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Ayer, el Senado de México aprobó el dictamen de reforma energética, tratado rpeviamente por las comisiones de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera. El proyecto obtuvo, en términos generales 24 votos favorables, que provinieron de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM). Por otra parte, nueve fueron los votos negativos que recibió el proyecto: los de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
De este modo, el dictamen fue aprobado en términos generales, y deberá ser tratado próximamente en lo particular. El mismo procura delinear una reforma energética a partir de la modificación de los artículos 25, 28 y 77 de la Constitución Nacional mexicana. Los temas que planea incluir la reforma son diversos, y van desde la apertura de modelos contractuales para que la iniciativa privada pueda invertir en el sector de extracción de hidrocarburos a modificaciones constitucionales habilitando a los particulares a explotar yacimientos bajo un nuevo – y diferente – régimen de licencias.
Un dato interesante surge acerca de la problemática vinculada a las concesiones otorgadas por el Estado. El dictamen sentencia, a este respecto, que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”.
Con estos cambios, la izquierda mexicana representada por el PDR se enfrenta a un momento difícil. Las protestas vinculadas al dictamen no se hicieron esperar, y llegaron al recinto del senado antes de la aprobación. Los Senadores pertenecientes a ese partido llevaron a cabo la “toma” de una tribuna, y demandaron un acuerdo que habilite al Estado a realizar una consulta ciudadana en materia energética.
