La semana pasada la Asamblea Nacional de Venezuela, luego de dos jornadas de trabajo, sancionó la nueva Ley Orgánica de Recreación con la que busca regular el tiempo libre por ley.
“La recreación es materia prioritaria en la definición de Políticas Públicas. Se incluirá en los Planes de Desarrollo de la República, Recreación, y se organizará en el Sistema Nacional de Recreación”, señala el artículo 6 de la ley.
La ley establece que el sector público y privado que desarrollen actividades en este rubro serán regidas por esta ley. “Esta ley se aplica en todo el territorio nacional, a todas las personas naturales, sin discriminación de raza, sexo, credo, condición social, física, funcional o edad; a las personas jurídicas del sector público y privado y a las organizaciones del poder popular; que desarrollen actividades relacionadas con la recreación”.
Con esta nueva ley los legisladores buscan declarar de interés público y social el desarrollo de la actividad recreativa, para garantizar la orientación y formación permanente y preparar a la población sobre el uso positivo del tiempo libre a través de la recreación.
Esta ley se extiende a todos los tipos, modalidades y especialidades de recreación, incluidas las denominaciones genéricas de entretenimiento, esparcimiento, diversión y distracción, las cuales sin embargo no se nombran en la ley.
Para ello se creará el Sistema Nacional de Recreación dependencia de la Superintendencia Nacional de Recreación y un Registro Nacional de Recreación a los cuales tiene que inscribirse cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que se dedique profesionalmente a la recreación. Además nace un Consejo Nacional de Recreación.
Mediante la ley se busca que los usuarios de los servicios de recreación se conduzcan de acuerdo a valores y principios ético-morales que fomenten el mejoramiento y alcance de una conducta sana en la sociedad, conservar el ambiente y cumplir con la normativa referente a su protección.
Entre las sanciones por violación de la ley están el pago de multas monetarias entre los US$164 y los US$1.640, la suspensión temporal de permisos, licencias, concesiones, certificaciones o autorizaciones otorgadas, y el cierre de un local.
Fuentes: Últimas Noticias, La Patilla.