English Version
EnglishEsta semana, un escándalo ha sacudido al Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA). El escándalo estalló cuando salió a la luz pública que listas secretas de espera en los hospitales del VA ocasionaron la muerte de veteranos que hubiesen podido salvarse.
La revelación es nueva, pero no sorprendente. Se sabe que el VA es uno de los órganos gubernamentales más disfuncionales, con una burocracia enorme que a menudo fracasa en la administración de los beneficios de los veteranos que son la razón de su existencia.
El VA tiene un presupuesto de unos US$140 millardos según el último presupuesto federal, incluyendo más de US$80 millardos en beneficios directos para los veteranos. Estos beneficios son variados, pero los más importantes son los dedicados a la educación, ayuda para la vivienda y cobertura médica. El beneficio en educación en gran medida se otorga a través de la “Ley G.I.“, una ayuda monetaria para cursar una carrera universitaria. La ayuda para la vivienda se compone sobre todo de garantías subsidiadas para préstamos hipotecarios. Por último, el beneficio más notable es el sistema de hospitales administrados por el VA.
Es de común conocimiento que los hospitales administrados por el gobierno han brindado atención deficiente en los últimos años. En 2007, el Washington Post reveló el descuido generalizado en el Centro Médico Walter Reed Medical del Ejército. Los problemas surgieron a partir de la manera en que están configurados los beneficios para la salud de los veteranos. El VA se jacta en su sitio web de ser “el sistema integrado más grande de asistencia médica en Estados Unidos con más de 1.700 puntos de atención, sirviendo a 8,76 millones de veteranos cada año”. A medida que más y más personas revelan deficiencia en la atención y la negligencia en los hospitales del VA, la pregunta natural a hacerse es “¿existe una alternativa mejor?”.
La respuesta es positiva, porque existe una alternativa de la que se beneficiarían no sólo los veteranos, sino la nación entera. En pocas palabras, los hospitales de veteranos deberían ser privatizados y la extensa lista de beneficios médicos deberían convertirse en simples subsidios asistenciales. La configuración de estos subsidios podría hacerse de varias maneras distintas. Un método sería reformar y ampliar el sistema de seguro de salud militar TRICARE, que muchos veteranos ya han utilizado durante su servicio. TRICARE es, a decir verdad, otro programa costoso y que necesita reformarse. El otro método sería simplemente aceptar un cierto nivel de subsidios directos en efectivo a los veteranos como compensación por las lesiones relacionadas a su carrera militar. Estos subsidios podrán ser utilizados para pagar por el servicio médico de hospitales privados en todo el país, sin la necesidad de enfrentarse a la burocracia del VA y las esperas hospitalarias para recibir atención. Esto no sólo simplificaría y facilitaría la administración de los beneficios sanitarios de los veteranos, sino que también reduciría gran parte de la burocracia innecesaria de la que los veteranos se quejan frecuentemente.
Ambas opciones liberarían al VA de la necesidad de poseer y administrar su gigante red hospitalaria. Esto permitiría que el sistema sea privatizado, lo cual eliminaría de raíz el problema de la atención médica. Muchas (si bien no todas) las instalaciones podrían permanecer en funcionamiento, pero tendrían más incentivos para mejorar su atención a fin de competir por pacientes, veteranos y no veteranos por igual. Uno de los problemas planteados por el reciente escándalo es que los médicos de VA a menudo son especialmente ineficientes. Mediante la introducción de algún tipo de incentivo lucrativo, los médicos de estos hospitales se verían obligados a trabajar más duro, recibir a más pacientes y mejorar la atención.
La situación de los veteranos mejoraría porque ya no estarían limitados a los hospitales del VA para recibir atención y podrían buscar alternativas en hospitales privados normales. Esto se traduciría en una mayor comodidad, en diferentes formas de atención, o en una mayor calidad y tiempos de espera más bajos. Todo esto además de los beneficios para la sociedad en general, ya que la privatización de las instalaciones del VA permitiría que la comunidad disfrute de ellas, dándole más opciones de servicio médico. Además, habrían ganancias puntuales de la venta de los hospitales del VA al sector privado, que, dado el tamaño del sistema, alcanzarían sumas extraordinarias y podrían compensar el costo de la transición a este modelo público-privado. Por otra parte, los gastos de administración y mantenimiento en que se incurre para mantener este gigantesco sistema caerían, debido a que los costos gubernamentales de contratación pública y construcción son notoriamente altos.
El hecho es que el VA ha fallado en su única misión. Es un departamento con rango de gabinete independiente dotado de un presupuesto de US$140 mil millones, con el único objetivo de proporcionar beneficios a aquellos que sirvieron en las fuerzas armadas y a sus familias. La ineficiencia, los largos tiempos de espera y los costos altísimos demuestran que el departamento no ha logrado su misión desde cualquier punto de vista aque se lo mire. Los veteranos se merecen algo mejor que ser maltratados por la misma burocracia cuyo objetivo es precisamente el de ayudarlos luego de dejar el ejército.
Si este escándalo nos ha enseñado algo, es que las organizaciones a cargo del Estado, incluso bajo el nombre de hospitales de veteranos, carecen de los incentivos necesarios para ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes, y que harán todo lo posible para apaciguar a quienes pagan sus salarios. Los problemas no desaparecerían en este nuevo sistema público-privado, pero sería mejor de lo que tenemos ahora.
Y es que, francamente, no sería muy sensato creer que la calidad del servicio del sistema pueda hacerse aun peor de lo que es.
