El grito desoído del legítimo Tribunal Supremo de Venezuela

Quienes piden que los diputados acaten al polémico Tribunal, no encuentran eco en sus gritos

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Solo un grupo de diputados, se ha plegado a las decisiones del legítimo Tribunal; pero son voces aisladas, que no encuentran eco entre sus compañeros. (Asamblea)

Por la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro, los legítimos magistrados, nombrados bajo presión por la Asamblea Nacional «opositora» a mitad del año pasado, tuvieron que huir de Venezuela. Se dispersaron y asilaron en diferentes países; pero al final, tanto la Organización de Estados Americanos como el Gobierno de Colombia le han prestado sus espacios para que ejerzan legítimamente sus funciones de máxima corte del país regido por el chavismo.

Desde el exilio han llevado a cabo importantes, aunque algo simbólicas, ofensivas: declarar a la ilegal Constituyente, ilegal; llevar a cabo investigaciones contra funcionarios de la dictadura; exigir al dictador, Maduro, probar que nació en Venezuela y no en Colombia, como algunos denuncian; ejecutar, también contra Maduro, investigaciones por casos de corrupción de Odebrecht; en consecuencia, iniciar proceso para enjuiciar al tirano y, luego, admitir el juicio.

Al acordar esto último, el antejuicio de mérito impulsado por la legítima fiscal Luisa Ortega Díaz, el Tribunal Supremo de Justicia también concluyó, apegado a la Constitución de 1999, que alguien debe sustituir al dictador en la presidencia. De esto se debe hacer cargo la Asamblea Nacional, la misma institución que nombró a los magistrados y, por lo tanto, debería de reconocer cada una de sus decisiones.

Maduro ya no es presidente y el Tribunal Supremo de Justicia no es simbólico. Desde el mismo Congreso, los diputados aprobaron el juicio timoneado por la máxima corte en el exilio. No obstante, aún no se han atrevido a dar el siguiente, y lógico, paso. No hay quien se atreva a llenar el vacío que queda, provocado por el juicio contra el dictador.

Desde entonces, la fiscal general de Venezuela, dirigentes políticos, opinadores, líderes de opinión y periodistas exigen a la Asamblea Nacional que cumpla con su deber.

Representantes de la denominada Fracción 16 de julio, en la Asamblea, se han terminado convirtiendo en voces solitarias dentro de un contexto que los desoye. Ayer, 10 de julio, el diputado del partido Vente Venezuela, Juan Pablo García, recordó que “Nicolás Maduro no es presidente ni comandante en jefe de la Fuerza Armada”, por lo que “la Asamblea Nacional tiene la obligación de acatar la destitución y llenar el vacío constitucional del cargo de presidente de la República”.

“En virtud de la falta absoluta que rodea la presidencia de la República y la renuncia tácita, en que incurrió el presidente ejecutivo, adoptar por un cargo debidamente asignad. Es un deber que tenemos. Un deber que tiene la Asamblea Nacional”, dijo García.

Pero deben confrontar la indiferencia de todo un Parlamento, presuntamente gran conquista de la oposición venezolana. En abril de este año, en víspera de la votación dentro del hemiciclo sobre el juicio contra Maduro, el portal Runrunes rebeló que los diputados “opositores” de los grandes partidos —Primero Justicia, Acción Democrática o Un Nuevo Tiempo—, se sienten incómodos con los magistrados en el exilio.

“En los pasillos del Palacio Federal Legislativo, asambleístas de distintos partidos cuestionaban la viabilidad de la iniciativa promovida por los magistrados ‘legítimos’. Advertían que tenía serias fallas jurídicas y señalaban que el TSJ en el exilio estaba siendo controlado por los sectores más radicales de la oposición”, se lee en Runrunes.

Han pasado más de dos meses y aún la Asamblea continúa evadiendo su responsabilidad. Incluso, pese a que en mayo de este año el Tribunal Supremo de Justicia exhortó a los diputados a hacer lo propio para suplir la ausencia en el Palacio de Miraflores.

El 3 de mayo, exactamente, la legítima corte en el exilio ordenó la continuidad del juicio contra el dictador y planteó en un comunicado que transmitió a la directiva de la Asamblea Nacional: “En consecuencia (…) se exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la presidencia de la República, de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución”.

Pero, frente a la legítima exigencia del Tribunal, el Parlamento trató de excusarse, para no asumir su responsabilidad, con un proceso que, si bien sí se llevó a cabo, jamás se continuó: en enero del año pasado se declaró el abandono de cargo de Maduro; pero a los días los diputados lo siguieron llamando “presidente”.

Ahora sigue la presión. Y, de alguna forma aumenta, porque los magistrados en el exilio gozan de un importante respaldo de la comunidad internacional. Los países que integran el Grupo de Lima, lo han manifestado de forma tácita. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Y, más recientemente, el Senado de Chile acordó solicitar al presidente Piñera “instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores a objeto de declarar de manera oficial el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia nombrado por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2017”.

“El Senado por la vía democrática lo primero que ha hecho es reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela, al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que fue nombrado por la Asamblea y, tercero, reconocer a la fiscal general de Venezuela”, dijo el senador chileno Felipe Kast.

Hay voces que aseguran que el papel de los magistrados, con su legítima institución paralela, es fundamental para lograr la transición en Venezuela. Son quienes dicen que se debe conformar un Gobierno, que sustituya al régimen de Maduro, y que goce del respaldo internacional suficiente como para poder instalarse en Miraflores.

Pero quienes piden que los diputados acaten al polémico Tribunal, no encuentran eco en sus gritos. Exigencias desoídas. Un drama, porque de aquella gran conquista del 6 de diciembre de 2015, que estimuló como poco a una sociedad, ahora no se espera nada. Solo debates estériles que colaboran con la difusión del escepticismo en torno a los diputados.

“Sorprendente, por decir lo menos, como hasta en la Asamblea, único poder legítimo dentro del país, plantean desconocimiento del Tribunal de Justicia legítimo cuyos magistrados fueron designados por ella y perseguidos y hasta torturados por solo el hecho de su designación. Ayuda para el régimen”, escribió al respecto la reconocida abogada y exmagistrada, Blanca Rosa Mármol de León.

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