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EnglishEl Gobierno federal de Estados Unidos ha demostrado con creces que cuando se trata de revitalizar zonas deterioradas o subutilizadas se embarca un fracaso estrepitoso. No solo no mejora la situación, sino que con frecuencia empeora los problemas que pretendía solucionar. Los ejemplos abundan, incluyendo cualquier cosa en la que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano haya trabajado.
Los planificadores federales asumen que cuando desembolsan dinero de impuestos en una zona determinada, especialmente si esos dólares se traducen en empleos federales, están recurriendo a una formula mágica que inevitablemente conduce a la recuperación del lugar.
La última aplicación de esta práctica puede apreciarse en la construcción de nuevas oficinas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el campus del Hospital St. Elizabeths al sur de Washington, D.C. La Administración de Servicios Generales ha aprobado recientemente la última etapa de este proyecto de desarrollo que asciende a US$139 millones, en concepto de reformas para albergar a las oficinas del DHS.
El proyecto lleva un retraso de 11 años, un exceso de $1,5 mil millones sobre el presupuesto original y ha sido puesto bajo la lupa de la Oficina de Fiscalización Gubernamental.
La construcción es parte de un proyecto de $4,5 mil millones que busca consolidar las distintas sedes de las agencias del departamento en un sólo lugar. El proyecto lleva un retraso de 11 años, un exceso de $1,5 mil millones sobre el presupuesto original, y ha sido puesto bajo la lupa de la Oficina de Fiscalización Gubernamental.
En otras palabras, el proyecto es un típico despilfarro del Gobierno federal. Lo que lo hace diferente es el énfasis puesto sobre los beneficios que traerá a la comunidad la ubicación escogida para el proyecto.
El campus está ubicado en el corazón de una de las zonas más pobres de la capital estadounidense. Aaron Wiener del Washington City Paper señala que la primera etapa de la reforma del campus fue diseñada intencionalmente para forzar a los empleados a dejar el campus para almorzar, en un intento de revitalizar los barrios aledaños de Anacostia y Congress Heights. Hasta el momento, esto no sucedió.
Todos los indicios apuntan a que el campus está tan aislado como otras edificaciones federales en las que los empleados acuden para trabajar, cumplen con su horario, y gastan poco tiempo y dinero en las áreas vecinas. Ubicar a empleados federales en una zona en particular no ha resultado ser la maravilla económica prometida por el Gobierno.
Considerando la gama de promesas que hizo el Gobierno federal para justificar nuevos proyectos, este en particular no causa ninguna sorpresa. Incluso si el proyecto genera los ahorros prometidos, tanto en los costos de alquiler como en eficiencia, el monto total ahorrado en dinero de los contribuyentes no será de más de $1.000 millones en un lapso de 3o años. Esto sin contemplar los ingresos que se hubiesen percibido si el campus hubiese sido vendido al sector privado y utilizado para emprendimientos comerciales o residenciales.
El cálculo es simple: $1.000 millones de ahorros futuros a cambio de un gasto presente de $4,5 mil millones. Utilizar el ahorro en los costos para justificar las obras no sólo es insensato, está mal.
En resumen, este proyecto es el arquetipo de los absurdos planes de revitalización del Gobierno: sueños inflados de un nuevo barrio, promovidos por burócratas trabajando donde alguna vez hubo un hospital decrépito.
En resumen, este proyecto es el arquetipo de los absurdos planes de revitalización del Gobierno: sueños inflados de un nuevo barrio, promovidos por burócratas trabajando donde alguna vez hubo un hospital decrépito. Es un regalo para una área pobre, cortesía de los contribuyentes de todo el país, mientras el Gobierno se ahorra dinero en el futuro. ¿Es realmente sorprendente creer que nada de esto se materializará, al igual que docenas, sino cientos, de proyectos en todo el país?
Necesitamos determinar con seriedad lo que las agencias federales necesitan, en vez de lo que quieren. Una nueva sede, con todas las agencias que la integran, combinada con un resurgimiento de barrios pobres suena excelente en los papeles, pero fracasa en su ejecución. Los nuevos edificios federales deberían estar sometidos a un verdadero análisis de costo-beneficio, y que la carga de la prueba para justificar el gasto en nuevas instalaciones recaiga sobre la agencia.
Las decisiones deberían tomarse en base a las necesidades esenciales, y no deberíamos intentar lograr objetivos secundarios y accesorios con un solo proyecto, especialmente si los objetivos son conceptos vagos como “revitalización”. Denle a los agentes federales sus oficinas, construyan el espacio que necesitan para albergar a sus empleados y ya. Dejen que la gente haga la “revitalización” en sus propios términos, y no mediante la pesada y costosa mano del Gobierno federal.
