EnglishLa escena era de otro mundo. Un río pintado de naranja por una mezcla tóxica de metales pesados, incluyendo plomo, arsénico, y otros contaminantes. Tres millones de galones con aguas residuales fluyeron lentamente río abajo, provenientes de una mina de oro abandonada en las zonas rurales al suroeste de Colorado. Las comunidades están impidiendo la recolección de agua potable. Los turistas son advertidos de que eviten cualquier contacto con el agua contaminada.
¿La causa? No hay otra que el error cometido por la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA). El Wall Street Journal reporta detalles del incidente ocurrido el domingo 9 de agosto, señalando que el derrame fue minimizado por la EPA, y que era mucho más grande de lo que se había dado a conocer inicialmente. Más importante es que, desde el domingo, la mina sigue botando aguas residuales a una proporción de 500 galones (casi 2 mil litros) por minuto. La contaminación sigue en curso.
Este último desastre tóxico es otro ejemplo de que la EPA está fallando espectacularmente en su misión principal. Como lo he expresado en este medio antes, el Gobierno no es particularmente competente en el manejo y cuidado del medio ambiente.
El número de minas abandonadas bajo el ámbito del Gobierno federal es simplemente asombroso. En 2011, un reporte de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) reportó al menos 161.000 minas abandonadas, de las cuales 33.000 ya han dañado el medio ambiente.
Las agencias federales controlan tantos sitios de polución, con diques que frenan charcos de líquido contaminado, que este desastre era inevitable. Parte del asunto es simplemente el tamaño del problema. Estas minas abandonadas deben ser arregladas por alguien, y quedarse sin hacer nada no es una respuesta políticamente aceptable.
Pero nada establece que el Gobierno federal deba estar a cargo de los esfuerzos por remediar el problema. Estados, localidades y organizaciones privadas están más que preparadas y poseen conocimiento sobre problemas locales como las minas abandonadas.
Cuando se trata de minas abandonadas, como de muchos otros problemas políticos, la respuesta puede ser devolver el problema a los estados. Lo bello de devolverle la solución de las minas abandonadas a los estados, tiene dos caras: Justicia y eficiencia.
Desde la perspectiva justa, tiene sentido que aquellos afectados por los problemas de contaminación locales sean los que busquen remediarlo. Actualmente, personas y lugares que nunca se han beneficiado del impulso económico de la explotación minera pagan por la limpieza ambiental a millas de sus residencias.
La limpieza de minas financiada por el Gobierno federal es una redistribución que ocurre desde sectores que nunca fueron beneficiados, o están perjudicándose por la limpieza de unas minas en lugares donde las mismas han sido gran parte de su economía por décadas. Además con carreras políticas en el juego, es más probable que sea mucho mejor la supervisión de provectos como el que contaminó el río Ánimas.
Desde una perspectiva de eficiencia, los estados tienen una mejor perspectiva sobre cuáles problemas ambientales requieren atención más urgente, y pueden asignar los recursos de acuerdo con eso. Cuando emergen problemas ambientales particulares, las localidades también pueden intervenir, con dinero de los impuestos recaudados, para arreglar los problemas que afectan gravemente a sus residentes.
Los capítulos locales de las organizaciones nacionales para la recreación al aire libre, como Trucha Unlimited, u otras asociaciones de pescadores y navegantes, han estado involucrados por mucho tiempo con estos problemas, y pueden poner su experiencia a disposición con los esfuerzos por remediarlos. La sociedad civil puede, muchas veces, hacer un mejor trabajo que el Gobierno en temas ambientales.
Mientras la EPA debe balancear sus recursos, para remediar el problema y para vigilar a aquellos que realizan el trabajo, las EPA estatales tienen mayor motivación para observar los problemas más a fondo. Cuando algo salga mal, los votantes sabrán a quién culpar, y en consecuencia votar por otros candidatos.
En áreas rurales, donde los asuntos ambientales y del manejo de las tierras son más importantes que en las ciudades, las fallas en políticas ambientales le importan realmente a los políticos. Esto no es cierto respecto a la EPA, cuya vigilancia por parte del Congreso a veces parece más un teatro político que un intento real de remediar los problemas ambientales.
Devolver la limpieza ambiental puede traer finalmente una vigilancia con significado a las agencias que afectan a personas normales de maneras tangibles.
La contaminación del río Ánimas era una tragedia que se pudo haber evitado. Con un número desconocido de proyectos por supervisar para remediar el daño de las minas, la EPA es, simplemente, demasiado grande como para observar realmente todos los lugares en los que está implicada. La agencia debería devolver todos los proyectos de limpieza a los estados, con su rol reducido únicamente a verdaderos desastres ambientales nacionales.
Únicamente entonces podrán saber los contribuyentes de los estados cuántos de sus dólares van a la limpieza ambiental, en comparación con otras prioridades políticas. Los votantes en algunos estados podrían querer más, y otros menos, pero la solución de talla única que aplica regularmente la EPA rara vez encaja bien para un estado en particular.
La EPA ya ha fallado lo suficiente. Es tiempo de finalmente hacer de políticas ambientales como las del manejo de minas abandonadas un tema de los estados.