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El primer ministro canadiense, Stephen Harper, introdujo el viernes 30 de enero la Ley Antiterrorista 2015, que ampliaría los poderes del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS). En la normativa, se autoriza a los tribunales para retirar contenidos en línea e incrementa el poderes de la policía para llevar a cabo detenciones. El proyecto de ley se origina luego de los dos ataques terroristas que tuvieron lugar en 2014.
«El terrorismo yihadista es uno de los enemigos más peligrosos que nuestro planeta ha enfrentado», exclamó Harper, en un evento en el suburbio de Richmond Hill, en Toronto.
«Ellos (los terroristas) tratan de causar daños aquí en Canadá, en nuestras ciudades y en nuestros barrios, a través de actos horribles, como conducir deliberadamente un coche contra un hombre indefenso o disparar a un soldado en la espalda mientras se encuentra de guardia en el Monumento Nacional a los Caídos en Guerra», señaló en referencia las a dos muertes el pasado otoño.
La nueva ley le otorgaría a los tribunales el poder de remover contenidos en línea que puedan considerarse «propaganda terrorista» de sitios web que usen proveedores de servicios de internet canadienses; extiende de tres a siete días el lapso en el que las autoridades pueden retener a un sospechoso de terrorismo; relaja los requisitos necesarios para evitar que sospechosos de terrorismo aborden un avión; y facultaría a los departamentos del Gobierno la autoridad para compartir información personal sensible, incluyendo las solicitudes de pasaportes, o información comercial confidencial, entre agencias de vigilancia.
«No podemos tolerar más a esto de la misma manera que toleramos a las personas que hacen bromas acerca de amenazas de bomba en los aeropuertos», dijo Harper. «Cualquier persona que participe en ese tipo de actividad se enfrentará al rigor de la ley».
Grupos de defensa de derechos civiles han expresado su preocupación por la nueva medida antiterrorista. Micheal Vonn, director de políticas de la Asociación de Libertades Civiles de British Columbia, afirmó que la nueva legislación no solo podría afectar potencialmente a canadienses inocentes, sino que también podría»imponer una amplia restricción al discurso político legítimo sin mejorar la seguridad pública, y es probable que sea inconstitucional».
«Las nuevas leyes y nuevos poderes no garantizan necesariamente la seguridad, pero que pueden garantizar un alejamiento de la libertad democrática», dijo Sukanya Pillay, directora de Asociación de Libertades Civiles canadienses.
Se espera que el proyecto de ley sea aprobado, dado que los conservadores son mayoría en el Parlamento.
Fuentes: International Business Times, BBC.
