English Version
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) de Venezuela presentó ayer su informe anual 2013 sobre la situación nacional de derechos humanos, en el cual alertaron sobre una regularización de la violencia estatal. “Los cuerpos de seguridad en su conjunto han tenido una orientación negativa del gobierno, que es consciente de las violaciones. Las está tolerando e incluso aplaudiendo, como es el caso de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Para mayor gravedad, la fiscal general y la defensora del pueblo han actuado como cómplices”, alertó el coordinador general de la ONG, Marino Alvarado.
Los investigadores, quienes presentan este informe desde 1988, indicaron que la criminalización de la protesta se ha vuelto sistemática: Hasta diciembre de 2013, aproximadamente 3.000 personas habían sido sometidas a procesos penales por protestar, a lo cual hay que sumar otras 2.000 en los primeros meses de 2014.
“Maduro ha sido un gran fracaso a efectos de garantizar los derechos humanos en el país”, afirmó Alvarado. “En febrero y diciembre, el presidente admitió la crisis del sistema público de salud, la cual ha venido aumentando. El propio gobierno reconoció la desaceleración de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el incumplimiento de la meta de construcción de 300.000 casas por año. A pesar de que se autodefine como un obrero, el gobierno de Maduro viola los derechos de los trabajadores”.
El informe asegura que con 162 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes reportados en 2013, se observa un aumento de 44,4% en cuanto a los mismo. PROVEA también documentó 204 casos de excesos policiales, de los cuales 64% se atribuyen a la policía científica o Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y 9% a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Fuente: El Nacional.
