Asamblea de Venezuela evade responsabilidad y se niega a iniciar transición

"La actitud deleznable de la Asamblea Nacional, al dejar solo al Tribunal Supremo, cuyos miembros están el exilio y los familiares de estos perseguidos, demuestra plenamente que Venezuela es un Estado fallido"

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Asamblea de Venezuela evade responsabilidad y se niega a iniciar transición. (Twitter)

El pasado 3 de mayo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio acordó la continuación del proceso de juicio contra el dictador Nicolás Maduro —esto implicó su suspensión de la presidencia— y exhortó a la Asamblea Nacional a hacer lo propio para suplir la ausencia en el Palacio de Miraflores. Es decir, iniciar la transición que muchas voces han exigido.

Ahora los diputados han respondido con un documento con el que pretenden evadir su responsabilidad por completo.

“Finalmente, en fecha 9 de enero de 2017 esta Asamblea Nacional, entre otros aspectos, acordó: primero. Declarar que Nicolás Maduro, invocando el cargo de presidente de la República, ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño al margen del diseño y funciones constitucionales“, se lee en el texto.

“Segundo. Declarar, en consecuencia, y de conformidad con los artículos 232 y 233 de la Constitución, que Nicolás Maduro Moros ha abandonado su cargo (…) Como puede observarse en lo antes expuesto, la aplicación del artículo 233 constitucional ya fue efectuada por esta Asamblea Nacional al decidir que Nicolás Maduro abandonó su cargo”, continúa el secretario del Parlamento, Negal Morales, en el documento.

Luego aseguran que la Asamblea está comprometida con los esfuerzos para que se “restituya el hilo democrático“. Dicen que respetan “la separación de poderes”; y reiteran que la declaración del abandono de cargo, en enero de 2017, fue un acto “público, notorio y comunicacional”.

El 3 de mayo, exactamente, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ordenó la continuidad del proceso contra el dictador y planteó en un comunicado que transmitió a la directiva de la Asamblea Nacional: “En consecuencia (…) se exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución”.

En los artículos citados, se dice: el 233, hace referencia a la falta absoluta y “cuando se produzca (…) el presidente electo o presidenta antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta (…) Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional”.

También, en el artículo 233: “Si la falta absoluta del presidente o la presidenta se produce durante los primeros cuatro años, se procederá a una nueva elección universal (…)” y si se produce “durante los últimos dos años del período constitucional, el vicepresidente ejecutivo asumirá la presidencia”.

En síntesis, en el artículo 233, si bien se mencionan las razones por las cuales pudiera declararse el abandono de cargo, también se señala cuál es el procedimiento que se debe seguir. Es, por lo tanto, a lo que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio hace referencia cuando pide al Parlamento “permitir la transición constitucional” (este documento, pro cierto, el del legítimo Tribunal, fue reconocido por figuras internacionales tan importantes como el secretario general de la OEA).

Pero, frente a la legítima exigencia del Tribunal, el Parlamento ha tratado de excusarse con un proceso que, si bien sí se llevó a cabo, jamás se continuó. Cierto: en enero del año pasado se declaró el abandono de cargo de Maduro; pero a los días los diputados lo seguían llamando “presidente”.

Es claro que los miembros de la Asamblea Nacional no quieren impulsar la transición institucional en Venezuela. Justo antes de que se diera la votación hace unas semanas para aprobar la continuación del juicio contra Maduro, el medio Runrunes publicó un artículo en el que reveló la incomodidad que sienten los diputados con el proceso, con la transición y con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Por presiones de la opinión pública, cedieron.

El comunicado del secretario de la Asamblea generó gran indignación —así como en su momento las posturas de algunos diputados ante el antejuicio de mérito—. El consultor y columnista, Armando Martini, escribió en su cuenta de Twitter: “Asamblea Nacional, utilizando subterfugios leguleyos, defecó en mandato ciudadano del 16 de julio [cuando en el plebiscito más de siete millones de venezolanos apoyaron la transición]. Hoy, con truculencia jurídica depuso en la orden del TSJ legítimo, al negarse cumplir sentencia. Merecen el repudio de quienes luchan por la libertad y democracia”.

“No solo la tiranía. La actitud deleznable de la Asamblea Nacional, al dejar solo al Tribunal Supremo, cuyos miembros están el exilio y los familiares de estos perseguidos, demuestra plenamente que Venezuela es un Estado fallido y que por lo tanto necesita de una prótesis internacional”, dijo al respecto el filósofo Erik Del Bufalo.

En medio de esta coyuntura la denominada Fracción 16 de Julio de la Asamblea, integrada por diputados de diferentes partidos, hizo público un texto en el que expresa su apoyo al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y piden que se debata el “auto de proceder dictado” por los magistrados.

Algunos, como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria, criticaron que, luego del importante documento de los magistrados, se decidiera debatir este martes en la sesión ordinaria de la Asamblea sobre “la reconversión monetaria y su repercusión en la economía familiar”.

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