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EnglishLa legalización de la marihuana en los Estados de Colorado y Washington en EE.UU. presenta nuevos desafíos para el Gobierno federal de ese país. Un informe del Instituto Brookings publicado la semana pasada plantea que las iniciativas de legalización de la marihuana podrían llevar a EE.UU. a retirarse de los tratados internacionales antidrogas de 1961, 1971, y 1988 que «comprometen a EE.UU. a castigar y hasta criminalizar actividad relacionada con el uso recreativo de la marihuana».
El informe destaca que el Gobierno de Obama ha señalado que los tratados le facultan a los firmantes «flexibilidad y discrecionalidad» a la hora de perseguir e implementar políticas relacionadas con la marihuana. Sin embargo, los autores del informe, Wells Bennett y John Walsh, consideran que «el argumento tiene sentido en el corto plazo, basado en esperar y ver lo que sucede, pero rápidamente se tornará poco convincente e insostenible si el proceso de legalización se expande y tiene éxito».
«La estrategia de esperar y ver, bajo estas circunstancias, se verá muy bien si la legalización de la marihuana sale realmente mal. Pero si la legalización avanza de manera inteligente y rigurosa —si 10, 15, 20 Estados aprueban y ponen en funcionamiento regímenes responsables para la regulación de la marihuana— estaremos aplicando la Ley de Sustancias Controladas cada vez menos en jurisdicciones que han regulado los mercados legales de marihuana», explica Bennett, «y eso creará una cada vez mayor tensión entre nuestros compromisos para eliminar la marihuana».
Si bien a nivel federal no hubo cambios en cuanto a la regulación de la marihuana u otra droga, lo cierto es que un memorando del Procurador General Adjunto James M. Cole fijó un rumbo de colisión entre la legislación doméstica y los tratados internacionales, al manifestar que no será una prioridad del Gobierno federal la persecución de consumidores, vendedores o productores de marihuana en Estados donde hay una estricta regulación de ese mercado.
«El memo hasta permite la posibilidad de que un régimen legal robusto ‘pueda abordar positivamente’ las prioridades federales, mediante, por ejemplo, el reemplazo de un comercio ilegal de marihuana que financia empresas criminales por un mercado estrictamente regulado cuya recaudación sea correctamente registrada y fiscalizada», dice el informe.
Mientras el Gobierno federal busca compatibilizar los cambios en las legislaciones estatales sobre drogas con sus propias leyes federales y los tratados internacionales, en la capital del país y en tres Estados más se votarán para aliviar las restricciones sobre la marihuana en noviembre. En Oregon y Alaska hay iniciativas que promueven la legalización total —como sucedió en Colorado y Washington en 2012—; en Florida se pondrá a votación la legalización de la marihuana para uso medicinal, mientras que en D.C. se contempla legalizar la tenencia pero no la venta.
