La sentencia que pesa sobre el expresidente Rafael Correa por el polémico caso “Sobornos 2012-2016” fue declarada en ejecución este miércoles por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador. El juez Iván León, uno de los que lleva la causa, ordenó su arresto, en conjunto con los demás involucrados.
De acuerdo con Efe, el jurista dispuso el inicio de los oficios respectivos a las autoridades policiales para la «inmediata localización y captura» de los sentenciados por este caso, entre ellos Correa, quien tiene una pena de ocho años de prisión por cohecho, imputación que le invalidó su derecho a participar en elecciones.
Correa se encuentra residenciado en Bélgica desde 2017. Se mudó a este país, de donde es oriunda su esposa, poco después de dejar el poder tras gobernar una década en Ecuador.
Además de Correa, su segundo vicepresidente, Jorge Glas, y 18 personas más también fueron condenadas. Entre ellos figuran Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, Pedro Verduga, William Phillips, Leonardo Córdova, Teodoro Calle y Aateo Choi.
El magistrado también ordenó que se remita un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que la condena dispone «la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena», es decir, por ocho años, según El Comercio.
En lo que concierne a Correa y Glas, también dejarán de percibir sus pensiones vitalicias por haber estado al frente del Ejecutivo nacional. Esta medida tiene como base la aprobación de la Ley Humanitaria, cuya disposición indica que se dejará sin estos beneficios a mandatarios que no concluyan el periodo para el que fueron electos, a causa de un cese de funciones o a quienes hayan sido sentenciados por delitos de peculado o cohecho, entre otros.
En lo que respecta a los temas relacionados con la reparación integral, los jueces dispusieron un pago de 14,7 millones de dólares fijado como reparación integral. Los autores por instigación, coautores y autores directos pagarán 778 224 dólares cada uno, mientras que los cómplices se verán en la obligación de abonar 368 632 dólares, dentro de los 30 días posteriores a la ejecución del proceso.
El caso “Sobornos 2012-2016” alude a una red de corrupción en la que se recibieron «aportes indebidos» con el objetivo de financiar de manera irregular el movimiento político oficialista Alianza País al que pertenecía Correa hasta 2018, a cambio de la adjudicación de contratos del Estado a empresas. Odebrecht era una de ellas.