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English La reforma de salud impulsada por Barack Obama está desvaneciéndose de la conciencia pública, informa Bloomberg en un artículo reciente. La nota señala como los Republicanos han alejado su foco de la reforma de salud en los anuncios de campaña para las elecciones venideras.
No quedan dudas de que la furia inicial sobre el asunto ha menguado, mientras el impacto de su adopción y los subsecuentes fracasos en su implementación se van esfumando como memorias distantes. Sin embargo, los problemas subyacentes que alguna vez enfadaron a la nación no han desaparecido en lo más mínimo.
El “mandato individual” de que todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales compren seguro de salud perdura, a pesar de la disputa que llegó hasta la Corte Suprema en 2012. La decisión de la Corte marcó el final de una era en la cual los ciudadanos podían elegir por ellos mismos si adquirían o no un seguro de salud.
Hay varias razones por las que este mandato es problemático. Por supuesto, están las razones prácticas respecto de la selección adversa en los mercados de seguro y un nivel muy básico de comprensión entre el púbico acerca de cómo funciona el seguro. Luego están las cuestiones más amplias, como la libertad de elección y el adecuado rol del Estado.
Sin embargo, estos temas prácticos y morales no son mutuamente excluyentes. Cuando el Estado limita la elección en casi todos los aspectos, desde licencias ocupacionales hasta el uso de la tierra, alguien pierde, ya sea de directa o indirectamente.
Cuando una ciudad limita cuán alto pueden ser los edificios en una zona determinada, los constructores, que hubiesen erigido edificios más altos, saldrán perdiendo. Peor aún, los inquilinos de ingresos bajos también son afectados de manera adversa con un incremento en los costos de la vivienda como resultado de este tipo de regulaciones.
En el caso de la reforma de salud, aquellos que de lo contrario no comprarían un seguro pierden de forma directa, e inmediatamente deben afrontar costos más altos.
Además, al ordenar a los ciudadanos saludables, jóvenes, pero más pobres, a adquirir el seguro, la reforma también está redistribuyendo indirectamente una porción de sus ingresos hacia la población mayor y más rica que es más probable que aprovechen los beneficios.
Y, desde allí, las cosas solo pueden empeorar.
Por ejemplo, la ley amplió el alcance de los productos de salud que los seguros deben cubrir. Los individuos ya no tienen la opción de elegir un plan que únicamente ofrezca las prestaciones que creen que necesitan, con menores costos asociados.
¿Por qué todos necesitan cobertura para medicamentos recetados, servicios de rehabilitación y cuidados maternales? El Gobierno parece pensar que sería lindo que todo el mundo tuviese acceso a estos servicios. La pregunta es, sin embargo, ¿deberíamos estar forzados a pagar por servicios que no necesitamos o no pretendemos utilizar, especialmente cuando la única alternativa es renunciar al seguro por completo y pagar una multa?
Incluso los menos favorecidos deben soportar esta carga, aquellos que se encuentra constantemente forzados a optar entre las necesidades básicas para vivir. ¿Es justo forzarlos a ellos a pagar por servicios que podrían no necesitar, o, igual de probable, que no comprenden?
Aunque es verdad que existen subsidios asociados a la reforma sanitaria para ayudar a cubrir esta carga bajando el costo de aseguramiento para aquellos que no pueden pagarlo, las subvenciones traen aparejadas sus propios problemas.
Siempre existen ataduras en este tipo de programas, incluso en aquellos que otorgan beneficios a los pobres. Estas personas podrán recibir beneficios en efectivo de forma directa, pero deben sacrificar su tiempo y carga mental de buscar un plan de seguro, registrarse correctamente, pagar las primas, recibir los subsidios de compensación, y otras tareas relacionadas.
Para algunos puede tratarse de algo trivial, pero estos son problemas legítimos para las numerosas personas que no cuentan con acceso a internet, el 7,7% del país que no una posee cuentas bancarias, y un gran número de analfabetos informáticos, complicando el proceso de registro. El hecho es que una parte considerable de la población se ve obligada a pagar un alto costo en tiempo y esfuerzo, que puede ser muy oneroso, a pesar del beneficio neto en efectivo.
Incluso los programas gubernamentales que “no tienen costo” para el individuo no son gratis. Más allá del tiempo y el esfuerzo, hay que considerar la ausencia de la posibilidad de elegir, así como otras distorsiones. Cuando los Gobiernos tratan de regalar cosas “gratis” —a una tasa altamente subsidiada— inevitablemente surgirán problemas.
Como es el caso en Venezuela con su programa de escasez, en Canadá con los largos períodos de espera para un cirugía, en Washington D.C. con su problema de programas de viviendas accesibles, y así podríamos seguir.
La reforma de salud de Obama es uno más de una larga lista de programas gubernamentales que enfrentan las mismas limitaciones. Como Milton Friedman diría, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, y esta regla también se aplica a los planes de salud gratuitos.
