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Hay ruido. En el concierto de naciones democráticas, en el seno de las oposiciones y, por supuesto, en los cuarteles venezolanos.
Hace unos días 21 oficiales fueron detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Responsabilizados por presunta conspiración.
Se suman a los más de miles de oficiales del mundo castrense que, según la periodista Sebastiana Barráez, se encuentran presos en cárceles militares. Todo un pequeño ejército que solo demuestra la turbación reinante en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El histórico dirigente venezolano e historiador, Enrique Aristeguieta Gramcko, precisó con hábil ironía en su cuenta de Twitter: «Pronto habrá más oficiales presos que en servicio». Es una exageración, pero que hace referencia al endurecimiento de la represión en los cuarteles.
Todo obedece al miedo y a la preocupación. Al fin y al cabo, en una tiranía militarista, son los militares los que tienen la última palabra. Y deben decidir en medio de una coyuntura complicada, donde la comunidad internacional se ha vuelto punta de lanza de la lucha contra Nicolás Maduro.
Luego de leer un artículo en el diario Tal Cual, contacté a Rocío San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano, abogado y una de las fuentes más significativas para comprender la dinámica del mundo castrense en Venezuela.
Esfuerzos de la comunidad internacional y de la fiscal general Luisa Ortega Díaz están marcando la pauta
En la nota, San Miguel asegura: «Por primera vez en seis años incluyo en mis escenarios un coup d’État [o un golpe de Estado] en Venezuela». Lo mismo me contó, haciendo énfasis en que es «la primera vez», desde que se planteó ese escenario durante las elecciones presidenciales entre Henrique Capriles y Nicolás Maduro en 2013.
«La probabilidad no es tan alta, pero es una variable que va en aumento dada las altas tensiones que hay en las Fuerzas Armadas», cuenta la presidente de Control Ciudadano.
Según estima Rocío San Miguel, sería un golpe de Estado en el sentido estricto de lo teórico; no obstante, este no se enmarcaría dentro de lo que se está acostumbrado en Venezuela. Sería un proceso transitorio pero no «necesariamente violento».
«Pactan unos y salen otros», dice. Recalca que sería una decisión impulsada por el sector «chavista» de los militares. Luego señala: «Este es un Gobierno donde hay un alto control militar en el poder de todos los aspectos. Todo está en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB]. PDVSA, en manos de las FANB; la minería, todo».
Y hoy, según señala Rocío San Miguel, quien es una de las principales fuentes a consultar en Venezuela para obtener información privilegiada de lo que ocurre en la Fuerza Armada, se ha dado en el país «el peso específico que podría generar un mecanismo de presión que produzca una transición que no sea violenta».
«Es un golpe de Estado en términos técnicos, pero no sería violento», insiste.
Es verdad que hay un incremento de la deserción en las Fuerzas Armadas; también la persecución se enfoca en los mandos bajos, en los oficiales; los eslabones más débiles. Pero San Miguel no cree que la cadena reviente por ese lado. Ya no ve posible una insurrección como la de agosto del año pasado del capitán Caguaripano.
«Hay presiones de muy diversas naturalezas. Está la pirámide militar y tenemos una sensación que afecta a todas las partes», dice; sin embargo, puntualiza: «Se debe deslindar lo que ocurre con las bases —que es más que todo un problema socioeconómico porque les afecta lo mismo que a la mayoría de los venezolanos y eso produce las deserciones— con lo que significa la modalidad de las cúpulas. La presión sobre este sector es la que será determinante«.
Se supone que, debido a la ausencia de manifestaciones en las calles, la presión hoy debe provenir de la comunidad internacional. Le pregunto y me detiene en seguida: «Las sanciones internacionales y la amenaza de una acusación o algunas acusaciones ante la Corte Penal Internacional están generando enormes presiones sobre la cúpula militar».
Rocío San Miguel tiene interés en hacer énfasis en esto. Es fundamental. Las presiones; lo que al fin y al cabo está generando un efecto determinante, son las recientes sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y además están los esfuerzos de la fiscal general de Venezuela, quien busca como sea llevar el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional o que se logre activar la captura internacional de Nicolás Maduro.
«Tienes a un alto mando militar cada vez más expuesto a las sanciones internacionales y a un nuevo factor, que es la amenaza de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la Corte Penal Internacional», espeta la abogado.
San Miguel cita el ejemplo de Colombia. Según señala, si bien el presidente Juan Manuel Santos tenía intenciones individuales detrás del proceso de paz; también está el factor del «generalato», que presionó para que se impulsaran los acuerdos ya que la presencia latente de la Corte Penal Internacional estaba ahí.
«Aquí la presión la están ejerciendo las sanciones y la amenaza real de que el caso de Venezuela se lleve a la Corte Penal Internacional. Y quiero hacer énfasis en la palabra «real»», dice la presidente de Control Ciudadano.
Si bien Rocío San Miguel inició señalado que la probabilidad de un coup d’État es remota; también insiste en que se si se llegase a producir, esto ocurriría antes o poco después del proceso fraudulento de las presidenciales.
No cree que el eventual día de los falsos comicios se produzca algún hecho determinante. «Las FANB son existencialistas. Eluden la confrontación entre ellas. No le veo sentido a que aprovechen el día de las elecciones para confrontarse».
También existen otras alternativas, como la negociación entre factores políticos. Sin embargo, la especialista deja claro que «cualquier escenario de salida en Venezuela pasa por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».
«Y la cúpula militar podría buscar una transición debido a las presiones. En algún momento podrían no estar dispuestas a seguir acompañando este proceso», concluye Rocío San Miguel.
