Factores del Gobierno de Guaidó se oponen y obstaculizan intervención en Venezuela

"Nosotros somos capaces de resolver nuestros propios problemas", sonaría como frase inamovible de representantes de Guaidó en reuniones

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El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, prefiere insistir con la alternativa diplomática. (Wikimedia)

Hace poco llegó al PanAm Post la información de que el representante de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, se oponía a una escalada de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Propiamente, se oponía a una eventual intervención militar. Esto fue confirmado.

«[Pedir una intervención] sería ir contra una alianza internacional que nos costó años construir (…) Lo único que estamos logrando es alimentar dos sectores radicales: el trumpismo extremista que quiere el uso de la fuerza y el izquierdismo del Partido Demócrata», habría dicho Tarre Briceño.

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La información coincide con la denuncia que hizo recientemente el catedrático y prestigioso abogado José Vicente Haro. En un debate, en el medio radial RCR, Haro aseguró que diplomáticos de Guaidó en Estados Unidos y en la Organización de Estados Americanos se oponen a una intervención. Al mencionar la gran nación americana, podría insinuar que se trata del embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio.

A espaldas de esto, el PanAm Post  pudo confirmar con una fuente anónima que, en efecto, Vecchio se mantiene reticente a la posibilidad de que sea una fuerza foránea, a través de una misión humanitaria, la que deponga a Nicolás Maduro.

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«Nosotros somos capaz de resolver nuestros propios problemas», sonaría como frase inamovible de Carlos Vecchio en varias reuniones. Según la fuente, él, junto a factores influyentes de Primero Justicia —como el diputado Juan Miguel Matheus—, insisten en la viabilidad de la ruta de las sanciones diplomáticas, financieras o la generación de incentivos para provocar un quiebre interno en las Fuerzas Armadas —que ya han dejado muy claro de qué lado están—.

También está la postura del representante del Gobierno de Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti. El embajador, recientemente, en un foro, aseguró: «Lo menos que quisiera ver es una incursión militar colombiana en Venezuela. Eso nos va a marcar por el resto de nuestros días, entonces estas cosas hay que manejarlas con mucha prudencia».

En un tuit publicado el 23 de este mes, el senador Marco Rubio fue bastante claro en cuanto a lo que le corresponde al Parlamento y al presidente Juan Guaidó: «El apoyo de los socios estadounidenses e internacionales al presidente Juan Guaidó se basa en la Constitución de Venezuela y el Estado de derecho. El régimen de Maduro intentará dividir a la oposición a través de negociaciones falsas y movimientos simbólicos».

«Pero las sanciones y la política de Estados Unidos responderán solo a las solicitudes de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó», agregó.

Desde hace unas semanas el debate en Venezuela se ha centrado en la aplicación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela. El apartado reza que le corresponde al Parlamento autorizar la incursión de misiones militares extranjeras en el país. Factores de la oposición como el de la líder María Corina Machado han tratado de impulsar la idea de que es urgente activar ese artículo. Otros factores, no han dicho nada al respecto. De hecho, muchos se niegan a, siquiera, considerarlo.

El PanAm Post también supo que, a través de extorsiones y amenazas, dentro del Parlamento se intentaba disuadir a todo aquel que comprara la idea de impulsar la aplicación del artículo 187, 11.

Medidas como el eventual nombramiento del diplomático Diego Arria como representante de Guaidó ante las Naciones Unidas, son saboteadas por líderes de algunos partidos que conforman el denominado G4 —como Acción Democrática—. Voluntad Popular, de alguna forma, anda atado de las manos dentro de la Asamblea por la relevancia de estas otras fuerzas políticas.

Es cierto, en cuanto a la intervención, que al final la batuta no la lleva otro otro que Donald Trump, pero es importante reducir costos de cualquier ofensiva letal. Y estos costos solo se reducen si la administración de Guaidó se coordina plenamente con la administración republicana.

Por ello es esencial comprender que en Venezuela, en el Parlamento, se mezclan intereses y hay quienes obedecen a voluntades mezquinas. No todo está ya articulado y en el país hay obstáculos para la agenda de Washington. Hay fuerzas dispuestas a sabotear cualquier ruta que se ajuste a la voluntad de deponer a Nicolás Maduro.

En principio, la capacidad de actores de la administración de Juan Guaidó de sabotear la agenda de Washington depende de dónde estén. Del espacio que ocupen. Y, tanto dentro del Parlamento como en Estados Unidos, la capacidad de hacer daño es grande.

Es por ello que se vuelve un riesgo la aplicación del artículo 187, numeral 11. Si su discusión se limita a la Asamblea, el peligro de que intereses roñosos entorpezcan el proceso es grande. Un revés, sin duda, tendría un impacto letal en el llamado a la comunidad internacional a asistir militarmente a los venezolanos.

Sin embargo, aún hay alternativas, como la firma por parte del Ejecutivo de tratados de cooperación. Aunque ello luego deba igualmente discutirse en el seno de la Asamblea, aumenta drásticamente el costo político de los diputados que rechacen la alternativa de la fuerza.

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