El homicidio del capitán colombiano Javier Herrera en aguas venezolanas fue titular de varios periódicos en febrero de este mismo año. Según revelan investigaciones de la agencia Reuters, en agosto 2019 “poco después de entrar en aguas venezolanas, el motor de la embarcación falló, lo que llevó a Herrera a pedir ayuda por radio”. En lugar de recibir asistencia, “agentes venezolanos abordaron el barco y robaron sus pertenencias personales”. En las cercanías del puerto de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui, “buscaron extorsionar al capitán, amenazando con acusarlo a él y a la tripulación de contrabando de combustible, a pesar de que su bodega estaba vacía”.
Desde entonces (7 de agosto de 2019) señala Reuters, el capitán colombiano Javier Herrera y su tripulación “flotaron en un limbo legal” porque “militares custodiaron el barco durante los siguientes seis meses, hasta que el capitán colombiano fue asesinado”.
En febrero cuando se dio a conocer el asesinato de Herrera a bordo del buque carguero San Ramón, no había una hipótesis clara sobre lo ocurrido, más allá del hecho en sí —aunado a la información del robo de $20 000 dólares del barco— donde viajaban siete colombianos, dos venezolanos y un cubano como parte de la tripulación, se atribuía el hecho a un grupo de piratas.
“Un contramaestre, que se asomó desde su cabina durante el ataque, dijo a Reuters que vio a hombres enmascarados con botas militares negras idénticas a las que llevaban las tropas que custodiaban el barco”.
La tripulación del San Ramón comenzó su viaje desde Guyana en julio de 2019 con destino a Colombia. La inseguridad en Venezuela y las sanciones de Estados Unidos que aluden el bloqueo del comercio con el régimen de Maduro, dificultaban el viaje en primer lugar porque el barco tenía dos propósitos, mantenimiento de su estructura y llevar un cargamento de 37.000 litros de diésel venezolano.
Posteriormente, Reuters reveló que en marzo 2020, tras una serie de investigaciones por parte de la policía forense, un tribunal estatal ordenó la detención de tres marineros de la Armada de Venezuela y cuatro soldados de la Guardia Nacional, estas personas acusadas habían pasado tiempo a bordo del petrolero en las semanas previas al crimen, según testimonios de seis miembros de la tripulación que detallaron lo ocurrido a la agencia de noticias.
Los oficiales que fueron arrestados, entre ellos Edgard Amundaraín, Josmil Pérez y Víctor Maleno, enfrentan cargos de asesinato, robo con agravantes y posesión ilegal de armas de fuego por su presunto papel en la muerte del capitán. Estas acusaciones, sumado al modus operandi de este homicidio revela que no solo los piratas abundan en las aguas venezolanas, sino que los propios funcionarios “presuntamente” son copartícipes de acciones contra el comercio marítimo.
Las cifras que manchan al régimen
Entre las críticas contra el régimen de Nicolás Maduro, el aumento en cifras del crimen tanto organizado como de delitos menores, es uno de los señalamientos más recurrentes que se hacen, debido a los hechos de corrupción que existen en Venezuela, que involucran no solo a los personeros del chavismo, sino también a funcionarios, policías y militares.
De acuerdo con Provea, una ONG especializada en el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Venezuela, citada por la agencia EFE, al menos 1 500 personas han fallecido en manos de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, en ejecuciones extrajudiciales. Las cifras corresponden a los primeros seis meses de 2020.
Aunado a ello, el informe de la Organización de Naciones Unidas que refleja los delitos de lesa humanidad cometidos por la tiranía de Nicolás Maduro, en las que figuran entidades de seguridad estatal que perpetraron las graves violaciones de los derechos humanos.
Entre las denunciadas ante la ONU estuvieron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También se incluyen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las policías estatales y municipales.