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English La historia reciente ha reflejado que los programas de asistencia social en la mayoría de los e stados de Estados Unidos aumentan dramáticamente. A pesar de que la economía está en proceso de recuperación, el gasto social continúa alto: entre 1998 y 2013 aumentó un 83%. Un nuevo informe elaborado por Diana Furchtgott-Roth, del Instituto Manhattan, examina la expansión del Estado de bienestar y las alternativas para frenar su crecimiento. Los números son sorprendentes.
Uno de los programas de bienestar más problemáticos es SNAP, un programa de asistencia alimentaria para las familias de bajos ingresos. Dejando a un lado los problemas con la existencia del programa en sí, SNAP tiene serios problemas en la forma en la que es administrado. Si bien las razones son algo técnicas, podría resumirse en que los estados han recibido el equivalente a «dinero gratis» por parte del Gobierno Federal para pagar por la mayoría de los costos del programa.
Los problemas de los programas financiados a nivel Federal y administrados a nivel estatal son casi universales. Los reformistas del Gobierno proponen como soluciones rápidas el traspaso de competencias y el federalismo para muchos de los problemas del país. Sin embargo, el federalismo funciona mejor cuando el Gobierno es más pequeño y un estado o localidad administran el programa y lo financian recurriendo a recursos provenientes de impuestos locales.
Esto no sólo evita la redistribución indirecta de las zonas ricas a las más pobres, sino que alinea los incentivos de los políticos con los de la población.
Un sistema más descentralizado aclararía quién lo está financiando, y quiénes se benefician de la asistencia gubernamental. Hay muchas buenas razones para creer que clarificar los costos y beneficios de los programas gubernamentales desembocaría en una mejor práctica de gobierno. Dejaría en claro a los beneficiarios de las ayudas que el dinero que gastan proviene de la gente que conocen, fomentando una administración fiscal responsable. Mejor aún, le ofrece mayor información a los contribuyentes acerca de cuál es el valor de lo que están recibiendo por el dinero que obtienen de ellos.
Esto no dice nada sobre el tamaño de los agregados o la composición del sistema de bienestar. El traspaso de competencias y la descentralización introducen mecanismos de cuasi-mercado para la provisión de bienestar, donde las localidades deben competir para proporcionar una combinación de impuestos y de gasto social que se adapte mejor a las demandas de los votantes. Con jurisdicciones más pequeñas compitiendo, sería realista pensar que emergerían opciones para que la gente puede optar por vivir en zonas donde la red de seguridad social se ajuste mejor a su demanda.
Furchtgott-Roth propone dos soluciones que moverían al sistema en esta dirección: en primer lugar, la limitación del gasto según la tasa de inflación, más el número de personas en la pobreza. Esto sería un control sensato ante un gasto social federal descontrolado.
Más allá de la política, las reformas de buen Gobierno tienen sentido para cualquier persona que realmente se preocupe por un Gobierno eficiente, orientado a objetivos
En segundo lugar, Furchgott-Roth propone permitir a los estados dirigir los ahorros de los programas federales de bienestar a otras áreas del presupuesto, una vez que se alcanzan criterios objetivos de reducción de pobreza. Esta propuesta mantiene la financiación federal, pero le otorga a los funcionarios estatales una razón para ejecutar programas eficientes, orientados hacia un objetivo.
Actualmente, debido a que esa financiación solo puede ser utilizada en programas de asistencia social, los estados que logran resultados utilizando menos recursos no son tratados mejor que aquellos cuya eficiencia para reducir la pobreza es objetivamente menor.
Si bien esto no es en absoluto una reforma perfecta, las propuestas de Furchtgott-Roth son el estilo de reformas de «buen Gobierno» que pueden acabar con algunos de los aspectos más innecesarios y derrochadores del gasto estatal.
El gasto social es un área donde la gente puede debatir realmente el tamaño del Gobierno como una cuestión de preferencia personal. Sin embargo, casi todos los casos asumen algún tipo de sistema eficiente de redistribución de aquellos que se encuentran en una mejor situación hacia los menos pudientes.
El sistema de bienestar actual está lejos de reducir la pobreza eficientemente, y la reforma debe ocurrir antes de pasar debates filosóficos más generales. Reformas como las propuestas arriba dicen poco acerca de lo mucho que «deberíamos» gastar en bienestar.
En lugar de ello, tratan de realinear los incentivos políticos para los que crean y administran los programas. Más allá de la política, las reformas de buen Gobierno tienen sentido para cualquier persona que realmente se preocupa por un Gobierno eficiente, orientado a objetivos.
Traducido por Sabrina Martín. Editado por Adam Dubove.
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