La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el pasado miércoles la ley orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (llamada Ley de Aguas) la cual prohíbe “toda forma de privatización del agua por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, por lo tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria”.
La ley será sometida a la revisión de la presidencia de la República, para su posible veto. Sin embargo, fue aprobada con 103 votos afirmativos, 21 negativos y seis abstenciones.
Miguel Carvajal (AP), presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y ponente del proyecto, destacó que mediante la ley se “respeta el orden de prelación definido por la Constitución: primero el agua para el consumo humano; segundo, el agua para el riego; y tercero, para la producción de la soberanía alimentaria”.
Por su parte, el representante del partido político, CREO, Raúl Auquilla, presentó una moción para que se vote artículo por artículo, propuesta que fue apoyada por el socialcristiano Luis Fernando Torres. Mientras que César Umajinga, del movimiento de las izquierdas, dijo que no darán su voto a la Ley de Aguas porque aseguró que no responde a las necesidades de las comunidades indígenas.
Previo a su aprobación, varias marchas se desarrollaron en rechazo al contenido de dicha normativa, entre ellas una de los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE).
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Fuente: El Diario.