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De acuerdo con la congresista colombiana Daira Galvis, el Estado subsidiaba el pago de prostitutas a funcionarios de la empresa petrolera Ecopetrol, de la que Colombia es socio mayoritario, y de la Refinería de Cartagena (Reficar).
«Esto comienza desde subsidios a prepagos que pasaron inclusive a ser empleadas de Ecopetrol con 10 millones, 12 millones de pesos en Reficar y que los subcontratistas hacían vacas o poninas (pago de cuotas) para tener satisfechos a muchos directivos, tanto de Reficar y en algunos casos de Ecopetrol», aseguró Galvis.
Asimismo, la congresista denunció que el Estado también financiaba vuelos chárter y yates a Centroamérica para que los funcionarios viajaran con sus «damas de compañía».
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«Con dinero del Estado esos contratistas pagaban las francachelas, para decirlo de una vez, de los viajes en yate a Islas del Rosario, a Múcura e inclusive vuelo chárter a Centroamérica, México (…) So pretexto de mejorar su conocimiento y hacer estudios comparativos, y lo hacían con niñas prepago de la ciudad de Cartagena», indicó.
Hasta el momento, ninguno de los acusados ha hecho referencia a la denuncia de Galvis.
La congresista afirma que se usaron sumas multimillonarias pagadas a funcionarios de Ecopetrol para su disfrute, mientras que por otro lado se indicaba que la corporación iba a comenzar a aplicar una política de austeridad debido a los bajos ingresos.
Ecopetrol no tenía dinero para pagar utilidades
«Teniendo en cuenta que en el ejercicio social del año 2015 la compañía presentó una pérdida neta, no hay lugar a distribución de utilidades», indicó un comunicado de Ecopetrol en marzo pasado.
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Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, había indicado que la compañía de mayoritaria inversión estatal iba a aplicar una política conservadora en materia de dividendos por los bajos precios del petróleo.
De esa manera, la empresa cortaba los ingresos no solo al accionista mayoritario, sino a los más de 400.000 accionistas minoritarios que desde 2007 invirtieron en la petrolera.
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