El superintendente de Precios Justos de Venezuela, Andrés Eloy Méndez, anunció en una entrevista el pasado martes que instalará un sistema biométrico de abastecimiento en los locales comerciales proveedores de alimentos, ya sean públicos o privados, con el fin de reducir compras reiteradas de productos a precios regulados por parte de un mismo usuario, lo cual podría servir al contrabando o a la economía informal.
Méndez indicó que el sistema será instalado antes de culminar el 2014 y tendrá características similares al Sistema Superior de Abastecimiento Seguro que se desarrolla en establecimientos de redes públicas de distribución de alimentos.
Los dueños de supermercados han sido informados de la medida durante una reunión sobre la instalación del sistema biométrico. A la vez, buscan recopilar datos sobre los patrones de consumo habituales y semanales de los venezolanos, para poder ejecutar una planificación de los sistemas de distribución y abastecimiento.
Méndez declaró que existen compras reiteradas de un mismo rubro por parte de un grupo de personas así como desvíos de las gandolas con alimentos a distintos depósitos para luego venderlos a la economía informal.
También, el gobierno buscará instalar el llamado Sistema de Seguimiento Popular que constará de la verificación de 27.000 inspectores, distribuidos en 516 puntos de Venezuela. Expresó que entre los criterios de la implantación del sistema biométrico está el establecimiento de los parámetros necesarios en supermercados públicos y privados para evitar la compra “exorbitante” y “proteger” a las familias venezolanas.
El Gobierno fijará el número de cajas registradoras que deben tener cada comercio según los metros cuadrados de cada local. También la Superintendencia Nacional de Precios Justos informó ayer que está diseñando un “sistema de adecuación continua de precios” para fiscalizar los precios de manera justa.
“Karlín Granadillo (superintendente de Precios) está ahorita diseñando un sistema de adecuación continua de precios, porque para nosotros ir a fiscalizar tenemos que saber cuál es el precio justo y debemos tener actualizado el listado de los costos de todos los productos”, afirmó Méndez en una transmisión de VTV.
El superintedente declaró que crearán “círculos de lucha” para trabajar por parroquias y explicó que protegerán alrededor de 70 mil a 100 mil personas por localidad. Además de diseñar un “mapa completo de distribución y comercialización” de productos para evitar el contrabando.
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Méndez especificó que la superintendencia “trabajará con dos brazos: el brazo fiscalizador de protección al pueblo y el brazo que calcula cuáles son los precios que deben tener los productos”, al tiempo que justificó la existencia de las dos intendencias.
Fuente: El Mundo Venezuela.