiado de COVID-19, 2 500 de ellos han muerto.
En dicha oportunidad, la representante de la OPS, Carissa Etienne, dijo que el personal de salud trabaja bajo una serie de condiciones que se agravan a diario. Esto debido al crecimiento exponencial de casos que se ha dado en América Latina.
Sin embargo, aunque varios países cuentan con lo mínimo para hacer frente a esta enfermedad, en Venezuela la decadencia que existe en los centros asistenciales —producto de la falta de implementos para el cuidado de pacientes y el personal médico— ha terminado por acelerar el proceso de contagio en estos lugares.
Entre los médicos entrevistados por el Financial Times, el patrón de respuesta fue el mismo: no hay guantes, máscaras, ni cuentan con agua limpia. La mayoría de los centros asistenciales no tiene acceso a cloro o jabón desinfectante en su defecto.
En los consultados también reinó el anonimato para evitar la persecución por parte de la dictadura venezolana a quienes traten de visibilizar la escasez de herramientas médicas que es cada vez mayor, como fue el caso en abril de Andrea Sayago, una bioanalista que residía en el estado Trujillo y que le realizó varios exámenes al primer paciente diagnosticado con COVID-19 en el hospital donde laboraba y tras alertar a sus colegas —vía WhatsApp—, el día siguiente fue coaccionada para renunciar debido a que, según el régimen socialista, sus mensajes llamaban al «terrorismo».
Sayago tuvo que renunciar y luego fue arrestada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), también conocida como la policía política del régimen venezolano, que la tuvo en prisión durante dos días, luego fue puesta bajo arresto domiciliarios, en el que ya lleva cinco meses.
Sumado a ello, se conoció el caso de Rubén Duarte, un enfermero que fue detenido en el estado Táchira en marzo de este año por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tras haber propagado un video en el que denuncia la falta de insumos en el Hospital Central para atender a pacientes con COVID-19. De acuerdo con el portal Analítica, Duarte fue liberado tras 24 horas de estar detenido y los insumos llegaron al centro asistencial «pese al amedrentamiento por parte de las autoridades».
«En Venezuela hoy, ni siquiera se puede compartir un mensaje privado criticando al gobierno de Maduro a través de WhatsApp sin temor a ser procesado», dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Américas, en declaraciones tomadas por el Financial Times.
El diputado José Manuel Olivares ha sido un arduo defensor de los médicos venezolanas y ha denunciado en múltiples ocasiones las tétricas condiciones con las que trabaja el personal de la salud en el país. En reiteradas ocasiones ha señalado al régimen de Maduro de esconder y “maquillar” las cifras de los infectados por COVID-19, una cantidad mayor que la oficial.
Hasta el momento, seis figuras que rodean a Maduro se han contagiado con COVID-19, un indicio de que el virus se encuentra extendido en el país. Irónicamente, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, contó a modo de anécdota cómo el hospital de Fuerte Tiuna donde se encontraba —tras haberse enfermado por el virus— no contaba con el servicio de agua.
«Un día me levantaron y no había agua porque se había dañado una bomba. Yo llamé a todo el mundo, a todos los responsables, y decía: no estoy reclamando por mí porque yo puedo reclamar, pero qué pasa con el que está en otro hospital y se le va el agua», relató un Diosdado Cabello supuestamente sorprendido ante un evento que se vive a diario en el país y que se denuncia de manera reiterada.
Desde mediados de marzo inició la cuarentena para frenar los contagios de COVID-19 en Venezuela, una medida que ha mostrado ser poco menos que efectiva en este contexto, donde muchos venezolanos desafían las restricciones que se le imponen obligados por la situación económica en la que se encuentra el país debido a las políticas socialistas implementadas por el chavismo.
La Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno interino ha hecho pública en reiteradas ocasiones las denuncias en torno a la falta de capacitación e instrumentos quirúrgicos para trabajar, al tiempo que rechazó la incongruencia que existe entre los reportes que tienen los centros de salud y los informes que se emiten desde la dictadura venezolana, que gozan de poca credibilidad.
Las historias que se tejen alrededor de la COVID-19
Uno de los casos que evidencia el deterioro que enfrenta la sociedad venezolana con la llegada de la pandemia del coronavirus es el de Andrea Requena, un nombre más de los que engrosa la lista de pacientes contagiados con esta enfermedad que ha terminado por sumir a las familias en el caos propio de esta crisis sanitaria.
Andrea, quien está embarazada de ocho meses, se contagió luego de que, al parecer, un familiar con el que tuvo contacto muriese de COVID-19. Esto ocasionó que por su condición los síntomas se agravaran y terminaran por ser trasladada a un centro asistencial ubicado en San Juan de los Morros, ciudad que se encuentra en el centro del país, donde su familia debía monitorear su tratamiento a través de terceros, debido a las restricciones para ingresar.
Familiares de Andrea se mantuvieron a las afueras del centro de salud por más de una semana. El estrés que acarrea la situación de no tener un espacio para pernoctar por el cierre de los hoteles y el recelo de las personas que evitan estar en contacto con alguien cuyo entorno haya tenido presente a la enfermedad, llevó a su hermano Carlos Requena a dormir sentado en las afueras del centro hospitalario.
La madre de los hermanos Requena se encontraba dentro del hospital al cuidado de su hija en un área adecuada para los pacientes, sin tener acceso a los requerimientos más mínimos para evitar el contagio. Fue allí, bajo esas condiciones, que tras cinco días de este patrón de desgaste que Carlos Requena sufrió convulsiones, asociadas a la falta de sueño, la mala alimentación y el estrés al que se vio sometido durante casi una semana, comentaron familiares para el PanAm Post.
Hoy con la paciente más estable y respondiendo sin ayudar de un respirador, la familia Requena empieza una nueva cruzada: esperar una semana más en estas condiciones, para volver luego al pueblo aledaño desde donde fueron trasladados.
Casos de esta naturaleza se ven a diario en un país donde los médicos trabajan sin recursos para atender a pacientes con graves condiciones preexistentes y una deplorable situación económica, en medio de las penurias que suponen no conseguir medicamentos o en su defecto instrumentos para tratar este mal.
Esto ocurre ante la mirada impasible de un régimen que persigue a quienes alertan sobre el déficit en materia de salud y les encierra para evitar que causen “caos” en una población que tiene más presente que nunca las desavenencias que enfrenta un país y un personal médico a punto del colapso.