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English“Los hackers ahora están en posesión de todos los datos personales de cada empleado federal, cada jubilado del régimen federal, y hasta un millón de exempleados federales”: esto lo afirma una carta de la Federación Estadounidense de Empleados Públicos dirigida al director de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM).
De todas maneras, ningún funcionario federal notó esta brecha de seguridad; fue descubierta durante la demostración de un producto de una compañía de ciberseguridad. Y la falla podría haber estado allí desde hace más de un año. Creo que no es exagerado afirmar que se trata de la filtración de datos más grande de la historia del Gobierno.
Esto debería ser impactante: ¿se perdieron todos los archivos del personal? La magnitud de la filtración no tiene parangón. Al mismo tiempo, el hecho de que haya sucedido no es para nada impactante cuando uno considera los antecedentes de ineficiencia de la OPM y el fracaso general del Gobierno cuando se trata cuestiones relacionadas con la tecnología.
La OPM, que funciona como agencia de derechos humanos del Gobierno federal, es una agencia que generalmente evita el ojo público. Comparte muchas características con la también turbia Administración de Servicios Generales, una agencia sobre la cual ya hemos tratado en esta columna.
Su papel principal es administrar la fuerza de trabajo del Gobierno Federal, así de simple. Supervisa el servicio civil, y su principal tarea es asegurar que se continúe respetando el mérito y no se degenere en clientelismo. También administran los pagos federales de las pensiones a los jubilados.
Pero, en realidad, esta agencia enfrenta la misma presión burocrática que cualquier otra. Por eso, el sistema de méritos que supuestamente debe defender fervorosamente es por lo menos débil. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. (GAO), publicado en enero de este año, concluye que entre 85% y un 90% de los integrantes del Servicio de Ejecutivos Senior fueron calificados en las dos categorías más altas de un total de cinco.
Una cifra que no supera el 0,4% de los empleados públicos federales fueron calificados por debajo del promedio. El resultado es absurdo. ¿Puede alguien realista creer que, en un mundo de escándalo tras escándalo, los ejecutivos del Gobierno Federal son casi universalmente mejores que el resto?
La OPM es tan solo una pequeña parte del embrollo tecnológico del Gobierno. La última semana la GAO publicó un testimonio sobre el fracaso general del gasto gubernamental en Tecnología de Información. En los últimos cinco años, la GAO ha emitido 737 recomendaciones específicas para mejorar la infraestructura tecnológica, pero solo 23% fueron implementadas hasta el momento. Sus estimaciones indican que implementar las recomendaciones le hubiese ahorrado miles de millones de dólares al Gobierno; sin embargo, las agencias se resisten a hacerlo.
El fracaso en implementar la tecnología adecuada se ha expandido en el mundo del Gobierno. Chris Edwards, del Instituto Cato, destaca problemas que abarcan desde satélites para monitorear el medioambiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica hasta la actualización del sistema de turnos del Departamento de Asuntos de los Veteranos.
La propia OPM ha fracasado en automatizar las solicitudes de jubilación, no una, ni dos, sino tres veces, dilapidando US$231 millones en el proceso. Lo mejor que podemos decir es que, debido al fracaso en automatizar el sistema, la mala implementación podría haber impedido la filtración.
El trabajo de la OPM es bastante simple. Debe desempeñar funciones sencillas, aunque en una escala masiva. Es el perfecto paradigma de los pasapapeles, encargados de administrar al cuerpo de funcionarios y los beneficios de los empleados públicos, incluidas las jubilaciones. Un eficiente cuerpo burocrático que desempeña correctamente la tarea delegada. Esta no debería ser una expectativa irracional para un ciudadano.
Pero en el caso de las tareas asignadas a la OPM, no cumple las expectativas con ninguna de ellas. Su administración de pensiones es desastrosa, burocrática y literalmente está administrada manualmente, en archivos, dentro de una cueva en Pensilvania.
Su protección al sistema del empleo basado en el mérito claramente no funciona, si es que alguna vez existió, en primer lugar. Los informes de la GAO parecen reclamar el funcionamiento de alguna parte de la OPM cada par de meses. La burocracia no está atrayendo o reteniendo a los trabajadores jóvenes de forma confiable. Es incomprensible cómo logran esto, incluso con índices de desempleo entre los más jóvenes por encima del promedio. Y ahora, encima, se han filtrado los datos personales de todos sus empleados.
La OPM es el ejemplo fundamental de la burocracia que satisface los estereotipos que tiene la gente sobre las agencias estatales. Ha fracasado sistemáticamente en casi todas las tareas que se le han delegado. Y así, cómo resolver el problema continúa siendo un misterio. Casi todos los intentos de reforma han fracasado, y más dinero no solucionará los problemas de las agencias; hasta los podría empeorar.
Lo mejor que podemos esperar es que esta última filtración finalmente los obligue a una reforma real, completa, incluyendo el despido de los principales funcionarios de la agencia. Quizás en ese momento podríamos conversar a hablar de privatizar partes de la administración del empleo público federal, transfiriendo los riesgos a contratistas que compiten basándose en medidas objetivas. No será genial, pero no puede ser peor que la OPM.
