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La Sala de Casación Penal del legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio ordenó remitir una denuncia de violación de derechos humanos en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.
“Ante la inactividad de los Tribunales de la República de Venezuela, así como la falta de investigación por parte del Ministerio Público, y en apego al principio de complementaridad, ordena remitir la presente denuncia con todos sus anexos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y copia certificada de la misma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, se lee en la segunda declaración del Tribunal Supremo de Justicia que funciona fuera de Venezuela.
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La decisión se toma porque la Sala de Casación Penal no tiene la atribución pertinente para reconocer la denuncia recibida, ya que “es una atribución exclusiva del Ministerio Público por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por último, y también importante, el Tribunal legítimo “ruega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” que considere “emitir en contra de” altos funcionarios del régimen dictatorial chavista, una notificación a Interpol, con el fin de responder a la denuncia por la violación de derechos humanos.
La máxima corte nombra a Nicolás Maduro; al ministro de Interior, Néstor Reverol; al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; y a otros miembros de la cúpula chavista.
20/11 Sala de Casacion Penal ordena remitir denuncia de violación sistemática de derechos humanos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional pic.twitter.com/56CqlLffpw
— TSJ_Legítimo (@TSJ_Legitimo) November 20, 2017
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia no es reconocido por la dictadura de Venezuela, actualmente goza de un importante respaldo internacional. La Organización de Estados Americano lo reconoce —y además le cedió un espacio en su sede—; y también el Parlamento Europeo. La Corte fue designada legítimamente por la Asamblea Nacional de Venezuela.
El presidente de la Sala de Casación Penal es el magistrado Pedro Troconis, quien leyó la decisión de enviar una denuncia de derechos humanos a la Corte Penal Internacional, desde Miami, Estados Unidos. Los funcionarios se encuentran en el exilio porque inmediatamente después de la designación por parte del Parlamento, el régimen de Maduro inició una persecución en contra de los que se juramentaron.
— PEDRO TROCONIS (@pedrotroconis) November 20, 2017
La decisión del máximo Tribunal, se suma a otras iniciativas que también buscan enfrentar a Maduro con la Corte Penal Internacional. Ya la fiscal general de Venezuela, también en el exilio, Luisa Ortega Díaz, acudió a La Haya con un largo informe. Y mientras, la Organización de Estados Americanos discute en sesiones la posibilidad de también llevar el caso del país suramericano anta la Corte Internacional.
