Frente Amplio se estrena: defiende violador de DDHH y niega sus crímenes

"Mucho dicen y poco demuestran. Todo el mundo dice que él es violador de DDHH y nosotros no hemos tenido nunca un caso o un expediente"

650
Una vocera del Frente Amplio de la MUD aseguró que las acusaciones a Rodríguez Torres son solo rumores. (Unidad)

Es cierto que la detención del exministro Miguel Rodríguez Torres fue arbitraria. Se convierte en un deber moral denunciar el delito y las motivaciones políticas detrás de su secuestro.

No obstante, genera náuseas cómo algunos se desviven por el ahora «adalid de la democracia». Esgrimen una defensa que no han merecido otros dignos y valientes perseguidos por la dictadura.

“Miguel Rodríguez Torres también tiene Derechos Humanos y como venezolano, a mí también me importa”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado, profesor y dirigente Ramón Guillermo Aveledo.

Mientras, otros usuarios de la red social le recordaban que cuando el rebelde Óscar Pérez fue asesinado, no le brindó palabras similares. El mensaje recibió casi tres mil respuestas —no todas cordiales— y solo 899 retweets.

Junto a otros mensajes de políticos y defensores del exministro, el recién creado Frente Amplio —impulsado por la agónica coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática— publicó un comunicado en el que exige la liberación de Rodríguez Torres.

“El Frente Amplio Venezuela Libre expresa su profundo rechazo a la detención irregular, y la violación del debido proceso del mayor general en situación de retiro, Miguel Rodríguez Torres”, se lee en el texto de la novel plataforma.

“Dicha aprehensión es una respuesta del régimen a la unión genuina entre venezolanos, enfrentados en el pasado por sus ideales y convicciones, unificados hoy por el objetivo común de organizar y movilizar al pueblo venezolano”, continúa.

El Frente Amplio se creó con la intención de refrescar la rechazada imagen de la coalición MUD, presunta representación oficial de la “oposición venezolana”. Entre sus integrantes, además de los ya conocidos dirigentes de los principales partidos, también hay chavistas “disidentes” —o antiguos responsables de violaciones a los derechos humanos, como Miguel Rodríguez Torres y la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez—.

Llama la atención cómo frente al secuestro del exiministro —arbitrariedad que solo obedece a guerra entre mafias y pugnas de delincuentes—, la Mesa de la Unidad Democrática dedique todo un comunicado con el que busca reivindicar la presunta lucha del chavista.

“Como lo hacen hoy muchos disidentes, Rodríguez Torres alzó su voz contra este modelo y decidió no convalidad el fraude electoral en marcha para el próximo 20 de mayo; ha denunciado públicamente la persecución contra efectivos y oficiales de la Fuerza Armada Nacional y, además, decidió dar un paso al frente en la lucha democrática por la restitución de la democracia, incorporándose activamente al Frente Amplio Venezuela Libre”. ¡Vaya ejemplar!

En prisión, por disentir, hay cientos. Entre ellos el general Ángel Vivas y el joven Lorent Saleh. Aún la Mesa de la Unidad Democrática —o esta cosa, Frente Amplio— no ha dedicado un espacio en su página web para condenar las aberraciones y para exigir su liberación. Vivas, un hombre digno y aguerrido, sufre tratos inhumanos. Y pocos hablan al respecto.

No obstante, lo que más repulsión ha generado no fue el triste comunicado del Frente Amplio. Fue, en cambio, lo que dijo su vocera, Indira Urbaneja.

En una rueda de prensa sobre la detención del exministro chavista y las próximas acciones de la nueva MUD, Urbaneja salió de una a defender al violador de derechos humanos y a negar sus crímenes.

El periodista del medio NTN24 le pregunta sobre las personas que resultaron fallecidas cuando Rodríguez Torres era ministro en el año 2014.

La mujer, desvergonzada, responde: “Ok, fíjate: mucho dicen y poco demuestran. Yo todavía estoy esperando, ¿dónde están las causas? Todo el mundo dice que él es violador de DDHH y nosotros no hemos tenido nunca un caso o un expediente. Algo que vaya más allá de un rumor”. Vaya.

“Esa señora también podría afirmar algo como: ‘Todos dicen que Maduro es un dictador, y nosotros no hemos tenido un caso o un expediente, algo que vaya más allá del rumor. Hasta le pedimos elecciones limpias, porque le tenemos fe a la democracia’. Y todo normal… Y amplio”, escribió en su cuenta de Twitter el politólogo y vicepresidente de la organización IFLRY, Pedro Urruchurtu.

“Esto es sumamente ofensivo en relación a lo sucedido y una distorsión de la realidad que no debe ser aceptada”, escribió también el profesor de la Universidad de Münster en Alemania, Ivo Hernández.

Ciertamente, lo que dice Urbaneja es inadmisible. Su defensa, desde la vocería del Frente Amplio —ahora tan desacreditado como la otra coalición de partidos—, es un auxilio a un violador de derechos humanos y, además, una negación de sus crímenes.

No tiene nada que ver con señalar la arbitrariedad de su detención. Sus palabras transgreden el límite de lo tolerable. Si ya incluirlo en un “frente” cuyo aparente objetivo es luchar contra la dictadura se convierte en un escándalo; pretender condonarlo moralmente es, al menos, una aberración.

Indira Urbaneja es torpe. Habla mientras aún en las cárceles sufren quienes Rodríguez Torres condenó hace cuatro años. Lo bueno es que están ahí. Los familiares y las propias víctimas, dispuestas a rememorar los crímenes del exministro.

Pero, para hablar de los delitos de Rodríguez Torres, es importante empezar por el principio. El hombre irrumpió en la política nacional como un criminal. Lo hizo hace 26 años.

El cuatro de febrero de 1992 participó junto con el expresidente Hugo Chávez en el intento de derrocar al Gobierno de Carlos Andrés Pérez. El objetivo del militar, en esa operación contra la democracia, era detener —o asesinar— al presidente Pérez en su residencia, La Casona.

Llegó a la residencia presidencial y justo se enteró de que el presidente había logrado salir hacia el Palacio. Dijo: “¡Qué vaina, se me escapó ese degenerado!”. Sin embargo, pese a que su objetivo había huido, Rodríguez Torres insistió y atacó la residencia. Disparó y lanzó granadas. Dentro estaban la esposa y las hijas del presidente Carlos Andrés Pérez.

Además de su intento de asesinar a la familia presidencial ese cuatro de febrero; también es responsable de la muerte de dos oficiales en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, en Caracas.

Años después, con el golpista Hugo Chávez en la presidencia, vuelve y se integra al equipo de trabajo. Asume la responsabilidad de reformar la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y la convierte en la actual policía política, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Bajo su administración se crea la reconocida e infame red de celdas para torturar conocida como La Tumba.

En este tétrico espacio a varios metros bajo tierra terminan decenas de estudiantes y disidentes políticos que fueron detenidos cuando Rodríguez Torres era ministro de Interior y Justicia en medio de la coyuntura de protestas antigubernamentales de 2014.

Más de cuarenta jóvenes fueron asesinados. 3124 detenidos, más de mil heridos y cientos torturados. Todo mientras Rodríguez Torres era el responsable de dirigir el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Los casos de aberraciones cometidas por los funcionarios del Estado sacudieron la opinión pública durante esos meses. Lorent Saleh es uno de los jóvenes que fue sometido a fuertes torturas durante ese tiempo —y aún continúa secuestrado—.

Otro fue Rodolfo González, un hombre de 63 años detenido en abril de 2014 bajo acusaciones de terrorismo.

González sufrió fuertes torturas de acuerdo con su hija, la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Lisette González. El hombre no soportó el trato inhumano y, casi un año después de su detención, se suicidó en su celda.

Miguel Rodríguez Torres es el encargado de impulsar la creación de los grupos de exterminio Operación de Liberación del Pueblo (OLP), denunciados por cometer serias violaciones de derechos humanos.

Responsable de persecuciones, detenciones y maltratos a jóvenes. Pero todo ello parece que se olvidó. Sobre el nauseabundo historial, ahora Indira Urbaneja busca echar tierra. Y el Frente Amplio, apartarlo.

Hoy se pide la liberación de Miguel Rodríguez Torres y de los otros 264 presos políticos. Se omite que muchos de quienes se encuentran tras las rejas, padecen porque el mayor general Rodríguez Torres prefirió recibir órdenes y mantener el silencio. En cambio, transfiere su responsabilidad a líderes como María Corina Machado.

Comentarios