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EnglishEl pasado viernes 16 de enero el Fiscal General de Estados Unidos, Eric H. Holder Jr., prohibió a las policías locales y estatales el uso de una ley Federal para apoderarse de dinero en efectivo, automóviles u otros bienes de personas, si no cuentan con una orden judicial.
Desde 2008, miles de agencias policiales locales y estatales han realizado más de 55.000 incautaciones de dinero en efectivo y bienes, valorados en US$3 mil millones, en el marco de un programa de decomiso civil del Departamento de Justicia, llamado Equitable Sharing.
Si bien las incautaciones sin órdenes judiciales son una práctica extendida desde el inicio de la guerra contra las drogas, hace décadas, el programa Federal facilitaba a la policía local y estatal hacer incautaciones y luego «adoptarlas» —tomar posesión de las mismas. Permitió a los departamentos de policía y grupos de trabajo antidrogas mantener hasta el 80% de sus ingresos con confiscaciones; el resto iba a las agencias federales.
«Con esta nueva política, con efecto inmediato, el Departamento de Justicia está dando un paso importante para prohibir las adopciones de las agencias federales de confiscaciones estatales y locales, excepto por razones de seguridad pública», dijo Holder en un comunicado.
La decisión del fiscal permite excepciones, entre ellas la confiscación de armas de fuego ilegales, municiones, explosivos y bienes relacionados con la pornografía infantil. Esto eliminaría prácticamente todas las incautaciones de dinero en efectivo y de vehículos, realizadas por la policía local y estatal y enmarcadas en el programa.
La decisión se produce tras una investigación del Washington Post. publicada en septiembre de 2014, donde se encontró que, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la policía ha realizado decomisos de dinero en efectivo por casi $2,5 mil millones, de automovilistas y otros individuos, sin presentar órdenes de cateo ni acusaciones.
Washington Post reveló que las policías locales y estatales se aprovechaban de las infracciones de tránsito cometidas por conductores, menores de edad e inmigrantes, quienes. al verse presionados, aceptaban las confiscaciones sin orden judicial, apoderándose los funcionarios de grandes cantidades de dinero en efectivo sin pruebas de irregularidades.
El cambio de política sucede mientras en el Congreso se estudia una propuesta de reforma de las leyes de decomiso civil y sorprendió a quienes denunciaban que estas acciones ilegales socavaban los valores estadounidenses fundamentales, como los derechos de propiedad y el debido proceso.
Fuente: Washington Post.
