Cuando se habla de «comunidad internacional», al final, todo se reduce a Estados Unidos. Es el que dice qué, cuándo y dónde; el que da permiso o el que ejecuta. Es la gran potencia del hemisferio y está más comprometida de lo que parece con lograr la libertad en Venezuela.
Desde hace bastante viene agarrando fuerza la idea de que la gran nación americana posee un interés inmenso en que se solucione la crisis que atraviesa el país regido por la dictadura de Nicolás Maduro. Al fin y al cabo, la continuidad del régimen chavista significa una amenaza importante para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Se habla no solo de la presencia de grupos terroristas como Hezbollah, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, sino además de que la influencia e incursión de países como China, Rusia e Irán no puede ser tolerada —menos ahora, con un líder como Donald Trump en la Oficina Oval—.
En los últimos días, cuando Venezuela atraviesa una nueva crisis política, que ha hecho retoñar la esperanza en un cambio, Estados Unidos ha expuesto su compromiso con la causa de los demócratas.
Casi cada día desde aquel 10 de enero en el que Maduro se juramentó ilegalmente ante un Tribunal Supremo de Justicia encabezado por un ex convicto sentenciado por dos asesinatos, funcionarios del Gobierno de Donald Trump se han pronunciado. El secretario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton; y el vicepresidente, Mike Pence, son los funcionarios de más alto nivel que han declarado su condena al régimen chavista y su apoyo irrestricto al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se encuentra en el resbaloso proceso de tomar por completo la presidencia de su país.
Sin embargo, hay algunos detalles, quizá insignificantes, unos públicos y otros privados y desconocidos, que hablan más de qué tan vinculado está Estados Unidos al posible proceso de transición en Venezuela. Al precisarlos y relacionarlos, se desvanece toda duda de que la administración republicana está más comprometida de lo que parece con el cambio de régimen en el país suramericano.
Con nombre y apellido
Luego de la detención y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por parte de funcionarios de la policía política del régimen, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, publicó un tuit.
“Condenamos enérgicamente el arresto de la dictadura de Maduro al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Tales actos de intimidación por parte de la policía secreta patrocinada por Cuba (SEBIN), dirigida por el general Manuel Christopher Figueroa, representan un grave asalto al Estado de derecho en Venezuela”.
No solo llama la atención que Bolton se haya referido al SEBIN como “la policía secreta patrocinada por Cuba”, lo más relevante del mensaje es que expone, con nombre y apellido, quien está detrás de la ilegal detención de Juan Guaidó.
El asesor de seguridad de Trump no tiene por qué mencionar a Figueroa. Al final la responsabilidad es del sistema, del régimen de Nicolás Maduro. Pero lo hizo. Consultó, sin duda, y lo hizo público. Y, entonces, el mensaje fue claro: Estados Unidos irá por él.
No se admiten cómplices
Una de las mayores denuncias que viene haciendo, hace ya tiempo, parte de la oposición venezolana es que, entre sus filas, hay colaboradores del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Los collaborationniste.
La voz más fuerte que se sumó a esa denuncia fue la del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien el año pasado dio dos grandes golpes a quienes se visten de disidentes.
En la víspera de las falsas elecciones presidenciales de mayo de 2018, Almagro dijo en España que el supuesto candidato opositor, Henri Falcón, colaboraba con la dictadura. “Habíamos pedido a la oposición venezolana que separara la paja del trigo (…) y Falcón es la paja que se ha separado sola”, sentenció. Luego, tildó a Falcón de ser “un peón de Maduro”. También, en agosto del año pasado, el secretario envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional de ese momento, Omar Barboza, en la que le hizo saber que “no acatar al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio lo convierte en cómplice de la dictadura”. Barboza jamás lo acató.
Pero ahora es el mismo Gobierno de Estados Unidos el que trata de mantener a raya a los cómplices. Por información extraoficial, sé que la administración Trump ha llegado hasta el punto de presionar a líderes de partido, evitando que estos obstaculicen el proceso que ya empezó en Venezuela. Asimismo, en esta empresa, ha colaborado el Gobierno de Canadá, que está atento a los esfuerzos de algunos miembros de partidos presuntamente opositores para obstaculizar el ascenso de Juan Guaidó a la presidencia de su país.
Visas revocadas
Además de presionar a colaboradores, el Gobierno de Estados Unidos está trabajando para que miembros del régimen se aparten y dejen solo a Nicolás Maduro. Pero lo hace de forma directa y personal.
En su cuenta de Twitter, la periodista venezolana Carla Angola informó que “la embajada de Estados Unidos envía y envía cartas a diputados y alcaldes del régimen para informarles que ya no tienen visa”.
Según sugiere la periodista, esto habría tenido algún efecto ya que “a la juramentación del ilegítimo habría faltado 30% de los constituyentistas”.
Con el jefe del circo
Hace varias horas alguien me dijo, preocupado, que Juan Guaidó no había hablado, en ninguno de sus discursos, sobre la infiltración de Cuba en Venezuela y de cómo a Maduro le dan las órdenes en La Habana. Aunque ya es una verdad explícita —confirmada por última vez por el magistrado desertor Zerpa—, esto, por los momentos, no importa.
Estados Unidos sabe bien qué papel juegan los cubanos en Venezuela. No se necesita más. La última prueba de ello fue el citado tuit de Bolton. Y una última decisión del Departamento de Estado demuestra que saben adonde tienen que apuntar.
Este miércoles 16 de enero el Departamento de Estado anunció la decisión de suspender, por solo 45 días, la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, “para realizar una cuidadosa relación a la luz de los intereses nacionales de Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.
Desde 1996, año en el que se ordenó la aplicación de la Ley Helms-Burton por el presidente Bill Clinton, el título III —que sanciona con rigidez a las compañías no norteamericanas que tengan tratos con Cuba y podría impedir la entrada a EEUU a los dirigentes de estas compañías— ha estado congelado. Lleva 21 años postergándose su aplicación por períodos de seis meses. Es decir, se suspende la aplicación del título III, por seis meses, y se vuelve a postergar la suspensión, por otros seis meses. Pero ahora, como anunció el Departamento de Estado, ya no se suspenderá el título III por seis meses sino por solo 45 días. Y la amenaza de esta fuerte sanción se da en el marco de un posible proceso de transición en Venezuela.
Parece un mensaje claro del Gobierno de Estados Unidos al régimen de Cuba, en un momento en el que en Venezuela se juega la libertad.
“Estados Unidos pide a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos para hacer que el Gobierno cubano rinda cuentas por los 60 años de represión de su pueblo”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado.