EnglishLos Estados de la unión norteamericana están en problemas, y es mucho peor de lo que se cree. Al menos esa es la conclusión del informe difundido recientemente por Verdad en la Contabilidad, una organización dedicada a monitorear la transparencia de los presupuestos estatales.
¿Pero cómo es posible que ocurra esto cuando la ley le exige a la mayoría de los Estados presupuestos equilibrados? Estos problemas aparecen debido a que las exigencias presupuestarias son fáciles de esquivar, habitualmente sólo se aplican a los gastos actuales y casi nunca se consideran las compensaciones por retiro prometidas a los empleados actuales.
¿Qué tan grave es el problema? Solo nueve Estados tienen activos que alcanzan a cubrir sus obligaciones actuales, mientras que otros 41 no poseen los recursos para afrontar sus cuentas cuando, en el futuro, venzan sus obligaciones jubilatorias.
Esta situación nos introduce a un par de importantes asuntos relacionados con el tema. En primer lugar está la transparencia gubernamental. Cuando los Estados dicen tener presupuestos equilibrados, los votantes les creen. La mayoría de los votantes no son analistas políticos que se sumergen en informes técnicos, incluso unos pocos podrían definir el concepto de “pasivo no financiado”. Al afirmar que presentan presupuestos equilibrados, ignorando obligaciones futuras, los Gobiernos estatales están deliberadamente engañando a la población.
Cuando se prometen gastos y no se los financian, los contribuyentes actuales no sienten el impacto de los costos de los servicios gubernamentales que consumen, deliberada o tácitamente, a través de la burocracia. Más allá de la intención de los políticos de admitirlo o no, todos los gastos deben ser pagados en algún momento. Ya sea a través de los impuestos vigentes, futuros impuestos, o inflación. Además, esto oculta de los individuos el coste de un Gobierno.
Esto nos lleva al segundo tema: La transferencia generacional de la deuda. Cuando los Estados prometen pero no pueden financiar las pensiones futuras de los jubilados, transfieren el costo de los trabajadores que actualmente proveen servicios de la actual generación hacia futuras generaciones. Esto es un problema, tanto desde un punto de vista moral como práctico. Pocas personas desean que sus herederos nazcan endeudados, y la transferencia generacional hace justamente eso.
Por ejemplo, cuando se consideran las obligaciones no financiadas en concepto de pensiones, cada contribuyente de Connecticut está endeudado por más de US$48.000. Alguien tendrá que soportar esta carga, y los que menos probablemente lo hagan —los trabajadores de Connecticut hoy— son los mismos que se benefician de este gasto.
Connecticut será el Estado en peores condiciones, pero incluso aquellos tradicionalmente relacionados con la responsabilidad fiscal también son culpables. Los contribuyentes de Texas enfrentan una carga promedio de $6.700. En Alabama, los contribuyentes están el doble de peor con una carga de $14.000.
¿Por qué sucede esto? ¿Qué ocasiona que ocho de cada 10 Estados acumulen deuda futura mientras esconden la gravedad del problema? La respuesta reside en los incentivos de los legisladores actuales. El primero es bastante obvio: La gente que aún no nació no vota.
De manera similar, pero menos grave, está el hecho de que los votantes jóvenes tienen tasas muy bajas de participación en las elecciones. Estos hechos se combinan para otorgarles a los políticos todos los incentivos para prometer la distribución de fondos que simplemente no poseen. Los únicos que pierden son las mismas personas que tienen la menor influencia sobre la continuidad de los políticos en su cargo.
Además, existen una feroz resistencia a los intentos de solucionar estos problemas. Cuando las obligaciones son lo suficientemente altas que obligan a subir impuestos o a ajustar gastos de los programas gubernamentales, explota la indignación pública. Esto es particularmente cierto en las pensiones del sector público, sobre las cuales pocos admiten abiertamente la necesidad de un recorte.
La percepción sobre los empleados públicos es que llevan a cabo un buen trabajo en nombre del “bien común”. Nadie quiere ver como le arrebatan los planes de jubilación a sus amigos, ya sean maestros, funcionarios públicos o policías. Sin embargo, algo debe hacerse, y cuanto más tiempo transcurre el problema se agrava más.
Finalmente, existen incentivos para que los planes de retiro inflen la tasa esperada de rendimiento de los activos para minimizar la carga que enfrentan los fondos públicos. Esto bien puede ser el asunto más peligroso de los temas en análisis.
El analista de políticas públicas de la Fundación Reason Victor Nava tuvo que aclarar lo siguiente: “La utilización de tasas de retorno de inversión poco realistas puede ser perjudicial para el sistema de pensiones, porque si no se alcanza una tasa de rendimiento, se subestiman los pasivos no financiados. Las proyecciones promisorias en los libros evitan que la actual crisis en el sistema de pensiones parezca peor de lo que realmente es. La presunción de tasas de retorno más altas implica un nivel inferior de contribuciones obligatorias del presupuesto estatal, pero esconde la gravedad del problema de la deuda”.
Los Estados deben reconciliarse con el hecho de que están simplemente gastando por encima de sus medios, y deben considerar tanto los gastos actuales como los futuros a la hora de determinar los presupuestos. Estas cuentas por pagar nunca van a desaparecer, y los contribuyentes, ya sea ahora o en el futuro, se verán obligados a pagarlas.
Solo podemos anhelar que los legisladores recuperen el sentido común. De lo contrario, serán nuestros hijos y nietos sobre quienes recaerá la deuda del Gobierno que no pidieron ni se beneficiaron. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es dejar un terrible legado.