Virales

Newsletter

Panamá: Esclareciendo la confusa propuesta de control de precios del nuevo gobierno

Por: Pablo José Gutiérrez Fernández III - May 20, 2014, 4:05 pm
Fuente: YourPanama.com
Fuente: YourPanama.com

El Presidente electo, Juan Carlos Varela, usó como punta de lanza para su campaña la propuesta de control de precios de emergencia. Dicha medida consiste en controlar, por un período corto, pero aún indefinido, el precio de 22 artículos de la canasta básica familiar. Entre los artículos se mencionan la carne, las lentejas, frijoles, pollo y vegetales.

Si algo ha demostrado la historia es que los controles de precios no han funcionado de la manera que los políticos esperan que funcionen. En todos los casos donde se han aplicado los controles han ocurrido, entre otras cosas, desabastecimiento (como en Estados Unidos, Chile, Argentina, China), destrucción de propiedad privada (como ha sucedido desde tiempo inmemorial, desde la Antigua Roma hasta la Venezuela contemporánea), desperdicio de cosechas (como en Brasil), mercados negros (como en la Venezuela y la Argentina contemporáneas, la ex Unión Soviética, la Alemania Nazi), descuido y/o abandono de propiedades (como Suecia y Estados Unidos), la distorsión de las decisiones de inversión (como en el caso emblemático de la reciente mega crisis financiera que se originó en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha mantenido controlada la tasa de interés). En fin, los controles de precios tienden a perjudicar a las personas en lugar de ayudarlas, y los que más sufren, son las personas de las clases más bajas.

El expresidente Ricardo Martinelli, durante la campaña rumbo a las elecciones del 2009, dijo que él “sí sabía como bajar la canasta básica”; mucha gente creyó en esto. Después de todo, él es el dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes de Panamá, y es un empresario exitoso. Lamentablemente la cosa no fue así. Desde que Martinelli llegó al poder, la canasta básica familiar ha aumentado de US$264 en el 2009, a US$333 en febrero del 2014 (cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha dado a conocer los precios de la canasta básica desde esta última fecha), es decir, en 26%. Por eso es que muchas personas han confiado en la promesa de Juan Carlos Varela.

Fuente: The Stay At Home Gringo.
Fuente: The Stay At Home Gringo.

La propuesta inicialmente se planteó como un control a los márgenes de ganancia, pero terminó, o al menos así es como se está promoviendo más recientemente, como un control de precios tradicional. Si esto se lleva a cabo, debemos preguntarnos, ¿qué podemos esperar de una propuesta que trae tantos efectos negativos?

Todo parece indicar que si bien habrá un control sobre los precios, se prevé ampliar la oferta de los productos que se controlarán. Aparentemente se pretende seguir abriendo el mercado en términos de reducción de aranceles, reducción o eliminación de las cuotas de importación, así como también la eliminación, o reducción, de las trabas burocráticas para la apertura de mercados y de empresas que puedan importar. Al menos eso es lo que se puede entender, de manera un tanto ambigua, del plan de gobierno del presidente electo Varela.

El tercer eje del plan se enfoca más de cerca en los temas económicos. Los puntos a destacar para el análisis serían el 3.1, 3.2, y 3.6. Al leerlos, todo parece indicar que se fomentará la libre competencia, pero, paradójicamente, bajo un estricto control gubernamental donde se prohibirían comportamientos que vayan en detrimento del “pueblo”. Sin embargo, cabe señalar que a la fecha, el gobierno entrante no tiene definida una hoja de ruta sobre cómo pondrán en marcha la propuesta. Esto es preocupante, ya que no sólo la propuesta en sí envía señales que confunden al mercado, sino que el no tener una estrategia deja entrever que hay una buena dosis de improvisación, creando así incertidumbre política, lo cual también va en detrimento del ambiente empresarial.

La Constitución de Panamá permite, gracias al artículo 284, la regulación de precios. El artículo reza: “El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución y, en especial, para los siguientes fines:

1. Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los
artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.

2. Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los artículos
mencionados en el apartado anterior.

3. Coordinar los servicios y la producción de artículos. La Ley definirá los artículos de
primera necesidad.

La normativa que faculta esta intervención es la Ley 45 del 2007, específicamente el Capítulo II, titulado “Regulación de Precios”. En esta ley se detallan las medidas que se pueden tomar y el tiempo máximo durante el cual se pueden regular los precios. La ley indica que solo se pueden regular los precios —más no se menciona la palabra “control” ni “congelamiento”, lo cual genera cierto vacío legal— de manera “excepcional” y que solo puede ser por un período de 6 meses, prorrogables si el problema persiste.

No obstante, esta medida sólo puede ser aplicada a productos cuyo arancel sea mayor de 40%, lo cual representa un problema, ya que varios de los productos que se pretenden regular en el plan del nuevo gobierno tienen un arancel menor a este porcentaje. De tener que subir los aranceles de estos productos, el gobierno estaría yendo en contra de uno de los aspectos de su propia propuesta de campaña, tal como se mencionó anteriormente, y estaría atentando aún más contra la libertad económica.

Este último punto es especialmente preocupante, ya que desde el 2009, Panamá ha venido perdiendo terreno en los dos rankings más importantes de libertad económica, el del Heritage Foundation y el del Fraser Institute.

Mercado en Panamá.
Fuente: Carried on the wind.

Todo parece indicar que el gobierno del presidente electo no comenzará muy bien en lo que se refiere a libertad económica. Si bien es cierto han habido entrevistas donde se mencionan reducciones en el impuesto sobre la renta y un crédito fiscal para las personas que envían a sus hijos a escuelas privadas, estas medidas no serán suficientes para “balancear” el daño que causará el control de precios, el cual es un ataque frontal a la institución de la propiedad privada y a la libertad de comercio.

Proteger estos dos pilares fundamentales debería estar en toda agenda política que pretenda defender y ampliar la libertad económica y la paz social. Si el señor Varela quiere cumplir su promesa de colocar al “pueblo primero” deberá favorecer la libertad económica y no propuestas populistas que sólo terminan perjudicando a las personas.